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Nueva Constitución, misma ciudad

Como cualquier otra constitución, ésta incluirá una parte garantista y la estructura formal del gobierno, pero también reflejará “los valores y aspiraciones del pueblo”.
El DF disponía ya de los derechos más amplios de la República, pero seguramente se crearán algunos más. Se habla ya de dos nuevos derechos políticos: el de votar a los 16 años y el de revocación de mandato. A ellos se agrega el de que “las niñas, niños, adolescentes y jóvenes podrán participar en consultas para la toma de decisiones públicas”. ¿Importan estos derechos a los capitalinos?

Se discute también la transformación de las delegaciones en estructuras político-administrativas con mayores facultades y autonomía. No serán municipios porque no podrán cobrar el impuesto predial, apropiárselo y administrarlo. Lo que ocurrirá es que la burocracia y los gastos asociados a ella crecerán porque las delegaciones convertidas en alcaldías podrán subdividirse para ser más que las actuales 16 y cada una contará con una especie de cabildo. Los nombramientos se harán sin la intervención de las autoridades federales. Ahora podrá decidir el monto de endeudamiento como cualquier otro estado y participar en las reformas a la CPEUM. El proyecto contiene innovaciones importantes como la proporcionalidad exacta en la traducción de votos en escaños y mecanismos para ampliar la participación ciudadana mediante la constitución de listas de representación proporcional de candidatos sin partido. Propone también reforzar la independencia de los órganos autónomos, la creación de la Defensoría del Pueblo y la de un Tribunal Constitucional.

Dudo mucho que estas innovaciones ayuden a mejorar los principales problemas identificados por los ciudadanos como la seguridad o la vialidad. La pregunta central es ¿qué hará la nueva constitución para concretar “las aspiraciones del pueblo”?

Poco o nada porque las constituciones no sirven para eso, para hacer realidad la mayoría de esas aspiraciones que tienen que ver más con lo que nos afecta en la vida cotidiana que con los derechos políticos o con la organización interna de los poderes y la administración.

¿De verdad podemos creer que, como dice la exposición de motivos de la Iniciativa con Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, la autodeterminación de la ciudad mejorará en algo “el reconocimiento de la diversidad y la pluriculturalidad, el respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social de derechos, la construcción de ciudadanía, el diálogo social, la promoción de una cultura de paz y no violencia, el fomento al desarrollo económico sostenible y solidario con visión metropolitana, la distribución equitativa del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la igualdad sustantiva y la no discriminación, la preservación del medio ambiente y el patrimonio cultural, así como la función social de la ciudad?

¿De verdad creemos que porque la nueva Constitución diga que “la función pública debe regirse por el ejercicio ético, racional y bajo estricto control administrativo de los recursos y con participación ciudadana” y que “se prohíben las prácticas clientelares o corporativas para la prestación o gestión de los servicios públicos y programas sociales” estos principios se harán realidad? ¿Cómo lograr esto cuando el proyecto propone una suerte de institucionalización de los informales que son la base de las clientelas políticas?

La Ciudad de México ha tenido un crecimiento desenfrenado y caótico. La calidad de vida es un desastre en términos de vivienda, no se han atendido adecuadamente los problemas de drenaje, agua, basura, vialidad, transporte público, educación, seguridad y calidad del aire, los asentamientos irregulares siguen creciendo, la destrucción de áreas verdes y del patrimonio arquitectónico va en aumento y la vida política de la ciudad se rige más que ninguna otra por redes clientelares.
Es cierto que no se pierde mucho con hacer una nueva Constitución, pero lo relevante es ¿qué se gana en términos de nuestra vida cotidiana?

Toda la energía social, los recursos económicos y el capital humano que se pondrá a disposición de la Asamblea Constituyente podría haber tenido mejor destino: esquemas judiciales para mejorar el acceso a la justicia, diseños policiacos para tener mayor seguridad, proyectos urbanísticos que no atiendan a los intereses de las sociedades inmobiliarias en contubernio con las autoridades, un plan sustentable de consumo de agua, reglamentos claros y apropiados para los cambios del uso de suelo, ordenamiento de las normas para la vivienda de interés social. Nada de esto se logra con una Constitución.

Publicado por Excélsior
21-09-2016