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Partidos, independientes y buen gobierno

Seis meses cumplió en el ejercicio del poder el primer candidato sin partido en llegar a una gubernatura. Aunque las expectativas que levantó eran mayores que las de cualquier otro gobernador electo en 2015, no ha sido ni mejor ni peor que el resto de los mandatarios. El gobierno de Jaime Rodríguez El Bronco ha estado sujeto a y gobierna con las mismas presiones de los poderes fácticos que los gobernadores partidistas.

Se ha enfrentado a los mismos problemas estructurales, como una hacienda pública que no alcanza a cubrir las necesidades de gasto. A las mismas condiciones que impiden una mayor inversión. A los asuntos de la vida diaria que son motivo de descontento y protesta social. A la debilidad de las instituciones de procuración, administración e impartición de justicia.

Nuevo León crece por debajo de la media nacional, ha reducido su productividad y es el 7º estado con mayor deuda pública. Del lado positivo, es el segundo estado con más empleos formales, está por debajo de la media nacional en pobreza alimentaria, es una de las entidades con menor informalidad y la inversión extranjera directa como porcentaje de la producción se ha mantenido al nivel de la media nacional (México ¿Cómo Vamos?, Semáforos Estatales). También hay que reconocer el fuerte recorte al gasto en propaganda gubernamental.

No se pueden exigir transformaciones de fondo en tan sólo seis meses, pero sí se le puede hacer responsable de conductas que, finalmente, no se han apartado de la forma tradicional de ejercer el poder a las que estamos acostumbrados de parte de los gobiernos partidistas, que están en sus manos y que podrían hacer la diferencia. Ellas explican la decepción o la desaparición de entusiasmo de un cambio producto de que El Bronco no llegaba con compromisos partidistas ni tenía que ceñirse a ellos.

Su gestión no se ha distinguido por políticas públicas novedosas. El combate a la corrupción, comenzando por la investigación de su antecesor, no existe o no se ha publicitado, a pesar de los fuertes señalamientos que al respecto se hicieron en campaña. Las promesas (populistas) de campaña, como aquella de que cualquier ciudadano, derechohabiente o no, sería atendido por las instituciones de salud pública, nunca se materializaron. Lo mismo ocurrió con la oferta de que duplicaría el sueldo a los maestros, la de desaparecer la tenencia vehicular o la de la gratuidad del transporte público. Está claro que ser gobernante en nada se parece a ser candidato.

Tampoco se ha distinguido por la estabilidad en su equipo de gobierno, y no precisamente porque el gobernador haya despedido a los funcionarios por incapaces o corruptos sino, más bien, por deserciones. A seis meses de gobierno, ha sufrido diez renuncias de mandos medios o superiores. Desde la directora de Administración y Finanzas del DIF estatal, pasando por el secretario del Trabajo, el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, la subsecretaria de Energía, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana y hasta llegar al jefe de la Oficina Ejecutiva del gobernador, quien previamente había sido director del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León.

Otros integrantes de alto nivel del gabinete, como el procurador de Justicia o el fiscal Anticorrupción, han sido denunciados por presuntos actos de corrupción. El primero incluso fichado y con expediente abierto en Las Vegas por intentar pagar deudas de juego con cheques sin fondos. El segundo, por presunto fraude contra un particular. Cabe la posibilidad de que sean inocentes de los delitos que se les atribuyen, pero no hay visos, como prometió El Bronco, de tolerancia cero. Si no un despido, hubiese sido de esperar la orden de investigaciones independientes y la separación del cargo mientras éstas transcurren. A ello se agregan el conflicto de intereses de su secretario de Desarrollo Económico y del coordinador ejecutivo de la Administración Pública del Estado, en el caso de la empresa coreana Kia Motors.

Finalmente, El Bronco, como cualquier otro gobernador, mira a su futuro político y ha demostrado, con creces, que le importa más su posicionamiento hacia 2018 que cualquier otra cosa.
Conclusión: el mejor o peor desempeño de un gobernante no depende de la afiliación partidaria o de la ausencia de ella. Fox, el primer Presidente de oposición en llegar al poder, decepcionó muy pronto. Los gobiernos perredistas de la capital que comenzaron a gobernar después de décadas de hegemonía priista y que llevan en el poder casi 20 años, también han desilusionado por mimetizarse con las formas del “viejo” PRI: clientelismo, corrupción, discrecionalidad y abuso de poder.

Nuestra experiencia es que, al llegar al poder, los gobernantes se igualan. La variable partidista/no partidista no parece ser relevante, no es indicador de buen gobierno y tampoco de probidad en el ejercicio del poder. ¿Cuál es, entonces, la respuesta? Ya que gobernantes tiene que haber, dos son las palancas para el buen o para el mejor gobierno: los contrapesos institucionales y la exigencia, participación y vigilancia ciudadanas. No hay vuelta de hoja.

Publicado por Excélsior
13-04-2016