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    Autor: Juan E. Pardinas

    Juan E. Pardinas

    Juan E. Pardinas | @JEPardinas

    Confiar en la palabra de un@ candidat@ a un cargo de elección popular es un acto de fe que implica un alto nivel de riesgo. Eso precisamente hicimos la Coparmex, el IMCO y Transparencia Mexicana. La confianza construye mejores cosas que la desconfianza. Las tres organizaciones presentamos once compromisos contra la corrupción a las y los aspirantes a gobernar Coahuila, el Estado de México y Nayarit. Las competencias electorales sin propuestas, ni ideas, son un desperdicio enorme de tiempo aire y dinero público. Los 11 compromisos buscan ser una polea para elevar el nivel del debate.

    Nuestra epidemia viral de corrupción no se va a terminar con un par de mandatarios locales metidos en la cárcel. Es fundamental combatir la impunidad, pero también transformar esos ecosistemas de la transa, conocidos comúnmente como gobiernos estatales. Por ejemplo, si se quieren escarbar las irregularidades cometidas en las compras públicas de la administración del ex gobernador de Chihuahua César Duarte, es necesario revisar toneladas de papeles y facturas. En la era de Google muchas entidades siguen usando la tecnología egipcia del pergamino para guardar los registros de sus procesos de adquisición. La transición del papel a las bases de datos legibles por computadora facilitarían los trabajos de auditoría, la gestión del gobierno y la vigilancia ciudadana. De ganar la elección, l@s candidat@s firmantes se comprometerán a poner fin al uso de archivos en papel y tener todos sus sistemas de compra digitalizados para el 1o. de julio de 2018.

    Los candidatos que firmen los compromisos y obtengan un triunfo electoral deberán tener sus declaraciones completas y de su gabinete en la plataforma 3 de 3 para el 1o. de noviembre de 2017. Hasta el momento, gracias a la presión ciudadana, hay ya 27 gobernadores en funciones y 13 gabinetes que han presentado su 3 de 3.

    En tiempos de Javier Duarte, uno de los cochupos que hicieron naufragar las finanzas de Veracruz fue el retraso de meses, semestres y años en el pago de proveedores. Empresas, chicas y grandes, que cumplían con la entrega de un bien o servicio sufrían los retrasos de Javidú y el cártel de Jalapa con el pago que les correspondía. Del lado del sector privado también se cuecen habas. Algunas empresas de construcción daban por concluidas obras que aún tenían la varilla expuesta y el cemento a medio mezclar.

    Si se cumplen los compromisos, los futuros gobiernos deberán publicar dos listas al cierre de cada año fiscal y al final de sus administraciones: un inventario de obras inconclusas, con detalles sobre los montos erogados, los porcentajes de avance, adeudos y proyecciones financieras para concluir la obra. La segunda lista es un registro de pasivos con proveedores. Este listado deberá incluir: si el bien o servicio fue entregado en los términos establecidos en el contrato, el nombre y cargo del funcionario que recibió el bien o servicio concluido. De ser el caso, también se debe agregar información sobre el motivo por el que no fue pagado el finiquito y el monto del pasivo pendiente de pago. Para evitar duplicidades y reducir el uso electoral de programas sociales se pide la creación de un padrón único de beneficiarios de apoyos financiados con dinero público.

    En una democracia moderna, las cámaras empresariales y las organizaciones de sociedad civil no tendrían que estar impulsando estos compromisos en las campañas electorales. En un sistema político donde la reputación personal importara un poco más, no habría tantas dudas y susceptibilidades sobre la sincera voluntad de cumplimiento de l@s candidat@s. Si la treceava economía del planeta tuviera mejores gobiernos, estos compromisos contra la corrupción no serían innovaciones, serían una lista de obviedades.

    Publicado por Reforma
    21-05-2017

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