Colaboración

El descontento social no terminará mientras no se frene la corrupción y la impunidad

descontento-social
Al Presidente de la República
Secretario de Hacienda
Secretario de Economía
Secretaria de Función Pública
Procurador General de la República
A la Opinión Pública
La incertidumbre y un creciente descontento social han marcado el inicio del año. Esta situación, que está llegando a un punto insostenible, es derivada de años de mala planeación, corrupción, impunidad e inacción de las altas esferas de poder.
Las políticas económicas instrumentadas por el gobierno federal son cuestionadas por la población porque resulta incongruente que se pida asumir las consecuencias de las alzas del combustible, cuando la clase política lucra con sus cargos a través de sobornos, mantiene privilegios o los aumenta con aguinaldos estratosféricos, bonos extraordinarios, viajes, seguros privados, mayores recursos a los partidos, y un enriquecimiento ilícito de los gobernadores, siguiendo la lógica de sólo hacer un uso y abuso del poder para fines privados.
El anuncio de la liberación de los precios de gasolina no vino acompañada con un programa de austeridad en la burocracia. Tampoco de un programa de contención ante las acciones anunciadas por Donald Trump previo a su llegada a la presidencia de Estados Unidos, y cuyos efectos ya se comienzan a sentir con la cancelación de inversiones. La inacción del gobierno federal resulta abrumadora.
A estas situaciones se suma que los abusos y la corrupción que aquejan al país y se gestan en altas esferas del poder no son castigadas. Por el contrario, las autoridades encargadas de impartir justicia se convierten en cómplices al no darle seguimiento oportuno y olvidar o alargar convenientemente los casos de los exgobernadores en investigación.
Ante tal escenario, los firmantes consideramos que sí se puede hacer algo más y pedimos al gobierno se comprometa a las siguientes acciones:
A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

  1. Implementar una política severa de contención a los privilegios económicos de la administración pública federal, y una convocatoria pública del Ejecutivo Federal para que se adhieran a esta política los otros dos Poderes de la Unión, los Órganos de Autonomía Constitucional, las entidades federativas y municipios.
  2. Ampliar el acceso a la información, pero sobretodo, la integridad en el ejercicio del gasto público, especialmente el que se realiza a través de concesiones, permisos, contratación de deuda, así como mediante adquisiciones de bienes, servicios y obra pública.
  3. Reasignar las prestaciones de gasolina de altos funcionarios hacia actividades prioritarias como servicios públicos, traslados médicos y de seguridad pública.

A la Secretaría de Economía:

  1. Proponer un plan de contención ante la posibilidad que se vayan más inversiones del país, o se deje invertir en México.

A la Secretaría de la Función Pública:

  1. Asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de regalos o cortesías independientemente del nivel o rango, y revisar a profundidad las políticas para evitar todo tipo de conflicto de interés.

A la Procuraduría General de la República:

  1. Solicitar a las autoridades brasileñas, suizas y estadounidenses información puntual que permita sancionar inmediatamente en México a los servidores públicos y particulares que participaron directa o indirectamente en las operaciones en las que Odebrecht y sus subsidiarias reconocen haber pagado por al menos 10.5 millones de dólares para la obtención de contratos de obra pública en México, presuntamente relacionados con PEMEX.
  2. Investigar y sancionar a los dueños de las gasolineras y franquicias que despachan gasolina robada de PEMEX.
  3. Asumir la responsabilidad de la investigación en torno al robo de combustibles e informar periódicamente sobre sus avances para contener inmediatamente este delito que ha crecido generando pérdidas por más de 50 millones de dólares diarios, a través de más de 3,500 tomas clandestinas en ductos de PEMEX.

México ya no puede seguir secuestrado por la corrupción, pública y privada. Las autoridades tienen que dar respuestas inmediatas a los ciudadanos para hacerle frente a la corrupción, fortalecer el Estado de Derecho e informar de forma transparente y puntual a la sociedad.
Suscriben
Asociaciones Civiles, Organizaciones y Agrupaciones
Acción Estratégica y Formación Integral de los Derechos Humanos; Agrupación Ecológica SEPAMICH; Alternativas y Capacidades; Alzando Voces Laguna; Asociación Ambientalista Guerreros Verdes; Asociación de Club de Ajedrez de Michoacán; Asociación de empresarios de Ciénega de Chapala; Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán; Asociación de profesionales inmobiliarios; Asociación Médica de Zamora; Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción delegación Michoacán; Asociación Michoacana de Distribuidores de Automóviles; Cámara de Comercio de Uruapan; Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias; Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Morelia, Sahuayo y Uruapan; Cámara Nacional de la Industria Maderera, Michoacán; Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, Michoacán; Cámara Nacional de Transporte de pasajeros, Delegación Michoacán; Canacintra Gómez Palacios y Torreón; Causa en Común; Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez"; Centro de Derechos Humanos Victoria Diez; Círculo Cultural Melchor Ocampo; Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos; Colectiva Ciudad y Género; Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia; Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico de Morelia; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Componente Ciudadano de la Mesa de Seguridad y Justicia de Torreón; Comunicación para el Desarrollo de Michoacán; Consejo Cívico Nuevo León; Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán; Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán; Consejo Mexicano del Consejo Exterior, Delegación Michoacán; Convivencia sin Violencia; Coparmex Laguna, Zamora, Jacona y Tangancícuaro; DHP; Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas; Fomento Económico de la Laguna; FreedomHouse México; Fundación Ciudadana para el Desarrollo de Michoacán; Fundación para la Calidad y la Competitividad; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana, A.C; Iluminemos México; Información y Participación Ciudadana; Iniciativa Ciudadana; Iniciativa Sinaloa; Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Instituto Mexicano para la Competitividad; Laguneros Unidos de Corazón; Mesa de Seguridad y Justicia de Apatzingan, Lázaro Cárdenas, Zamora y Morelia; Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad; Mexicanos Primero; Mexicanos Primero Michoacán; México Evalúa; México Unido Contra la Delincuencia; Mujeres y Punto; Ni Una Más Yucatán; Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México; Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio Yucatán; Observatorio Nacional Ciudadano; Observatorio Regional Zamora; Opciona; Participación Ciudadana 29; Paz Revolución; Plan B para el Desarrollo; Proeducación; Puebla Vigila; Renacer Lagunero; Ruta Cívica; Sociedad en Movimiento; The Hunger Project México; Unión Empresarial de Productores de Mezcal Michoacano; Unión Nacional de Escuelas Particulares; Unión Social de Empresarios de México delegación Michoacán; Universidad Interglobal; Ve por Sinaloa; Y quién habla por mí.
Personas
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