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Prioridades de la Reforma

En breve estaremos inmersos en el debate sobre la reforma energética. Como van las cosas, millones de mexicanos participarán en el debate pero sin entender el fondo del debate. Muchas de estas personas son víctimas de la demagogia de López Obrador y sus simpatizantes. Están convencidas de que el propósito de la reforma es privatizar a Pemex y facilitar el saqueo de la fortuna petrolera por extranjeros. Su papel durante el debate será salir a las calles a protestar con el fin de crear un ambiente político crispado que cause que la reforma se vuelva a posponer. Gritarán mucho y serán muy visibles pero aportarán poco a la discusión.

Otros, más enterados y menos manipulables, pesarán más durante el debate. La mayoría de estas personas quieren una reforma significativa que introduzca cambios significativos. Algunos piensan que la reforma debe ser para fortalecer a Pemex pero sin cambiar su esencia paraestatal. Otros insisten que la reforma debe crear condiciones que mejoren la eficiencia y los rendimientos económicos de Pemex. Muchos de los que piensan esto creen que para que esto se logre es indispensable convertir a Pemex en una empresa mercantil, cotizada en bolsa, que opere independientemente del Estado. Para estas personas, el modelo a seguir es Petrobras.

Algunas de las propuestas que se discuten me gustan más que otras, pero eso es lo de menos. Lo que importa es considerar cuáles son las principales prioridades económicas del País y cuál paquete de reformas es la que mejor satisface estas necesidades.

En mi opinión, la reforma energética debe cumplir tres objetivos: primero, debe permitir maximizar el valor presente de la renta petrolera, propiedad de los mexicanos. Este objetivo es la principal obligación fiduciaria que los legisladores deben cumplir al considerar la reforma y está alineada con una de las principales prioridades económicas del País: fortalecer las finanzas públicas del País. Segundo, debe fortalecer la competitividad de CFE y del sector privado liberando la importación, producción y transporte de gas natural a todas las regiones del País; tercero, debe crear condiciones para que la compra-venta de combustibles y petroquímicos sea con base en reglas de un mercado abierto en competencia.

Como se verá a continuación, cada uno de estos objetivos tiene implicaciones específicas que deben incorporarse a la propuesta de reforma del Ejecutivo.

El valor de la renta petrolera sólo se puede maximizar abriendo la exploración y producción petrolera a empresas que tengan las capacidades técnicas y administrativas requeridas para acelerar el ritmo de producción sin sacrificar la tasa de recuperación de los yacimientos. Suena fácil, pero no lo es.

Para lograr este objetivo, el Estado tiene que considerar cambios que permitan complementar las capacidades técnicas de Pemex con las de un conjunto de empresas internacionales que operarían en el País bajo la coordinación y supervisión de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Energía. Para que estos cambios funcionen adecuadamente, se deben hacer muchos cambios; el diablo está en los detalles. Pero no partimos de cero. El modelo a seguir es el diseño regulatorio del sector energético de Noruega.

El segundo objetivo debe ser aprovechar la innovación tecnológica que ha transformado el mercado de gas natural en los dos países vecinos. Para ello es necesario liberalizar la importación de gas natural de EU y acelerar la construcción de una gran red de ductos para transportar el recurso a todo el País. Construir esta red implica enfrentar múltiples retos de planeación, financiamiento y construcción. Ya se inició la construcción de la red de gasoductos, pero queda mucho más por hacer, incluyendo resolver el papel de Pemex en la ampliación y operación de estas redes.

El tercer objetivo requiere que se introduzca mucho más competencia en los procesos de refinación, distribución y comercialización de petrolíferos de todo tipo. Una de las principales debilidades económicas del País es la excesiva dependencia de la economía de la proveeduría de Pemex de estos insumos.

Los principales problemas de eficiencia y corrupción de Pemex están en sus unidades de refinación y distribución. Para que esto cambie, urge abrir estas funciones de la empresa paraestatal a la competencia. Si esto no sucede, los consumidores seguirán comprando combustibles adulterados y pagando los costos de una empresa ineficiente que refina productos de baja calidad.

La economía de México es relativamente intensiva en energía. Por ello, la reforma energética debe ser un hito que marque el inicio de una nueva etapa de modernización y crecimiento. Para que esto suceda, es indispensable evitar entrar en debates falsos sobre la soberanía del País y la grandeza de Pemex. La reforma energética debe generar condiciones que permitan que la economía crezca velozmente sobre bases sostenibles. Para ello necesitamos una discusión seria.

Roberto Newell G. es Economista y Vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Las opiniones en esta columna son personales.