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Propuesta demagógica

Curiosa y demagógica la petición del PAN y del PRD de que el gobierno federal intervenga en la selección de candidatos para evitar que integrantes del narco se les cuelen a sus listas. Metidos en gastos, los partidos también podrían pedirle a la PGR que checara si los candidatos a gobernador tienen tendencias cleptómanas.

La solidez y buen funcionamiento de una institución requiere de métodos rigurosos para reclutar a sus integrantes, procesos continuos de entrenamiento o capacitación y buenas técnicas de monitoreo para asegurarse de que cada quien cumpla con la función para la que fue reclutado. Velar porque se sigan estos pasos es responsabilidad de las instituciones, o sea, de sus cabezas. Si el reclutamiento, la capacitación o el cumplimiento de las tareas falla, se activan medidas correctivas que van desde la amonestación hasta la expulsión. Las funciones están repartidas y las responsabilidades también, pero siempre al interior de las propias instituciones. Comienzan en escalones inferiores, pero es ineludible que lleguen a la cabeza.

Lo que no ocurre es que una institución o una empresa transfiera la culpa o quiera trasladar la responsabilidad de sus procesos de reclutamiento, monitoreo y comportamiento a otra.
Los Legionarios de Cristo reclutaron a jóvenes que eran o se volvieron pederastas. No supieron monitorearlos y detectar las conductas inapropiadas y delictivas que llevaban a cabo. Cuando lo descubrieron no hicieron nada o, peor aún, intentaron taparlo. ¿De quién fue la culpa? La cadena de mando era larga, pero al fin tocó al líder de la congregación y hasta al propio jefe de la Iglesia por encubrimiento. Lo que nunca pasó es que los Legionarios le echaran la culpa de esos crímenes a otra congregación o pidieran que, en adelante, fuera la más alta jerarquía de la Iglesia la que checara que sus reclutas no tenían tendencias a la pederastia. Por desgracia, el delito sigue encubriéndose y el castigo sin llegar.

Lo mismo pasa con otro tipo de organizaciones: los partidos o las policías. Dos de las funciones más importantes de los partidos son reclutar afiliados y postular militantes para los cargos de elección popular. La tarea le corresponde a las diferentes estructuras de los partidos. Supondría uno que, siendo una de sus principales labores, la desempeñarían con gran celo y profesionalismo. Si la selección falló y en lugar de un servidor público en potencia se reclutó a unnarcoservidor, el responsable es el partido: el comité local, estatal, distrital o nacional. Cada uno de éstos tiene una persona al mando, así que las responsabilidades están bien establecidas.

Al PAN, al PRI y al PRD se les han colado (o han colocado) narcocandidatos ynarcofuncionarios en puestos municipales, locales y federales por años. No se trata del último caso el de la chapodiputada o el del exalcalde de Iguala José Luis Abarca. Ahí estuvo también Jesús Reyna, exgobernador de Michoacán.
Pero seamos realistas y concedamos que alguien en la cadena de mando se puede equivocar. ¿Cuál es el siguiente paso? El mando superior asume y explica el error, sanciona al responsable de la selección, expulsa de sus filas al narcoservidor y, sobre todo, hace todo lo que esté a su alcance para poner en manos de las autoridades al presunto delincuente. Lo que no es razonable es decir que la organización no tiene la capacidad para llevar a cabo el reclutamiento ni de monitorear el comportamiento de sus militantes que llegan al poder y exigir que otros lo hagan por él.

No se trata únicamente de querer limpiarse las culpas o de que la petición viola el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho al resguardo de datos personales. La propuesta es demagógica porque los partidos no quieren que los gobiernos intervengan en sus asuntos internos. Imagínese por un momento que la PGR le dice al PAN que no postule a fulanito, aunque vaya en primer lugar de las preferencias, porque se sospecha que tiene ligas con el narco. La reacción inmediata la conocemos: el gobierno está interviniendo en la vida interna del PAN para beneficiar a sus propios candidatos.

La primera vez que se denunció públicamente que la diputada local Lucero Sánchez visitó a El Chapo en El Altiplano fue en julio de 2015. El PAN no hizo nada: ni investigó quién la había postulado ni la expulsó de sus filas ni dio vista a la procuraduría del estado. Se cruzó de brazos hasta seis meses después que estalló el escándalo. Lo mismo sucedió en el PRD con Julio César Godoy o en el PRI con Jesús Reyna, cuyos vínculos con el narco fueron conocidos mucho antes de que los partidos actuaran.

Y qué pasa con los policías que levantaron y desaparecieron a cinco muchachos en Tierra Blanca. Aquí hay —debiera haber—  responsables. El primero de ellos, el jefe de la Policía de Veracruz, que sigue campante en su puesto. Si el jefe de la policía no supo reclutar, capacitar y monitorear, debiera ser relevado de su cargo. Si se mantiene en el puesto, la responsabilidad pasa al siguiente eslabón: el gobernador.

Publicado por Excélsior
10-02-2016