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¿Qué conseguimos con la reforma política del Distrito Federal?

El discurso sobre la reforma política del Distrito Federal se ha visto constantemente acompañado de la palabra “urgente”. Es “urgente” darles a los habitantes del Distrito Federal derechos plenos, es “urgente” que las autoridades locales tengan autonomía de los poderes federales. Un adjetivo curioso para modificaciones que son más de orden administrativo y que por sí solas difícilmente se verán reflejadas en cambios para los habitantes del DF. Existen urgencias en la Ciudad, pero uno pensaría que están relacionadas con las inundaciones que dejan ver constantemente la fragilidad de nuestro sistema de drenaje, la existencia de colonias sin agua, el desorden en la planeación territorial ola corrupción en usos de suelo que amenaza la sustentabilidad de la Ciudad. Por esto y por otros problemas que enfrentamos a diario, sorprende que nuestros gobernantes estén tan concentrados en un asunto principalmente político.

¿Qué logra la reforma política? La respuesta no queda tan clara. De entrada, el cambio se reflejaría en una mayor autonomía para el Distrito Federal y la capacidad de crear su propia constitución. Uno de los aspectos más evidentes es el aumento de los ingresos de la entidad: el Distrito Federal sería responsable de determinar su techo de endeudamiento y recibiría por ley un Fondo de Capitalidad sin necesidad de negociarlo en el Congreso. Además recibiría recursos adicionales de la Federación, por ejemplo, 31 mil millones de pesos para financiar la educación básica[1]. Este cambio de facultades y aumento de recursos ¿se traduciría en un mejor sistema de educación para sus habitantes? ¿Mejoraría el sistema de drenaje o de transporte público?¿Llevaría agua a Iztapalapa? Lo cierto es que, sin mecanismos de ejecución eficaz del gasto público y rendición de cuentas, no, y estos no están considerados en la propuesta actual de reforma política.

Quizá esta es una de las debilidades más importantes de la propuesta de reforma política: hace poco por mejorar los problemas actuales de la gestión de la Ciudad. Al paso de los años, el Distrito Federal ha ido adquiriendo mayor autonomía de la Federación, a tal grado que actualmente son pocas sus limitaciones. Hoy en día recibe prácticamente las mismas transferencias federales que el resto de las entidades[2]. Además, es responsable de aspectos clave como el ordenamiento del territorio, servicios públicos, cobro del predial, entre otros. Con el arreglo actual, el Distrito Federal ha logrado acciones remarcables como el crecimiento de la red del Metrobús o el rescate del Centro Histórico. Pero también ha sido incapaz de atender problemas que llevan décadas de existencia. Quizá el fracaso más reciente es el del Línea 12 con irregularidades que no dejan de aflorar. El Distrito Federal es, de acuerdo con cifras del INEGI[3], la segunda entidad con mayor percepción de corrupción en México lo que pone en duda el beneficio de recibir recursos adicionales. Más que una reforma política, lo que necesitamos es un mejor mecanismo de licitaciones y de auditoría para asegurarnos de la calidad en las obras y programas del gobierno. También necesitamos dar certeza jurídica a los negocios y al uso de suelo de esta Ciudad y modernizar la red de servicios públicos. Lo cierto es que muchos de estos problemas requieren voluntad política para mejorar y aplicar la legislación local, y no cambios constitucionales.

Existe un punto de la reforma política del Distrito Federal a rescatar: la propuesta de crear un Consejo de Desarrollo Metropolitano que incorpore al Distrito Federal y los municipios del Estado de México e Hidalgo pertenecientes a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Si se ejecuta adecuadamente tiene el potencial de mejorar la gestión de la Ciudad. En el IMCO, creemos que uno de los principales retos de las ciudades mexicanas es la ausencia de figuras de planeación metropolitana que superen los límites municipales y hagan una planeación integral de una ciudad. La figura municipal hace tiempo que dejó de ser relevante para la realidad urbana del país. Si este Consejo propuesto es sólo consultivo, entonces simplemente estaremos inflando nuestra burocracia. Por el contrario, si tenemos un órgano capaz de planear y ejecutar proyectos que involucren a toda la ZMVM, además de estar profesionalizado y con mecanismos de selección que lo blinden de interferencias políticas, entonces nos estaremos acercando a un modelo de gestión más acorde con las necesidades de los habitantes de la Ciudad de México.

La reforma política que propone el Senado podrá tener algunas virtudes, pero no atiende los asuntos más urgentes de la Ciudad de México y corre el riesgo de replicar los modelos de organización política que han fracasado en el resto del país. Los habitantes de la Ciudad de México no necesitamos tanto una constitución o mayores facultades a nuestros dirigentes como necesitamos mejores servicios públicos, mayor seguridad o mejor planeación urbana. Hay que traer al debate la instauración de mecanismos de gestión que estén acordes a la realidad de nuestra ciudad, como lo serían los organismos metropolitanos. De cualquier manera, ante la insistencia de nuestras autoridades de aprobar la reforma política, hay que exigirles explicaciones de cómo va a lograr los cambios que la Ciudad sí necesita. Los ciudadanos nos merecemos respuestas a estas preguntas.

[1] Actualmente el presupuesto de educación básica en el Distrito Federal es administrado por la Federación, pero si el Distrito Federal se convirtiera en estado, recibiría los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, al igual que el resto de los estados.
[2] El Distrito Federal no recibe transferencias del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y las Delegaciones.
[3]INEGI (2013) Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental.
Publicado por Animal Político
29-09-2014