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¿Qué sigue?

Fox tuvo el acierto de escuchar el reclamo social por la transparencia y se construyeron el andamiaje jurídico, las instituciones y las capacidades para la consolidación del derecho a acceder a la información pública. Pero tanto Fox como Calderón desdeñaron el problema de la corrupción. Ni combatieron la corrupción de administraciones anteriores ni se deslindaron del ejercicio corrupto del poder. Más bien lo que ocurrió fue la “democratización de la corrupción”. El botín de los recursos del Estado se repartió entre todas las formaciones políticas de manera proporcional a sus cotos de poder. Todos ganaron y México perdió.

Aunque después de 15 años queda claro que las alternancias no son la solución al problema de la corrupción, ningún gobernante puede ignorar que ésta es un factor determinante en sus niveles de aceptación, en la permanencia de sus partidos en el poder y en la falta de legitimidad de la democracia. Tampoco pueden ignorar sus costos económicos y sociales.

La reacción por parte de partidos y autoridades ha sido, por decir lo menos, tibia. Después de los votos de castigo que antedatan las elecciones de 2016, de la baja popularidad del Presidente y la mayoría de la clase política, del “mal humor social”, del aumento en la percepción de la corrupción y la impunidad, todos se han cruzado de brazos.

Los promocionales, las promesas y los discursos anticorrupción en voz de cualquiera de ellos suenan huecos a la luz de sus conductas, pero no queda más remedio que seguir presionándolos y darles, una vez más, el beneficio de la duda.
Lo que no puede pasar es que gobierno, partidos, legisladores y gobernadores se queden administrando el status quo.

Para el Presidente, gobernadores y líderes de los partidos, la agenda debería estar clara.
Peña Nieto no ha dado señal alguna de que por casa se empieza y vaya que hay tela de dónde cortar: remoción o al menos investigación y denuncia de los suyos, inhabilitación de funcionarios conforme a lo que marca la ley, apadrinamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), estricta vigilancia del gasto público, autonomía de facto –mientras llega la de jure– a los diversos órganos de control, respuesta a los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación, nombramiento del fiscal anti-corrupción, exigencia de rendición de cuentas a los gobernadores de su partido. Nada.

Los gobernadores han seguido llenando sus bolsillos de dinero; les ha entrado la vocación empresarial y han sido más que exitosos en la tarea de hacer rentables sus negocios en plazos que nunca soñarían los inversionistas privados salvo que estén en contubernio con ellos; han endeudado a sus estados con triquiñuelas legales; han destinado de manera ilegal miles de millones de pesos para apoyar a los candidatos a sucederlos. En la medida de sus posibilidades, los alcaldes muestran el mismo comportamiento.

Los legisladores no fueron capaces de dictaminar y aprobar a tiempo las leyes para dar vida a la reforma constitucional anticorrupción. Más de un partido –especialmente el PRI– debe haberse arrepentido ante los resultados electorales. Ninguno tiene excusa. La composición del Senado da para que la coalición PRI-PVEM o la conformada por PAN-PRD-PT hubiesen aprobado las siete leyes fundamentales que componen el SNA.

El lunes abrió el periodo extraordinario para dictaminarlas y aprobarlas. Las coincidencias sobrepasan las diferencias. En los documentos que se discuten están incorporadas las propuestas de todas las fracciones e incluyen la mayor parte de los planteamientos de la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades conocida como ley 3de3 respaldada por 630 mil firmas de la ciudadanía.

Difícilmente se hará realidad la idea de que los servidores públicos tengan que hacer públicas sus declaraciones patrimoniales aunque sí una versión de ellas. La discusión gira en torno a hacer compatibles los derechos a la privacidad y la protección de datos personales con el derecho a la información y al principio de máxima publicidad. En caso de que sólo fuese pública una versión “testada”, pero pasara el resto del marco normativo estaríamos frente a un triunfo legal y la posibilidad de provocar un círculo virtuoso en el que se promueva la prevención, denuncia, investigación, debido proceso y, en su caso, sanción a los servidores públicos y particulares que incurran en actos de corrupción. Tendríamos eso que hace tiempo se exige: la articulación de una política de Estado anticorrupción. Digo triunfo legal porque de la norma a la práctica hay un trecho que México no ha sabido saltar.

No hay excusa para la dilación. No podemos quedarnos satisfechos con el voto de castigo, la alternancia y las promesas. Tampoco con el encarcelamiento de uno o dos gobernadores corruptos.

Publicado por Excélsior
15-06-2016