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Quién dice que no se puede

La monumental deuda pública (36 mil millones de pesos) contratada por Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila que llegó al límite de falsificar el Diario Oficial, prendió los focos rojos en el ámbito mediático. De poco han servido.

Tres de los gobernadores salientes aprendieron cómo endeudar a sus estados a pocos meses de dejar el cargo. ¿Por qué lo hacen? Se lo dejo a su imaginación.
Como bien dice la Red por la Rendición de Cuentas, la deuda es la anticipación de los ingresos futuros y, al igual que en el caso de las finanzas personales, cuando se pide un crédito lo que se privilegia es el consumo presente a cambio de sacrificar el consumo en el futuro. “En muchas ocasiones contraer deuda está plenamente justificado porque se espera que el uso de los recursos de la deuda presente genere rendimientos suficientes para pagarla el día de mañana. Pero no toda deuda… es igual. No es lo mismo adquirir deuda para financiar proyectos de corto plazo o incluso para el gasto corriente, que para financiar obras productivas o sociales pensadas a largo plazo”.

La Constitución ya preveía que los estados no pudieran contratar deuda pública más que para “inversiones públicas productivas”, pero su crecimiento sin freno llevó a que en marzo de este año se aprobara la Ley de Disciplina Financiera.
Aun así los gobernadores, siempre voraces, encontraron formas de clasificar los ingresos como NO DEUDA a través de mecanismos de dudosa legalidad. Fue el caso de Puebla, que cambió la ley para permitir al gobierno celebrar fideicomisos como el que utilizó para hipotecar el impuesto de 3% sobre la nómina.
Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua han recurrido a métodos parecidos. En los tres estados, curiosamente, el gobernador saliente dejará su sitio a uno de distinta filiación política. ¡Que pague el de atrás!

No es fácil enfrentar a los gobernadores en sus maniobras, pero a veces se logra. El Despacho de Investigación y Litigio Estratégico (DILE) —brazo jurídico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad— logró a través de un amparo una suspensión provisional que paraliza la autorización del Congreso de Chihuahua para contratar nueva deuda por parte del saliente gobierno de César Duarte. El abogado de DILE, Jesús Soledad, argumentó que esta autorización es inconstitucional: el artículo 117 prohíbe a los estados contratar financiamiento los últimos tres meses de gobierno.

Con esta acción se logró suspender el decreto del 6 de julio de 2016 a través del cual el Congreso de Chihuahua autorizó la bursatilización de recursos —es decir, la adquisición de más deuda pública— de la empresa de participación estatal Fibra Estatal Chihuahua para obtener financiamiento hasta por seis mil millones de pesos al comprometer ingresos de cuotas carreteras futuros.

El triunfo no es menor. Al admitir la demanda presentada por DILE, el juez Primero de Distrito en Chihuahua le reconoció interés legítimo para pedir la suspensión y ordenó al Congreso y al gobernador que “no se efectúe la contratación de financiamientos, incluyendo la emisión de valores en los que participe Fibra Estatal Chihuahua, S. A. de C.V, de forma directa o indirecta y/o cualquier otra figura similar o análoga (los ‘financiamientos de la monetización’)”. No se puede cantar victoria aun en un caso tan evidente como éste en el que no se cumplió la condición de no contratar deuda tres meses antes de dejar el gobierno, pero con suerte el juez decretará la suspensión definitiva. Si fuera el caso, se podrá decir que gracias al amparo los chihuahuenses tendrán una deuda menor sobre sus espaldas.

Claro, al gobierno de Chihuahua le queda la posibilidad de argumentar que los recursos afectados al fideicomiso no son deuda. Ésa es la siguiente batalla, a pesar de que no hay duda de que la bursatilización de créditos alojados en fideicomisos son deuda (Reporte sobre el Sistema Financiero, Banxico 2007, p17).

La otra esperanza viene del sistema bancario. Una nota de Reuters refiere que los bancos están frenando préstamos a gobiernos de estados muy endeudados, que en varios casos son dirigidos por políticos acusados de corrupción, en un intento por evitar los vicios que llevaron hace dos décadas a que el sector colapsara. La misma nota señala que cuatro entidades —Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y Nuevo León— contrataron casi la mitad de la deuda de todos los estados del país entre 2010 y 2015. En ese periodo, el total de deuda de los estados se disparó 70 por ciento (a 536 mil 269 mdp).

Por un lado o por el otro, la lucha contra la corrupción dará resultados.

Publicado por Excélsior
03-08-2016