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¿Quién le teme al 3de3?

"Los hospitales del estado no tenían ni medicinas, ni sondas para el suero de los enfermos. En las cárceles los presos eran alimentados con la comida que les traían sus familiares o amigos. Los presos que no tienen parientes sobreviven de la caridad, comiendo una o dos veces al día. Además, tenemos quincenas atrasadas con el personal que trabaja en las prisiones, los policías y los maestros". Este recuento no es la historia financiera de un país africano al final de una guerra civil, sino de un estado mexicano arrasado por una crisis de corrupción. Estas postales de la devastación financiera me las obsequió un funcionario tabasqueño que vivió de cerca la transición entre el gobierno saliente de Andrés Granier y el entrante de Arturo Núñez. El priista Granier es una excepción dentro de la regla de impunidad del sistema político mexicano: un ex gobernador que fue acusado y sentenciado por desvío de fondos. Durante su sexenio, Granier cumplió la máxima del Peje, que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. La desmesura versallesca de un personaje como Granier no es algo que se resuelva simplemente con el castigo penal de los inculpados. Como la devastación provocada por un desastre natural, el daño sobre las instituciones del estado implica una reconstrucción lenta y con recursos limitados.

El huracán de la corrupción siguió su paso hacia el norte del Golfo. Veracruz es otra entidad del país donde la cleptocracia y la impunidad han dejado como saldo un Estado fallido. Si la tragedia de los 43 de Ayotzinapa nos desnudó la dimensión criminal de la corrupción de las policías municipales, el caso de Tierra Blanca elevó la crisis al siguiente nivel de gobierno. Ya no fue la policía de un municipio, sino la policía estatal, la fuerza pública bajo el mando directo del gobernador quien fungió como brazo operativo del crimen organizado. En tiempos de la revolución francesa, la gente salió a protestar por falta de pan para comer. "Que coman pastel", fue la respuesta de la reina María Antonieta. Cuestionado por la crisis de inseguridad de su estado, el gobernador Duarte respondió que el problema del crimen se reducía al "robo de frutsis y gansitos". En marzo pasado, el empresario José Carlos Hernández llevó el ataúd de su hijo a una de las plazas principales de Xalapa. El joven de 16 años fue asesinado cuando trató de salvar a su padre y a su hermano menor de ser secuestrados.

La Auditoría Superior de la Federación sostiene que en Veracruz se ejerció ilegalmente uno de cada tres pesos transferidos por la federación en 2014. Los rubros más afectados fueron la salud, la educación y la seguridad pública. Es absurdo que se asuma la iniciativa de Mando Único Policial como un avance, cuando varias policías estatales están bajo el mando de gobernadores como Duarte o Granier. La corrupción es la mayor amenaza al Estado mexicano. Los problemas de inseguridad serán irresolubles si no ponemos freno a esta desfiguración de la autoridad.

El Senado de la República tiene en sus manos el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), donde la Ley 3de3 representa uno de sus pilares más importantes. El PAN y el PRD, con el apoyo técnico de un grupo de ciudadanos, han forjado una serie de iniciativas que pueden transformar el andamiaje jurídico que fomenta la impunidad. Esta semana el presidente Peña Nieto dio un viraje importante en su estrategia para enfrentar el desafío a las drogas. El SNA es también una oportunidad histórica para romper con las inercias del pasado y transformar así los estigmas e instituciones de nuestra República. La continuidad implica riesgos enormes. ¿Quién le teme al cambio?

Publicado por Reforma
24-04-2016