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¿Quién le teme al SNA?

El Sistema Nacional Anticorrupción produce miedo. La semana pasada el Comité de Participación Ciudadana envió una terna para elegir al Secretario Técnico del SNA. El ST es el servidor público de mayor rango dentro del SNA, su chamba implica coordinar el trabajo de organizaciones tan disímbolas como la PGR, la Judicatura Federal, el INAI y la Auditoría Superior de la Federación. Al poco tiempo que se presentó la terna, una tormenta artificial de tweets buscó envenenar el ánimo de las redes sociales en contra del proceso de designación. Las cuentas anónimas en la plataforma del pájaro azul pedían desechar la terna y volver a empezar de cero. ¿Quién pagó esa campaña que buscaba retrasar la puesta en marcha del SNA?

Para conformar el trío de nombres se llevó a cabo un riguroso y transparente método de selección. El Comité de Participación Ciudadana propuso a Max Kaiser, Alejandra Rascón y Ricardo Salgado para conformar la terna. Cualquiera de estas tres personas tenía sobrados méritos para ocupar el cargo. Sin embargo, el nombramiento recayó en Ricardo Salgado, un abogado con excelentes referencias y probada experiencia de servicio público en el INAI y el Ifetel.

Con la designación del Secretario Técnico, a la Secretaría de Hacienda se le acabaron los pretextos para no entregar recursos y apoyo al Comité de Participación Ciudadana (CPC). Desde su nombramiento a fines de enero, los cinco integrantes del CPC han dependido del apoyo de instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para tener acceso a espacios donde se puedan reunir. El gobierno federal ni siquiera facilitó un espacio de oficinas para su operación básica. Ahora que pasen las elecciones estatales y el gobierno federal deje de ser la oficina de programas sociales del PRI, alguien en Los Pinos se debería de acordar de que hay un mandato constitucional para que entre en operación el SNA. No se requiere dinero para crear un nuevo elefante blanco, pero sí recursos básicos para un funcionamiento austero. Con los recursos que se gastan en publicidad Sedesol y la Presidencia de la República en un semestre debería alcanzar para varios años de operación del CPC.

Hay quien piensa, equivocadamente, que el SNA no puede operar sin la designación del Fiscal Anticorrupción. Ya se nombró a un Secretario Técnico sin que hubiera un FA. La PGR se ha movido para capturar a Javier Duarte y emitir una orden de aprehensión contra su homólogo cleptócrata Roberto Borge. Ambas acciones ocurrieron sin que el Senado nombrara un fiscal especializado en perseguir a exgobernadores del PRI. La discusión más importante no es la designación del FA sino la transición entre la PGR y la Fiscalía General de la República. Esta nueva fiscalía transformará al Ministerio Público federal en un Cuarto Poder con capacidad de persecución penal. Bajo su cargo y autoridad quedarán tanto la Fiscalía Anticorrupción como la FEPADE, el órgano encargado de investigar delitos electorales. En gobiernos del PRI y el PAN, la PGR ha sido una diligente gestora de impunidades. No basta la autonomía constitucional y el cambio de siglas para transformar su arraigada cultura institucional y los usos y costumbres profesionales de sus ministerios públicos. El combate a la corrupción no requiere de un zar, sino de una fiscalía que sirva. Un diseño institucional correcto a nivel federal servirá como acicate y mapa de ruta para los cambios a nivel estatal. Por esa razón el Senado debe abrir el debate sobre la reforma al Artículo 102 de la Constitución. ¿Quién le tiene miedo a una #FiscalíaQueSirva?

Lector: si llegaste hasta el final del texto, mereces una disculpa. Los acrónimos y las siglas institucionales son dos de los peores enemigos de la buena prosa. Pido perdón por un texto demasiado cargado de estos rivales de la palabra y el estilo.

Publicado por Reforma
04-06-2017