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Quijotes

En la Ciudad de México, el sistema de partidos políticos es un sistema interconectado de fosas sépticas. En el PRD, los escándalos de corrupción parecen como un sólido escalafón para el impulso de las carreras políticas. Mauricio Toledo, ex delegado de Coyoacán, fue grabado y denunciado por extorsionar desarrolladores inmobiliarios. Lo estético y razonable sería pensar que un escándalo de ocho columnas implicaría la sepultura de las aspiraciones políticas del señor Toledo. Todo lo contrario. De su funcional negocio de extorsión regulatoria, el ex delegado de Coyoacán pasó a ocupar una curul en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.

El perredista Jesús Valencia también convirtió un escándalo de corrupción en un afortunado trampolín político. Una noche de diciembre de 2014, el entonces delegado de Iztapalapa chocó una camioneta propiedad de la empresa Amexire. Esta compañía había recibido contratos por cerca de 50 millones de pesos por parte del gobierno delegacional. La generosidad del contratista no le significó un obstáculo a las aspiraciones políticas del delegado. Hoy es diputado federal e integrante de la Comisión de Presupuesto.

En el PAN, también se cuecen habas. En diciembre de 2015, la empresa AsDeporte denunció que Luis Vizcaíno, funcionario de la delegación Benito Juárez, había solicitado 90 mil pesos en efectivo para permitir que se pudiera llevar a cabo una carrera deportiva. El PAN tuvo una oportunidad de oro para deslindarse del escándalo. Sin embargo, su respuesta fue tibia y convencional: no hubo sanciones, ni consecuencias. Por su parte, el PRI chilango tiene entre sus próceres a Cuauhtémoc Gutiérrez cuya militancia no se ha mancillado, ni después de una acusación pública por trata de personas. Adrián Rubalcava, ex delegado de Cuajimalpa, tenía en la nómina delegacional a un grupo de golpeadores, hoy es integrante de la Asamblea Legislativa del DF.

Con estos modelos de partidos políticos en el ex Distrito Federal, la capital de la República parece el invernadero perfecto para explorar la ruta de las candidaturas independientes. El Congreso Constituyente de la Ciudad de México se antojaba como una oportunidad para explorar alternativas de participación política, pero las barreras burocráticas contra los candidatos ciudadanos parecen un obstáculo infranqueable. Para ser aspirante independiente a la Asamblea Constituyente se requiere obtener 73,792 firmas. Como sostiene Maite Azuela, esto equivale a obtener los autógrafos del público de siete funciones llenas del Auditorio Nacional en menos de un mes. Esto no lo logra ni el ídolo Juan Gabriel. Se requieren más firmas para ser candidato independiente a redactar la Constitución que votos para ser delegado. Los actuales jefes delegacionales de 14 demarcaciones ganaron su cargo en las elecciones del año pasado con menos de 70 mil votos.

El INE "flexibilizó" los criterios para los ciudadanos sin partido que aspiran a integrar la Asamblea Constituyente. Ahora podrán recabar firmas por medio de pseudo-herramientas tecnológicas: se requiere firmar una hoja de papel con una leyenda, escanearla y enviar el documento por correo electrónico. Para pagar impuestos, el portal del SAT ofrece verdadera tecnología de punta y un complejo sistema de identidad personal conocida como FIEL o firma electrónica. Sin embargo, para una candidatura independiente o una iniciativa ciudadana, como la Ley 3 de 3, se tiene la obligación de usar papel, tinta y firma autógrafa. Ojalá que el ejercicio de nuestros derechos tuviera las mismas facilidades que el cumplimiento de nuestras obligaciones. Los partidos políticos no quieren ceder el monopolio de la representación y la participación política. Un poco de competencia les ayudaría a mejorar los perfiles de reclutamiento e incentivos de ascenso profesional entre sus cuadros. El mayor éxito de los Quijotes independientes será salvar al sistema de partidos de su tolerancia a la corrupción y la mediocridad.

Publicado por Reforma
13-03-2016