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Recuento de daños

*Las opiniones expresadas en esta columna son personales.

Fue un acto de testosterona y soberbia. Un capricho de Estado, mal disfrazado de deliberación colectiva. La decisión de cancelar la construcción del NAIM en Texcoco tendrá efectos directos de corto plazo y otros indirectos, que sólo serán visibles al paso del tiempo. La lista de los perdedores por este despliegue de voluntarismo es un inventario de millones de afectados. En los siguientes párrafos va un recuento incompleto y preliminar.

Perdieron las más de 240 mil personas que viven en el municipio de Texcoco. De acuerdo con los resultados oficiales de la consulta, analizados por Sebastián Garrido, más del 55% de los votos emitidos en ese municipio de Edomex sufragaron a favor de continuar el proyecto del NAIM. Los habitantes de Texcoco querían que ese gigantesco proyecto de infraestructura fuera su vecino. También se perdieron 46 mil empleos, directos e indirectos, que dejarán de existir a partir del primero de diciembre.

Perdieron los cuatro millones de mexicanos que viven del sector turístico. Para un artesano en Comitán o un mesero de Huatulco, una parte de sus ingresos proviene del turismo que llega en avión, después de una escala en la Ciudad de México. Estos polos turísticos dependen de la conectividad y tráfico aéreo del principal aeropuerto del país. Expertos en aeronavegación afirman que los estudios de viabilidad de Santa Lucía tardarán entre 5 y 10 años (Reforma, 01-XI-2018).

Perdimos los contribuyentes que pagamos impuestos. En una estimación conservadora, la cancelación del NAIM implicará una carga de 120 mil millones de pesos al erario público, sólo para cubrir créditos, bonos y penalizaciones por incumplimiento de contratos. El costo estimado de la cancelación del NAIM equivale a casi dos meses de la recaudación total de IVA en México (2017). Durante enero y febrero del 2018, todo el IVA que se pague en el país servirá para pagar el tezontle, el concreto, el acero y la varilla de ese monumento global a la obra inconclusa. Este cálculo, no considera los costos de habilitar una nueva red de aeropuertos en la periferia distante de la CDMX, simplemente cubre las consecuencias financieras de la decisión que se tomó el lunes pasado. Esta semana Javier Jiménez Espriú, el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, reconoció que no existen estudios de impacto ambiental sobre la reconversión de la base militar de Santa Lucía en un aeropuerto civil que atienda a millones de pasajeros al año. Al no existir estos estudios, es imposible hacer una cuantificación de las obras y los costos de remediación ambiental.

El documento de la empresa francesa Navblue que se presentó para justificar la opción de Santa Lucía afirma textualmente que se requieren estudios adicionales de conectividad, experiencia de pasajeros y tecnología de navegación del tráfico aéreo. Cualquier estimación de los costos de habilitación de Santa Lucía es meramente una hipótesis guajira hasta no tener estos análisis completos.

También perdió el gobierno de la Cuarta Transformación en su disponibilidad de dinero del presupuesto para impulsar su agenda de cambio. Con esos recursos se hubiera podido cubrir el presupuesto completo de la UNAM por más de tres años o el costo completo del aumento a las pensiones de adultos mayores durante 2019. Las cifras del plan de austeridad del nuevo gobierno empalidecen ante la carga presupuestal del "error de octubre". Miles de burócratas y empleados de confianza perderán su empleo para generar ahorros que permitan sufragar los costos de la decisión más absurda tomada por un presidente mexicano en varias generaciones.

Este es un breve recuento de daños. Falta todavía cuantificar los impactos macroeconómicos. Durante varias décadas la economía mexicana ha tenido un crecimiento mediocre, ojalá y no llegue el día que miremos con nostalgia las tasas del 2%. Perdió el sentido común. Perdieron las discusiones públicas basadas en datos duros y evidencia. Perdimos todos.

Publicado por Reforma
04-11-2018