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Reformas definitivas

La reforma energética que acabaron por aprobar las legislaturas estatales es un hito en la historia nacional. Si bien la izquierda recalcitrante continúa en la insistencia de una consulta popular y la noción de que esta reforma puede echarse para atrás, la realidad es que el cambio constitucional es el cimiento con el cual se puede construir un México en donde la energía no sea sujeta al arbitrio y capricho del modelo agotado de los monopolios estatales.

Dicho esto, no existe reforma definitiva. Tenemos una tendencia a pensar que las reformas (laboral, fiscal, energética, política) son la panacea para resolver todos los males de la nación. Nada más lejos de la realidad. Las reformas sientan la base jurídica para un mejor funcionamiento de nuestra sociedad. Si otras instituciones en la sociedad distintas de las jurídicas prevalecen, no hay cambios significativos.

Esperábamos mucho de la reforma laboral y en realidad, poco cambió en nuestros mercados laborales. Confieso que esperaba más de esa reforma, y calculaba mayores tasas de participación laboral a partir de la misma, así como una formalización de muchas relaciones laborales. En realidad, ocurrió al revés: la economía informal creció en la mayor parte de las ciudades.

Probablemente necesitábamos reformar el 123 constitucional, demoliendo la ficción entre trabajadores estatales y privados, entre despidos justificados y no, y cambiando esta noción del trabajo como concepto sagrado e inalienable que obliga al estado a crear un tribunal (la junta de conciliación y arbitraje) que determine si procede la reinstalación del trabajador o no. Probablemente deberíamos haber reformado con firmeza a los sindicatos, metiéndolos al aro de la transparencia y la rendición de cuentas.

Quizás la reforma laboral más importante es la de seguridad social; en la medida en que el IMSS represente un costo alto y un beneficio magro para las empresas, estaremos gravando las relaciones laborales formales en demasía y seguiremos generando un engrosamiento de la informalidad. En realidad, un país como México tiene que revisar su marco jurídico constantemente.

No podemos creer que como llegamos a las reformas estructurales, hemos llegado a un estado impoluto, etéreo y perfecto desde el cual es imposible que logremos ninguna mejora incremental en nuestras leyes. En el caso fiscal, la reforma energética aprobada debería darle algunos grados de libertad a la autoridad exactora para pensar en un esquema impositivo que no solamente recaude sino que incentive el crecimiento.

En el caso político, la dificultad para llegar a acuerdos debería hacer mucho más urgente una reducción en el tamaño de nuestro congreso y tomar seriamente la reelección para transferir el poder a los votantes y quitárselo a los presidentes de los partidos. En el caso energético, tendremos que estar revisando los contratos y esquemas que funcionaron y los que no, y como hay utilidades inusuales involucradas en ese negocio, será perentorio tener un esquema que asegure la transparencia en la asignación de licencias, contratos y demás modalidades de participación privada.

La mejora de nuestra sociedad a través de nuestras leyes tiene que ser un proceso continuo, no uno de estira y afloja.

*Director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Publicado por Capital de México (18-12-2013)