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Regresión autoritaria

México enfrenta la amenaza de una regresión autoritaria. Mientras el gobierno y el PRI devastan a las instituciones que obstaculizan su estrategia electoral, Andrés Manuel López Obrador mira y comenta los resultados de la Serie Mundial. Mientras se socava la autoridad del árbitro electoral y se decapita a los órganos de procuración de justicia, el Peje disfruta de unas vacaciones beisboleras.

En el embate contra el Instituto Nacional Electoral, el PRI ha encontrado a un aliado útil en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Superior del TEPJF está conformada por siete magistrad@s. Conviene recordar sus nombres y apellidos porque con frecuencia la prensa sólo reporta las decisiones colectivas del Tribunal, sin individualizar las responsabilidades y votos de sus integrantes: Janine Otálora Malassis es su presidenta y los demás integrantes son: Felipe Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales, Felipe de la Mata, Reyes Rodríguez Mondragón, Mónica Soto Fregoso y José Luis Vargas. Si en 2018 la gobernabilidad de los comicios se torna imposible y el conflicto postelectoral se convierte en un incendio, habrá que recordar los nombres y sentencias de estos personajes. Es justo colocar al magistrado Reyes Rodríguez en una olla distinta, al ser sistemáticamente el voto disidente en las sentencias del Tribunal. Los otros seis magistrados destacan por socavar sistemáticamente las decisiones del INE.

En septiembre pasado el INE aprobó una serie de criterios para frenar la entrega de programas sociales en actos masivos y limitar la compra de propaganda gubernamental durante el proceso electoral. El objetivo de la medida era evitar que funcionarios públicos usaran los recursos del erario para la autopromoción de su persona o sus partidos. Después del reparto de tarjetas de "salario rosa" por el PRI en el Estado de México y Coahuila, el INE prohibió el uso de estas dádivas populistas a los votantes.

Con una mayoría de seis a uno, el TEPJF derrumbó los lineamientos del INE que buscaban impedir que la maquinaria de gobiernos federales y estatales se convierta en una tómbola de regalos para beneficiar a sus candidatos preferidos. Esta predecible movilización de recursos públicos y clientelas generará una percepción de inequidad y mayor tensión política conforme se acerque el próximo 1o. de julio.

No recuerdo una sola campaña electoral en que AMLO haya aceptado su derrota. Cuando los saldos de las urnas no le favorecen, su estrategia por default es argumentar que hubo trampa. En una democracia sin demócratas, lo más racional sería cuidar el prestigio y la reputación del árbitro electoral. Sin embargo, las sentencias del TEPJF están acomodando leña seca sobre la hoguera. El INE tiene la obligación legal de acatar y ejecutar las sentencias del Tribunal, por lo cual le toca cargar con el desprestigio y la mala prensa de dichas sentencias. Con la bendición de los magistrados, México avanza hacia la elección presidencial más inequitativa en cuatro sexenios. Después de décadas y esfuerzos, nuestro país construyó un sistema electoral que ofrecía certidumbre y confianza en los resultados electorales. En el 2018, ese edificio se puede venir abajo.

Para abonar a la desconfianza, hay que sumar la desaseada salida de Santiago Nieto de la FEPADE. La autoridad encargada de armar varias de las acusaciones contra Roberto Borge, Javier y César Duarte ha quedado acéfala. Santiago Nieto ha pasado de ser ministerio público a presunto indiciado. Los delincuentes electorales pueden dormir tranquilos. Unos días de escándalo en la prensa, unas horas como trending topic en Twitter y todo quedará en el pasado. El miedo a la cárcel y la urgencia de asegurar la impunidad bien valen el ruido de otro escándalo.

Publicado por Reforma
29-10-2017
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