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Regresión a la incompetencia

El debate político en México está muy enfocado en las reformas que nos hacen falta. Poca luz y menos argumentos existen sobre los cambios legales que nos convendría frenar. La Cámara de Diputados tiene una iniciativa, ya aprobada por el Senado, que podría descarrilar la vida interna de la Comisión Federal de Competencia.

Hace apenas pocos años había un vocablo prohibido en nuestro debate público. La palabra “M” era una especie de verbo procaz. Los miembros del gabinete la vestían de eufemismos para evitar pronunciarla. Los candidatos la borraban de su diccionario. Los lectores de noticias le buscaban un sinónimo inofensivo. Sólo en la confianza de las sobremesas se escuchaba el uso del término con absoluta libertad. Hoy la palabra Monopolio no es un patrimonio exclusivo de los corresponsales extranjeros afincados en México. Esta transición lingüística, este cambio cultural, hubiera sido imposible sin los esfuerzos del órgano de gobierno encargado de promover la competencia económica. Si los diputados aprueban la minuta del Senado, la dinámica interna de la CFC corre el riesgo de convertirse en una kermés. La afectación rebasa el ámbito de una oficina de gobierno y perjudica la competitividad de todo el país. Sólo con hechos contundentes, México podrá cambiar la realidad y la percepción de que nuestra economía es un invernadero de monopolios.

Las decisiones más importantes de la CFC las toma un cuerpo colegiado integrado por cinco comisionados. Además, existe la oficina de la Secretaría Ejecutiva, que está a cargo de todos los procedimientos de investigación y análisis. Esta área clave se encarga de preparar los expedientes sobre los cuales los comisionados emitirán su voto. Este diseño implica una división de responsabilidades entre la preparación de la evidencia y la determinación de las resoluciones institucionales. Esta barrera previene que las opiniones de los funcionarios incidan sobre decisiones que deben estar basadas exclusivamente en su solidez técnica. Una vez que la Secretaría Ejecutiva culmina la investigación e integra el expediente, un Comisionado Ponente tiene la responsabilidad de presentar ante el pleno un proyecto de resolución. La Ley Federal de Competencia determina el orden en que cada comisionado podrá exponer un caso determinado.

Si la minuta en poder de los diputados se convierte en ley, se demolerá el muro que divide el trabajo de investigación de la toma de decisiones. El comisionado ponente quedaría encargado de hacer la investigación, conformar el expediente, presentarlo al pleno y votarlo. Para acomodar un caso a su criterio o interés, el comisionado ponente podría desechar evidencias que no llegarían a los ojos de sus colegas. La iniciativa aprobada por los senadores establece que “el secretario ejecutivo deberá integrar el expediente con la supervisión del comisionado ponente” (art. 24 bis). Para convertir a la CFC en una cena de caníbales, los legisladores aprobaron el siguiente precepto: “cualquier comisionado podrá solicitar la remoción… de cualquier otro funcionario de la comisión, cuando éstos no hubieran proporcionado el auxilio y colaboración debidos”. Este diseño institucional convertiría a la CFC en un ring de lucha libre. En comparación, los pleitos del IFAI parecerían un desacuerdo fraternal.

La aprobación de esta minuta representaría el primer fracaso flagrante del Pacto por México impulsado por el presidente Peña Nieto. Los compromisos 37 y 38 buscan fortalecer a la CFC y dar mayor certeza a los agentes económicos. Esta iniciativa debilita al órgano procompetencia y aumenta la incertidumbre para atraer inversiones al país.

La CFC ha avanzando gradualmente en su proceso de fortalecimiento institucional. Este despropósito implicaría una severa regresión para un organismo que ha tomado dos décadas en construir. ¿Quién se beneficia con debilitar la competencia económica en México? Esa pregunta tiene respuestas múltiples. ¿Quién se perjudica? Esa es más fácil de responder: tú y yo.

Twitter: @jepardinas