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¿Rehén o Congreso?

Gobernar es reformar. El líder político que no puede transformar nada es un simple velador de la continuidad. Se puede administrar el poder o tutelar un naufragio, pero el verdadero ejercicio de gobierno implica cambiar hábitos, incentivos e instituciones. Un país irreformable es una nación ingobernable.

Antes se pensaba que el prototipo de los poderes fácticos eran el monopolio telefónico o el duopolio de empresas de televisión. Dos poderes paralelos que mermaban las facultades regulatorias de la autoridad. Su capacidad extralegal de influencia se veía reflejada en puertas cerradas a la inversión y obstáculos para nuevos competidores. Sin embargo, en los últimos meses se aprobó una reforma de telecomunicaciones que implica un cambio importante del sector. Este nuevo marco legal e institucional permite avizorar mejores condiciones de oferta para los consumidores. El Pacto por México avanzó una reforma de telecomunicaciones que hubiera sido difícil de imaginar hace apenas un año. Ese fue un triunfo importante para el Estado mexicano.

Ahora, las instituciones de la República se enfrentan a un poder fáctico de apariencia indomable. Uno de los cuervos mejor alimentados del presupuesto público ha llegado a la Ciudad de México para sacarle los ojos a los Poderes Constitucionales. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación transformó al Congreso de la Unión en una asamblea peregrina. La solicitud de posada y el salto de mata se convirtieron en los puntos más importantes del orden del día. En esa fuga improvisada también huían el sistema de partidos y el voto de los ciudadanos que dio empleo a los legisladores. La imagen de un Congreso en éxodo, remite a un país con el territorio invadido por una potencia extranjera.

En este caso, el "masiosare extraño enemigo" es encarnado por el "magisterio democrático". La CNTE había tenido como ficha de negociación la interrupción del ciclo escolar en estados como Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Ahora, sus nuevos rehenes son la estabilidad política del país, la conectividad de nuestro principal aeropuerto y el derecho de libre tránsito en la capital.

En 2013, las transferencias federales para financiar la educación en el estado de Oaxaca superaron los 13 mil millones de pesos. Tú, yo y el resto los mexicanos apoquinamos 116 pesos al año para financiar el derecho a la educación de los niños oaxaqueños. El problema es que una sustantiva porción de esos dineros está controlada por la CNTE. Si te preguntas quién financia las movilizaciones y bloqueos, el responsable último está leyendo esta frase en este mismo instante. Los miembros de la CNTE tienen el uso y costumbre de extraer rentas del presupuesto educativo. Ellos perciben que su tajada está en riesgo.

Un estudio del doctor Marco Antonio Fernández, investigador de México Evalúa, demuestra que las entidades del país donde los maestros hacen más marchas y plantones reciben mayores transferencias educativas. Fernández sostiene que, por cada protesta adicional, las transferencias a los estados afectados aumentan en 17 pesos extras por alumno.

La reforma educativa tiene por principio integrar criterios de evaluación y meritocracia en la carrera profesional de los maestros. Los diputados decidieron retirar el dictamen de la Ley del Servicio Profesional Docente que representa el corazón de esta propuesta de cambio. Mientras no se transformen los incentivos y la cultura del magisterio, los presupuestos educativos dependerán más de un plantón en el Zócalo que de la calidad y las necesidades de las escuelas. Como sostiene Ricardo Raphael, esta propuesta de reforma legal puede ser mejorable, pero nunca archivable. Si la CNTE se impone en sus estrategias de extorsión colectiva, no sólo está en riesgo el futuro de la educación, sino la gobernabilidad misma del país. Los legisladores pueden convocar a un nuevo periodo extraordinario para aprobar esta ley y devolverle su dignidad a la institución que representan. ¿El Congreso es un rehén o un poder constitucional?

 

Twitter: @jepardinas