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Resabios corporativistas

La apertura de la economía causó que los sectores de bienes y servicios que estaban expuestos a la competencia de productos provenientes del exterior tuvieran que pasar por un doloroso proceso de ajuste a las nuevas condiciones económicas. Muchas empresas no tuvieron éxito en el tránsito a la nueva economía mexicana; otras lograron transformarse en entes totalmente diferentes, aptos para participar en la nueva economía del País.

Las empresas no fueron las únicas que resintieron los efectos de la apertura. Los proveedores de todo tipo de insumos también tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones, entre ellos los trabajadores y los sindicatos que los representaban.
La crisis económica y financiera de los noventa aceleró la transformación. La depreciación del peso y el alza de la tasa nominal de intereses se combinaron con los retos competitivos creados por la apertura, causando la extinción de miles de empresas y la destrucción de decenas de miles de empleos. Curiosamente, estas mismas condiciones aceleraron el desarrollo de empresas que estaban en condiciones para aprovechar oportunidades en otros mercados. La década de los noventa fue un periodo de transformación económica profunda. Al inicio del siglo veintiuno, nuestra economía ya era otra.

Pero la transformación no afectó en misma proporción a toda la economía. Algunas empresas proveedores de servicios (como los bancos, las empresas de telecomunicaciones, Pemex y CFE) quedaron exentas de la apertura económica. Igual sucedió con la mayoría de los sectores estrechamente vinculados al gobierno, incluyendo el sistema de seguridad pública y el sector educativo.

Consecuentemente, en estos sectores, donde los efectos competitivos de la apertura económica no se sintieron, la transformación económica ha sido mucho más lenta. En estos sectores persiste el viejo corporativismo priista, con todos sus costos y consecuencias asociados: niveles y condiciones de empleo totalmente divorciados de la realidad, productividad bajísima, calidad de servicios malísima, corrupción e impunidad en el manejo de los recursos, etc.

Los rincones donde persisten estas fórmulas son muy variados y cuestan mucho al País. En el sector energético hay problemas en las dos empresas del Estado. Las dos emplean muchas más personas que las que contrataría una empresa privada en las mismas circunstancias. Además, las dos pagan paquetes de compensación muy generosos y tienen un enorme pasivo laboral no-fondeado con empleados activos y jubilados.

Los gobiernos estatales y federal están en una circunstancia similar. El pasivo laboral más importante de la mayoría de estos entes está relacionado con el sector de educación pública, donde existen contratos laborales que generan compromisos de empleo y jubilación sumamente onerosos. Igual sucede con el IMSS y la mayoría de los esquemas de seguridad social para trabajadores al servicio del Estado.

El costo de pasivos contingentes es elevadísimo. Casi ninguna de estas obligaciones contractuales está fondeada. Consecuentemente, su costo consumirá una proporción creciente de los ingresos corrientes de los gobiernos del País, como vaya aumentando la proporción de trabajadores jubilados. Por ello, varios entes gubernamentales están deseosos de renegociar los contratos laborales de estas poblaciones de trabajadores. Un ejemplo emblemático de lo anterior es la negociación que está en curso en Pemex para redefinir las condiciones del plan de pensiones de sus trabajadores.

Aunque estos cambios reducirán el costo de los compromisos adquiridos, en la mayoría de los casos creará condiciones de empleo diferentes para poblaciones de trabajadores similares. Inevitablemente, esto creará tensión entre los diversos segmentos de población afectados por estos cambios y tentará a los líderes de los sindicatos a exigir que se igualen la compensación y el paquete de prestaciones de los trabajadores.

Los gobiernos y empresas del Estado confrontan un dilema. Si ceden ante las demandas de los trabajadores, aumentará la presión sobre las finanzas públicas hasta que eventualmente las condiciones económicas y financieras sean insostenibles. Y si logran negociar condiciones menos onerosas para los trabajadores de más reciente empleo, coexistirá una población de burócratas y empleados gubernamentales con condiciones contractuales mucho más generosas que los derechos conferidos a empleados de recién contratación. Esto indudablemente conducirá a conflictos políticos y laborales.

El costo de los resabios corporativistas no es exclusivamente económico.

Publicado por Reforma
03-03-2015