En el tema de la revocación están los que defienden eso de “el pueblo pone y el pueblo quita”, pero también los que ven riesgos por una remoción.

Si bien es positivo romper los candados que impiden la participación ciudadana, no hay que abrir la puerta a un mecanismo que pueda brincarse permanentemente a los representantes populares e instituciones del Estado.

La tercera edición del Informe Legislativo, elaborada por el IMCO, hace evidente que en los congresos de las entidades federativas existe una administración de recursos públicos deficiente y opaca.

Un Parlamento Abierto, con datos transparentes y accesibles, es el primer paso para restaurar la confianza de los ciudadanos en el Congreso.

A pesar de que aún persisten entidades con notas reprobatorias, la incidencia del IMCO en el cumplimiento y desglose de información presupuestal es palpable.

A pesar de la incidencia directa que tienen los poderes legislativos a nivel local en la vida de los ciudadanos, pocas veces son estudiados, monitoreados, llamados a rendir cuentas y a mejorar su desempeño.

El Congreso debe ser el primero en observar el mandato de las leyes. Pero solo se observa un incumplimiento permanente a sus obligaciones de transparencia y contabilidad gubernamental.