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Sabotaje legislativo

La tuvieron, era suya y la dejaron ir. Esta semana pudo haber sido un momento histórico en el Poder Legislativo. El Congreso de la Unión aprobó el cimiento jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Se aprobaron cambios auspiciosos que pueden traer transformaciones profundas. El SNA será presidido por un Comité Ciudadano, cuya integración tiene un buen nivel de blindaje de las cuotas partidistas. Por primera vez en la historia de México tendremos un tribunal especializado en materia de corrupción. La Auditoría Superior de la Federación podrá hacer investigaciones sobre faltas administrativas graves. Además la ASF podrá hacer trabajos de fiscalización mientras se ejerce el gasto y no sólo al cierre del año fiscal. El Poder Judicial que ha sido ajeno al debate de la corrupción, pero dista mucho de ser ajeno al problema, ahora tendrá que ser más transparente ante los ciudadanos y otros órganos del Estado mexicano. A deshoras y marchas forzadas, senadores y diputados aprobaron siete leyes con más de 600 artículos que representan un avance para México.

Sin embargo, en dos artículos de la Ley de Responsabilidades (29 y 32), los legisladores cometieron un acto de mezquindad y torpeza política. La malicia e ineptitud monumental terminaron por eclipsar todos los avances del SNA. La coalición PRI-Verde saboteó la posibilidad de que los formatos de las declaraciones patrimonial y de intereses, presentados en la página 3de3.mx, quedaran claramente establecidos en el cuerpo de la Ley. Hoy esos formatos ya son referente legal para las declaraciones de funcionarios de los gobiernos de Baja California Sur, San Luis Potosí y próximamente Jalisco.

En la segunda metida de pata, se podría suponer que los legisladores se fumaron una alta dosis del vegetal que quieren legalizar. Sin embargo, ni el desvelo excesivo, ni el consumo de psicotrópicos podrían explicar la redacción, el alcance y apoyo en la votación que recibió el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades. En este artículo se establece que las empresas, sus empleados y las personas que reciban dinero público tendrían que entregar sus declaraciones patrimonial y de intereses a los organismos del SNA. Una interpretación textual de este artículo podría inferir que más de 30 millones de mexicanos y decenas de miles de inversionistas extranjeros tendrían el goce de enfrentar un nuevo trámite burocrático. Según una nota de Reforma (18-06-2016), un puñado de senadores del PAN fueron los autores "intelectuales" de este despropósito, al cual se sumó la partidocracia en pleno. En la Cámara de Diputados existió la oportunidad para rectificar el yerro pero la aplanadora del PRI y el Tucán lo aprobó intacto y retorcido como se los envió el Senado.

Ahora, la inoperancia política del Legislativo le ha endosado una nueva papa caliente al presidente Peña Nieto. El Artículo 72 de la Constitución le da al Poder Ejecutivo la facultad de hacer un veto quirúrgico sobre los dos artículos controversiales, sin tocar ni desechar el resto de la Ley de Responsabilidades. Además del veto parcial, el Presidente tiene la opción de promulgar las siete leyes del SNA, pero después proponerle una enmienda al Congreso en estos dos artículos controversiales. El PAN y el PRD han afirmado que estos despropósitos se deben modificar. La Ley de Responsabilidades aún no se ha promulgado y ya la quieren cambiar.

El movimiento que impulsó la Ley 3 de 3 buscó mejorar el diseño legal de las instituciones que buscan combatir la corrupción. En este aspecto hubo avances importantes. Sin embargo, este esfuerzo cívico también aspiraba a mejorar la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado mexicano. Aquí las mayorías en el Senado y Diputados quemaron el puente que construyeron las firmas de 634 mil ciudadanos. En ese incendio también sabotearon el reconocimiento de sus propios logros legislativos.

Publicado por Reforma
19-06-2016