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SAGARPA

Probablemente ninguna Secretaría refleja tanto las incongruencias de la vida política actual del País como Sagarpa. La Secretaría es uno de los principales agentes del Gobierno para lograr la modernización integral del campo mexicano, promoviendo prácticas de producción agropecuaria más modernas y el aprovechamiento de los recursos naturales en la producción de materias primas y alimentos. Lamentablemente, es uno de los principales vehículos para la distribución de rentas a grupos clientelares de interés, en su mayoría estrechamente relacionados al PRI.

A más de 70 años de que Cárdenas iniciara la reforma agraria, México todavía está lejos de vencer la pobreza, que es mayoritariamente rural.

Históricamente, esta población de pobres ha sido la excusa que se ha usado para diseñar todo tipo de programas orientados a distribuir subsidios a los productores del campo. El efecto de estas políticas ha sido perpetuar una serie de prácticas de producción (especialización en granos de bajo valor agregado, uso inadecuado de tecnologías de producción, minifundismo, etc.) que son la causa de los niveles bajos de productividad agrícola que tenemos y que funcionan como perfectas trampas de pobreza.

Los nombramientos que haga el Presidente en esta Secretaría y en Sedesol reflejarán la prioridad que desea dar al combate a la pobreza estructural del campo. Si manda a alguien cercano a la CNC y a las demás organizaciones cercanas a la grey del PRI, la señal será que tiene la intención de mantener las relaciones del partido con los grupos de interés tradicionales del campo. Si este fuera el caso, la política de subsidios y apoyos a la producción agropecuaria se mantendrá sin hacer cambios transformacionales pero se intensificará la retórica justiciera del campo. En este caso, los principales instrumentos para lidiar con la pobreza serán los de Sedesol que, si bien sirven para atenuar muchas de sus peores consecuencias, poco sirven para elevar la productividad agrícola. En este caso, las políticas públicas seguirán la misma línea que se trazó cuando se inició la liberalización del mercado de productos agropecuarios en los 90. Estas políticas (financiamiento vía FIRA y la Financiera Rural, apoyos comerciales por medio de Procampo y otros programas análogos y subsidios y apoyos específicos a proyectos por medio de los programas de la Alianza para el Campo) se han mantenido sin grandes cambios desde entonces.

Las políticas públicas actuales parten de un diagnóstico que supone que se pueden alcanzar objetivos económicos aceptables haciendo más de lo mismo, gradualmente introduciendo cambios, evitando afectar los acuerdos institucionales existentes. Esto partiría de la relación entre el desempeño mediocre del campo y la pobreza rural con las estructuras económicas actuales. Si el Presidente electo desea combatir la pobreza estructural, necesariamente tiene que hacerlo introduciendo cambios transformacionales.

Tales cambios involucrarían la modernización del régimen de la propiedad de la tierra, sobre todo en las zonas más pobladas del centro del País. Implicarían incentivar el cambio de cultivos, creando programas para la reconversión agropecuaria. Tales cambios se reforzarían estableciendo derechos de aprovechamiento donde el agua es escasa (norte y centro del País) y definiendo políticas comerciales y financieras orientadas a promover la modernización acelerada del campo. Todo lo anterior iría acompañado de políticas para reorientar los subsidios para que estos fomenten la modernización, mecanización y compactación de la producción agrícola en torno a agentes económicos más modernos. En este contexto, la función clave de Sedesol sería suavizar los cambios de la transición, reforzando los cambios transformacionales con apoyos para los grupos principales más afectados por estos cambios y facilitando su integración en la economía moderna del País.

Estas políticas no serían totalmente ajenas a la historia económica y política previa del campo mexicano. Las reformas que impulsó Salinas durante la mayor parte de su sexenio iban encaminadas a lograr un cambio transformacional de esta naturaleza, pero se interrumpieron con la crisis económica de 1995.

No obstante lo anterior, si tuviera que apostar, apostaría que el Presidente electo hará un nombramiento de corte relativamente conservador. La razón es sencilla: de por sí tendrá sus manos llenas si trata de impulsar una agenda de reformas para el sector energético y el mercado laboral. Para evitar perder apoyos clave dentro del PRI, tendrá que mantener continuidad con la agenda del pasado. Esto significa que la transformación y modernización del campo tendrá que esperar el momento que sea más propicio.

Roberto Newell es Economista y Vicepresidente del Consejo del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.

Las opiniones en esta columna son personales.