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Secretaría de Economía

Históricamente, la Secretaría de Economía ha sido el custodio del acceso a la economía nacional. Hasta la década de los ochenta su principal función fue proteger a los productores domésticos de competidores del exterior. Para cumplir esa misión contaba con tres instrumentos muy poderosos y varios otros menos importantes. Sus principales herramientas eran los permisos de importación, las tarifas arancelarias y la ley de inversión extranjera que le otorgaba facultades amplias para que defendiera el entorno económico doméstico. Pero tenía varias otros instrumentos a su disposición: le correspondía establecer las normas tecnológicas que imperarían en el País; tenía facultades para regular la competencia en los mercados; para establecer precios; para dictar los reglamentos que gobernaban el funcionamiento de muchos mercados de bienes y servicios y, así, un largo etcétera de funciones económicas.

El poder de la Secretaría de Economía era inversamente proporcional a los equilibrios económicos internacionales del País. Cuando había recursos para comprar bienes y servicios en el exterior, enfrentaba una situación de facto difícil de vencer. Lo que no se podía adquirir en la economía extranjera se buscaba comprar en el exterior. Si la Secretaría se oponía, había formas extralegales para darles la vuelta a los obstáculos que ponía. Pero cuando la economía estaba mal o escaseaban los dólares, la influencia se multiplicaba, sobre todo si asumía un rol protagónico en la asignación de cupos de importación o la determinación de precios regulados. Durante la mayor parte de la década de los ochenta, el Secretario de Economía fue sumamente importante: de sus decisiones dependía el bienestar de un gran número de empresas, y a través de ellas, el de los consumidores. Y por qué no iba a ser así, si la razón de ser de la Secretaría era regular toda la actividad económica.

Dos decisiones concatenadas causaron que las cosas dieran un giro de 180 grados. La primera fue la decisión de incorporar a la economía al Acuerdo General de Comercio y Aranceles; la segunda fue la decisión de integrar a México en el tratado comercial con EU y Canadá. Estas decisiones definieron un nuevo paradigma económico para las empresas que operan en el País: su éxito económico futuro dependería de su capacidad para competir en la economía internacional. Si tenían éxito, no sólo lograrían mantener su posición dentro del mercado doméstico, también tendrían la oportunidad de ganar participación de mercado en la economía global. Pero las que no fueran competitivas corrían el peligro de morir.

El nuevo paradigma desató una ola de cambios que transformó y modernizó a la economía. A partir de los noventa, el papel de la Secretaría ha sido conducir la modernización de la economía, provocando cambios que la apoyen en su modernización integral. Hoy, sus herramientas principales son normativas. En el nuevo contexto corresponde a la Secretaría liderar la transformación de la economía nacional. Le corresponde promover la creación de instituciones que apoyen el camino en esa dirección. Ejemplos de lo anterior son la Comisión Federal de Competencia o la Comisión de Mejora Regulatoria. También le corresponde promulgar leyes que fortalezcan el funcionamiento de los mercados domésticos, como son la Ley Federal de Concursos Mercantiles, o las leyes y reglamentos que regulan la inversión extranjera y el comercio internacional, y como estos ejemplos, muchos más que están relacionados con el establecimiento de un marco normativo que promueva la eficiencia económica y la participación exitosa de las empresas mexicanas en los mercados internacionales.

Cuando se tomó la decisión de ir por el camino de la liberalización económica, tácitamente también se tomó la decisión de fortalecer a las empresas del País vía el establecimiento de reglas y condiciones económicas que incentiven el crecimiento de la economía vía estímulos que causen que crezca la productividad de todos los factores de producción. La política pública más poderosa para lograr este propósito es asegurar que la competencia económica esté presente en todos los mercados de bienes y servicios del País. Por ello, el primer atributo que se debe buscar cuando se nombre al nuevo Secretario de Economía es asegurar que en su hoja de vida haya evidencia clara que muestre un alineamiento total con este propósito.

En el entorno inmediato del Presidente electo parece haber varios candidatos que cumplen con el perfil deseado, ojalá se escoja a una de estas personas. Estoy seguro de que muchos grupos de interés objetarán que se nombre a un economista liberal químicamente puro, pero lo peor que se puede hacer a la economía del País es volver a tratar de administrar a los mercados domésticos desde la Secretaría de Economía.

Roberto Newell G. es Economista y Vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Las opiniones en esta columna son personales.