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    Autor: Alejandro Hope

    Alejandro Hope

    Alejandro Hope | @AHope71

    Un mexicano puede saber cuántos delitos se han cometido en su calle en los últimos meses. Puede enterarse si corre riesgos en su trayecto al trabajo, averiguar si los alrededores de la escuela de sus hijos son seguros. Puede utilizar datos públicos para evaluar al policía de la esquina, para medir si tienen efectos las cámaras de vigilancia, para formar su opinión sobre el trabajo de las autoridades.

    Un mexicano puede hacer todo eso, pero con una condición: tiene que vivir fuera de México. En el Reino Unido tal vez: allí puede consultar la página http://www.police.uk/ para conocer la incidencia delictiva en cualquier calle británica. O en Nueva York quizá: allí se puede referir a http://maps.nyc.gov/crime/ para saber lo que pasa en su entorno cotidiano.

    Pero si vive en México, en cualquier ciudad de México, mala suerte: tiene que existir en la ignorancia. Probablemente intuya que su colonia es insegura. Probablemente le lleguen reportes de sus vecinos sobre asaltos y agresiones. Tal vez se entere de algunos datos oficiales sobre el delito en su municipio, tal vez haya visto en los medios algún mapa con información filtrada. Pero no sabe. No con la precisión debida y merecida.

    Y no sabe porque las autoridades no quieren que sepa. Las procuradurías tienen (o pueden tener) mapas de incidencia delictiva a nivel calle: al fin y al cabo, las averiguaciones previas o carpetas de investigación incluyen (o deberían incluir) datos sobre la ubicación de los delitos. Con casi total certeza, los gobernadores, los procuradores, los secretarios de seguridad pública o los comandantes de operativos federales tienen acceso a información georreferenciada sobre delito y violencia.

    No así el ciudadano de a pie: no hay páginas gubernamentales que permitan la visualización de datos y, salvo excepciones, las solicitudes de información sobre incidencia delictiva a nivel calle son respondidas con sonoras negativas ¿Con qué argumentos? Protección de datos personales, sigilo judicial, conducción de las investigaciones.

    Son excusas, más que argumentos. Como se observa en la herramienta británica o en la neoyorquina, es posible presentar la información a nivel calle, sin identificar la dirección precisa ni el caso puntual ni la víctima específica. Y no se requiere información inmediatísima, con potencial de interferir en el trabajo de las autoridades: es posible rezagar los datos dos o tres meses sin mayor daño a la transparencia.

    Si los costos son fantasiosos, los beneficios serían muy reales. Los ciudadanos podrían protegerse con evidencia en la mano, tomar mejores decisiones sobre dónde vivir, dónde trabajar, cómo transportarse. Los empresarios contarían con información granular para direccionar sus inversiones. Las organizaciones sociales y los especialistas podrían afinar sus demandas y mejorar la calidad de sus evaluaciones sobre la política pública.

    Lo mejor de todo: las propias autoridades se verían beneficiadas con la transparencia. Un alcalde podría decir, con datos en la mano, que el problema de inseguridad no abarca al municipio completo. Un gobernador podría a la vez ubicar el fenómeno en su justa dimensión y utilizar la georreferenciación como un instrumento de rendición de cuentas entre su equipo (Nota al margen: esa fue una de las claves de la pacificación de Nueva York). Buena publicidad y herramienta de buen gobierno en un solo paquete.

    Conclusión: muéstrenos el mapa del delito. Abran los datos, ubíquenlos en el espacio, déjennos observar tendencias y descubrir patrones. Nadie gana nada con la ignorancia y la ceguera.

    Publicado por El Universal

    05-06-2014

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