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    Autor: Alejandro Hope

    Alejandro Hope

    Alejandro Hope | @AHope71

    Los presupuestos hablan. Sobre todo de inercias, de decisiones pasadas, de disputas que casi nadie recuerda. Nueve de cada diez pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) están comprometidos mucho antes de llegar a la Cámara de Diputados.

    Pero en el margen, sobre el diez por ciento restante, los presupuestos dicen algo sobre valores, principios, prioridades y visiones de los gobernantes. Y lo que dice la propuesta de presupuesto para 2015 en materia de seguridad y justicia no es alentador.

    Empecemos con la Procuraduría General de la República, una institución que, en la descripción de su actual titular, se encontraba “devastada”. En los dos primeros años de la actual administración, el presupuesto de la PGR ha tenido un incremento acumulado de 7%, después de descontar el efecto inflacionario. Para 2015, se solicitó un monto que equivale a una caída real de 4.2%. Con ello, la “devastada” PGR, la dependencia que debe afrontar la transición al nuevo sistema de justicia penal y su transformación en una fiscalía autónoma, habrá sumado en medio sexenio un incremento presupuestal real de menos de 3%.

    Considérese por igual el caso de la Policía Federal. En términos reales, el gobierno está solicitando para ese cuerpo 2.8% menos recursos en 2015 que en 2014 (incluyendo la previsión presupuestal para la creación de la Gendarmería). Esa cifra se ve aún peor al entrar a detalles: la Gendarmería recibirá un incremento presupuestal real de 9%, mientras que el resto de la Policía Federal sufrirá una caída de 5.5%. Dicho de otro modo, se está sacrificando al 88% de la corporación para beneficiar a una división que agrupa al 12% de los efectivos.

    Otros ejemplos: el Programa Nacional de Prevención del Delito, una de las cartas de presunta diferenciación con la política de seguridad del gobierno, verá, de aprobarse el sus recursos disminuir ligeramente en 2015 (-0.6% en términos reales), a pesar de la inclusión de nuevas demarcaciones de atención prioritaria en 2014. Para el Instituto Nacional de Migración, previsiblemente una pieza clave para atender la crisis de la frontera sur, se está solicitando 10% menos presupuesto real en 2015 que en 2014.

    Sin duda, más dinero no equivale necesariamente a más seguridad. El incremento sostenido de los presupuestos para policías, fiscalías y tribunales en las últimas décadas ha tenido resultados decepcionantes. Pero eso no implica que se tenga que gastar menos en seguridad y justicia, sino que se tiene que gastar mejor. Con métricas de desempeño bien definidas, con procesos robustos de supervisión y fiscalización, con todo lo que genere más seguridad por nuestro dinero.

    Pero también necesitamos más dinero para seguridad. Una mera visita a una comandancia de policía o a una agencia del ministerio público revela las carencias del sistema. Una revisión de las cifras las confirma: el salario nacional promedio de los policías, incluyendo mandos, llega apenas a 11,000 pesos mensuales (y un número considerable gana mucho menos que esa cifra). En Estados Unidos, en cambio, el sueldo anual promedio de un policía es de 53,000 dólares.

    Construir instituciones de seguridad y justicia competentes, integras y confiables no es un proceso barato, pero no es un lujo. Nada deslegitima al Estado tanto como la percepción de que es incapaz de cumplir con su función básica, la protección de la vida, libertad y patrimonio de los ciudadanos.

    Y para transformar las instituciones, para hacerlas merecedoras de la confianza ciudadana, se requiere liderazgo y compromiso. Por desgracia, en la propuesta presupuestal para 2015, esas son las palabras que no se escuchan.

    Publicado por El Universal

    11-09-2014

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