Alejandro Hope | @AHope71

Tlatlaya quiere decir en náhuatl “tierra que arde”. Toponimia más que apropiada. Hace tres días, en ese municipio de la esquina suroccidental del Estado de México, el Ejército Mexicano protagonizó un enfrentamiento con presuntos delincuentes. El resultado: 22 civiles muertos, un soldado herido.

No se trata de un incidente aislado: en los primeros 19 meses de la actual administración federal, han sido abatidos 628 civiles en enfrentamientos con personal del Ejército y 57 en confrontaciones con la Marina. Durante la administración Calderón, el saldo letal fue de 2,959 personas. De acuerdo a autoridades militares, el uso de la fuerza fue resultado en todos los casos de agresiones iniciadas por miembros de bandas criminales.

Puede serlo, pero aún así, la multiplicación de eventos letales que involucran a las fuerzas de seguridad del Estado llama a la reflexión. Cómo mínimo, invita a las preguntas siguientes:

• ¿Está adecuadamente regulado el uso de la fuerza en las instituciones del Estado? Existe un “Manual de uso de la fuerza, común a las tres fuerzas armadas” (así como directivas específicas), pero ¿esas reglas bajan al nivel operativo? ¿Los oficiales y la tropa están suficientemente capacitados en la materia?

• ¿Es proporcional el uso de la fuerza? No deja de sorprender que en el incidente de Tlatlaya y otros similares, todas las víctimas mortales estén del lado de los agresores ¿Se hace todo lo posible para detener por medios no letales a los presuntos delincuentes?

• ¿Se detonan o se han detonado investigaciones al interior de las fuerzas armadas o las policías ante incidentes como los de Tlatlaya? ¿Cuáles han sido los resultados de esas indagatorias? ¿Se han sancionado a oficiales o a miembros de la tropa por excesos en el uso de la fuerza?

• ¿Dónde están las autoridades civiles en incidentes como los de Tlatlaya? ¿Las procuradurías de los estados o la PGR abren averiguaciones previas o carpetas de investigación?¿Cuáles han sido los resultados?

• ¿Qué rol han jugado otros actores civiles? ¿Las comisiones de derechos humanos (la nacional y las estatales) han iniciado alguna investigación y emitido alguna recomendación sobre el tema?

• ¿Por qué no hay reacción en el Congreso federal o entre la clase política? ¿Por qué no se llama a comparecer a los funcionarios responsables de las dependencias involucradas?

Pedir explicaciones no equivale a condenar a las fuerzas armadas. El Ejército y la Marina son instituciones fundamentales de la república. Su bien ganado prestigio y su legitimidad social son activos insustituibles del Estado mexicano. Por ese motivo, es absolutamente indispensable protegerlas. Y protegerlas implica eliminar sospechas sobe el apego a la legalidad de sus integrantes.

En ese espíritu, se impone una investigación a fondo sobre el incidente de Tlatlaya, encabezada por autoridades civiles, con resultados públicos en un plazo razonable.

También se vuelve obligado pensar cómo dejar de arriesgar a las fuerzas armadas. Ante la debilidad de la autoridad civil en diversas regiones, el Ejército y la Marina han tenido que hacer las veces de policía. Esa situación no puede durar indefinidamente. Si no hay un esfuerzo serio de reconstruir el tejido institucional, vamos a acabar en el peor de los mundos: sin policías capaces y con instituciones militares mermadas en su legitimidad. Entonces, México pasaría a ser como Tlatlaya: tierra que arde.

Publicado por El Universal 

3-07-2014