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    Autor: Roberto Newell

    Roberto Newell

    Roberto Newell | @RobertoNewell

    *Las opiniones expresadas en esta columna son personales.

    Uno de los acuerdos fundamentales que da estabilidad y continuidad a cualquier orden político constitucional es el compromiso que asumen los gobernantes de observar estrictamente las normas establecidas en el documento fundacional.

    En el caso de México, el Artículo 87 constitucional dicta que al asumir las riendas del Gobierno el Ejecutivo novel se compromete a cumplir esta obligación al proclamar: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.

    Con este juramento, el Presidente acepta que su principal obligación es velar por la continuidad del orden constitucional establecido.

    Esta promesa es importante e implícitamente acota la autoridad del Presidente, puesto que en un sistema constitucional como el mexicano basado en la separación de poderes, la responsabilidad del Presidente está acotada a ejecutar las leyes aprobadas por el Congreso y cuya constitucionalidad no ha sido cuestionada por la Suprema Corte. En pocas palabras, el Presidente está obligado a ejecutar todas las leyes, le gusten o no.

    En México cuando elegimos un Presidente no escogemos un súper-legislador con atribuciones para dictar normas o establecer leyes y tampoco elegimos a un súper-juez autorizado para interpretar su constitucionalidad.

    Todo esto viene al caso porque el discurso público de AMLO sugiere que si llega a la Presidencia buscará ejercer una autoridad mucho más amplia de lo dispuesto en la Constitución.

    Los ejemplos abundan, como son la promesa unilateral de AMLO de dar reversa a las reformas estructurales (energética, laboral, educativa y fiscal). También caben en esta categoría la promesa de cancelar la construcción del NAIM y la oferta de renovar su mandato a plebiscitos populares periódicos.

    La constitucionalidad de todas estas propuestas es cuestionable. Por ello, es previsible que si AMLO llega a la Presidencia uno de sus principales adversarios será la Suprema Corte, la cual ya se ha pronunciado sobre la legalidad de estos temas.

    Es probable que sean esos pronunciamientos lo que explica por qué AMLO ha arremetido con tanta fuerza contra los Ministros de la Suprema Corte y la legitimidad política y legal de sus decisiones.

    Para que no haya duda sobre lo anterior, conviene hacer un recuento breve de varias de las acusaciones y ataques de AMLO a la Suprema Corte: En su cierre de pre-campaña en Guadalajara (Excelsior, Feb 2, 2018) espetó: “Los Ministros nunca han resuelto nada por el País.” Por ello, propuso “bajar los sueldos de los leguleyos”. Y siguió, “van a decir que no tengo esa autoridad, y sí, no la tengo, pero me voy a bajar el sueldo a ver ¿quién se atreve a ganar más que el Presidente”.

    En una visita a Colima (Financiero, Feb. 7, 2018), calificó de “maiceados y alcahuetes” a los Ministros de la Suprema Corte, por haber declarado improcedente la consulta popular que AMLO propuso sobre la implementación de la reforma energética. Luego, en la Convención Bancaria, (El Economista, 9 de Marzo, 2018) declaró “Vamos a tener una nueva Suprema Corte de Justicia en los primeros 3 años”.

    Los textos arriba citados configuran una tesis preocupante, y no sólo porque comunican el desprecio de AMLO hacia los Ministros, sino porque delatan su nula disposición a guardar y hacer guardar la Constitución política que conocemos.

    Lo más preocupante de los ataques de AMLO contra la Suprema Corte (y contra cualquiera otra institución o persona que se ha opuesto a lo que el propone), es que AMLO parece estar hablando en serio cuando dice que busca ser el líder de una renovación política para establecer un nuevo orden social y legal basado en una constitución moral cuyos contenidos sólo él conoce, define y está capacitado para interpretar.

    Lo que subyace a los ataques de AMLO hacia la “mafia del poder, los Ministros maiceados y economistas y gobernantes neo-liberales” es una convicción mojigata sobre su moralidad personal y la del pueblo bueno e impoluto al que frecuentemente se refiere en sus discursos. Ese mismo sentimiento auto-complaciente de rectitud y moralidad probablemente también es la fuente que lo autoriza a aliarse con políticos con historiales personales vergonzantes y lo motiva a ofrecer amnistía a grupos criminales.

    AMLO dixit; el que no entienda esta sencilla verdad seguramente será confinado en un infierno profundo y aterrador.

    Ojalá que no vayamos a cometer el terrible error de elegirlo Presidente.

    Publicado por Reforma
    26-04-2018

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