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  • Candidatos al Poder Ejecutivo y Legislativo deben responder sobre responsabilidad hacendaria y calidad del gasto en sus proyectos 

    Autor: IMCO Staff

    • De cara al último debate de candidatos presidenciales, es necesario plantear que además de las medidas de austeridad, se deben emprender iniciativas que permitan el fortalecimiento de las instituciones para aspirar a elevar la responsabilidad hacendaria y la calidad del gasto

    Ciudad de México, 11 de junio de 2018.- Ante el deterioro de la composición del gasto público en México de los últimos años, uno de los retos que deberán enfrentar quienes triunfen en estas elecciones, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo,  será reducir la ineficiencia en el gasto y garantizar que los recursos fiscales lleguen de manera suficiente y oportuna a los programas y servicios públicos con mayor posibilidad de cerrar las brechas de desigualdad, atender los rezagos sociales, así como potenciar la productividad y el crecimiento económico.

    El peso del costo financiero del endeudamiento y el gasto en pensiones han reducido el espacio fiscal disponible para financiar programas y políticas públicas. Hoy ambos rubros suman anualmente 6.5% del PIB y crecen a tasas aceleradas. El pago de intereses del endeudamiento del sector público será casi 90% mayor en 2018 con respecto al cierre del sexenio anterior y el gasto en pensiones se elevó 42% en el mismo periodo. Hacer más con menos recursos no es opción, es una realidad al menos en el corto plazo.

    En consecuencia, las organizaciones firmantes llamamos a mejorar la gobernanza del presupuesto, es decir, lograr que los mecanismos y los procesos de toma de decisión en la asignación de los recursos públicos se orienten hacia los mandatos institucionales y cuidar que no se desvíen para promover intereses políticos o de otra índole. Para ello, es fundamental la implementación de instrumentos de planeación y evaluación que permitan una correcta priorización de los programas y proyectos que se financian, lo cual hoy no sucede.

    Para mejorar el valor obtenido a cambio de los recursos públicos también es necesario que las autoridades desarrollen y operen instrumentos que les permitan tomar mejores decisiones. Es indispensable abonar a la credibilidad de las instituciones en cuanto a su capacidad para gastar adecuadamente los recursos públicos con acciones que reinstalen la confianza en las autoridades.

    De cara al último debate de candidatos presidenciales, subrayamos la necesidad de que, además de las medidas de austeridad, se emprendan iniciativas que permitan el fortalecimiento de las instituciones para aspirar a elevar la responsabilidad hacendaria y la calidad del gasto.

    Entre otras, destacamos:

    • Profesionalizar el servicio público de la SHCP y las oficialías mayores.
    • Fortalecer el rol del Congreso y su capacidad técnica, con la instauración de un verdadero Consejo Fiscal.
    • Modificar la gobernanza del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) para que funcione como un verdadero fondo de reserva que destine recursos al ahorro e inversión y no como un fondo de transferencias que financia gasto corriente.
    • Revisar la pertinencia de la participación de SHCP en la Comisión de Cambios del Banco de México.
    • Controlar la discrecionalidad con la que hoy se adecua el presupuesto que se aprueba y aquélla con la que se solicita, autoriza y utiliza el endeudamiento público. Un ejemplo de lo anterior es el presupuesto destinado a publicidad oficial, el cual año con año se sobreejerce hasta en un 50% más de lo aprobado.
    • Aumentar a la inversión pública, despolitizar la agenda de infraestructura, y en su lugar establecer una política que promueva la creación de capacidades y de procesos más objetivos para integrar una agenda de desarrollo de proyectos pertinentes, rentables y de calidad.
    • Rediseñar el sistema de coordinación fiscal, para promover un federalismo auténtico y coherente con una mayor sostenibilidad financiera, promotor de los resultados de política pública y la rendición de cuentas en las entidades federativas, y que ayude a cerrar las brechas regionales en el país.
    • Eliminar las transferencias discrecionales de recursos a gobiernos locales que exacerban la dependencia financiera y el uso político del dinero, como ocurre hoy con los fondos del Ramo 23.
    • Obligar al uso responsable de los fideicomisos públicos, al sujetarlos a las mejores prácticas de transparencia.
    • Mejorar la información programática y contable del presupuesto, a fin de corregir la persistente falta de información contable del creciente gasto federalizado. Para evaluar adecuadamente la eficiencia es necesario conocer qué se produce como resultado de los procesos financiados con gasto público.
    • Dotar a la contratación pública de instrumentos que promuevan la competencia en la asignación de contratos públicos para hacer posibles las mejores condiciones de contratación, como un programa de contrataciones y un padrón de proveedores que sean funcionales.
    • Hacer electrónico el ciclo completo de la compra pública, así como el manejo del avance físico y financiero de los contratos con tecnología de punta como las hoy disponibles para la obra pública y los servicios profesionales.

    Las organizaciones de la sociedad civil firmantes esperamos contribuir a un debate público mejor informado, de manera que este periodo electoral sea una oportunidad para reflexionar con seriedad sobre nuestro presente y futuro.

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