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    Autor: Juan E. Pardinas

    Juan E. Pardinas

    Juan E. Pardinas @JEPardinas

    FB @JEPardinas 

    México es una democracia sin demócratas. En una noche electoral cualquiera, tres candidatos se pueden proclamar ganadores de un mismo cargo de elección popular. Esas conductas no ayudan en nada a la credibilidad de los resultados y la solidez de las instituciones, pero qué sucede cuando el ataque contra la democracia viene desde la autoridad encargada de hacer el cómputo final y declarar la validez de la elección presidencial: el Tribunal Electoral del Poder Judicial.

    Esta semana, por cinco votos a favor y dos en contra, la Sala Superior del TEPJF cometió un atentado contra el sentido común que puede tener consecuencias ominosas. En noviembre pasado, el Consejo General del INE decidió modificar el reglamento sobre los procedimientos que se deben llevar a cabo una vez que terminan las votaciones y se cierran las casillas. El 1o. de julio en nueve estados del país habrá elecciones para presidente de la República, Senado, diputados federales, gobernador, presidentes municipales y congresos locales. En otras entidades, no elegirán gobernador, pero sí habrá comicios concurrentes para ayuntamientos y legisladores estatales.

    Para bajarle a los nervios de la noche de las elecciones, el INE propuso un procedimiento que suena bastante obvio: primero se abren todas las urnas de las distintas elecciones para resolver las confusiones de despistados que meten una boleta en la urna equivocada. Esto se puede hacer sin contar los votos, simplemente ordenando por colores los distintos tipos de papeletas. Una vez que se solventan estas confusiones, los funcionarios de casilla agrupan los distintos conjuntos de boletas, se da paso y prioridad a contar los votos para presidente de la República y donde aplique, para Ejecutivos locales. Luego los capacitadores del INE les tomarían una foto a las actas que darían vida al conteo rápido y al Programa de Resultados Preliminares (PREP). Una vez hecho esto, cabe la posibilidad de que hacia las 11 de la noche el INE pudiera anunciar las primeras tendencias en los comicios presidenciales.

    Gracias a la obtusa decisión del Tribunal Electoral, el lunes dos de julio, los mexicanos tendremos una madrugada larga y tensa. Cinco de siete magistrados determinaron que el INE se excedió en su facultad reglamentaria y ahora se tendrán que contar los resultados completos de las elecciones federales y locales, antes de dar los datos preliminares de los comicios presidenciales. Esto significa que cerca de las dos o tres de la mañana empezarán a fluir los datos de la elección más complicada en mucho tiempo. ¿Quién se beneficia con esta incertidumbre? ¿Quién necesita de esas horas adicionales de tensión e ingobernabilidad? Este es el mismo Tribunal que abrió la puerta para la entrega de tarjetas de débito en campañas electorales, de forma que los votantes reciban un beneficio económico si el candidato que entregó los plásticos resulta ganador.

    El Tribunal Electoral del Poder Judicial es una de las instituciones más opacas del Estado mexicano. La prensa rara vez reporta los votos individuales de sus sentencias y su página de internet tiene una funcionalidad de 1994. Es frecuente que el Consejo General del INE tenga que pagar el pato ante la opinión pública por cumplir con la obligación constitucional de acatar sus sentencias. Hay varias cosas que cambiar en este disfuncional brazo del Poder Judicial. Probablemente el primer paso sea establecer una prohibición expresa para que los magistrados electorales no puedan dar el chapulinazo a la Suprema Corte. Esto evitaría que los magistrados electorales pudieran caer en la deshonesta tentación de complacer a algún factor de poder que pudiera ayudarles en el brinco al Máximo Tribunal del país. Hay muchas maneras de mandar al diablo a las instituciones.

    Publicado por Reforma
    18-02-2018

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