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    Autor: Juan E. Pardinas

    Juan E. Pardinas

    Juan E. Pardinas @JEPardinas

    FB @JEPardinas 

    El maratón Guadalupe-Reyes suele ser una época muy movida en la vida política del país. Mientras la mayoría de los mexicanos estamos discutiendo la receta del ponche, la superioridad cultural de los romeritos y el mejor lugar para comprar una rosca de reyes, en las instituciones de la República ocurren asuntos de bajo perfil, pero alta relevancia. En el tramo más fiestero de la temporada decembrina, los días que separan la Noche Buena de la Noche Vieja, la Secretaría de Gobernación decidió publicar un diagnóstico nacional sobre las policías preventivas en el país.

    Como sostiene Edna Jaime, este estudio se debió publicar en las posadas del 2012, en los albores del sexenio, y no cuando le quedan 11 meses. Este estudio debió haber sido el primer paso en el debate de la Ley de Seguridad Interior, no una postdata navideña de la discusión. Imagina que vas a un médico con una enfermedad grave y el galeno procede a darte un tratamiento con nefastos efectos colaterales. Al final de la cita, en la puerta del consultorio, el galeno se despide: “Y el mes que entra por favor hágase estos estudios para saber qué tipo de enfermedad tiene”. El orden de los factores sí altera el producto.

    ¿Por qué los militares y marinos tienen que realizar labores policiales para las cuales no han sido entrenados? El diagnóstico navideño de la Segob tiene una respuesta obvia: no tenemos suficientes policías estatales. Para lograr una proporción de 1.8 policías por cada mil habitantes, les hace falta a los gobiernos estatales contratar y entrenar a 115,000 nuevos oficiales de policía. Para dar una idea de esta tarea, una entidad como Baja California tendría que multiplicar por seis su número actual de efectivos. Puebla, Coahuila y Sinaloa tendrían que multiplicar por tres y fracción su número de policías para llegar a este parámetro. Sólo dos de las 32 entidades cumplen esta mínima proporción entre personas y policías. En 2006, la ONU publicó los resultados de las encuestas que realiza, en materia de seguridad y justicia, a sus países miembros. Este estudio de la ONU establece un promedio internacional de 2.8 policías por cada mil habitantes. A pesar de llevar dos sexenios en medio de una crisis nacional de seguridad, México está muy lejos de los estándares de la ONU sobre la dimensión de las fuerzas policiales. A un gobernador le sale más barato abusar de la vocación de servicio del Ejército y la Marina que contratar, entrenar y uniformar a nuevos reclutas para las policías locales.

    ¿Por qué un mandatario estatal se va a molestar en usar recursos públicos para construir una academia de policía? Con la capacidad instalada y los seis meses de duración del programa de formación inicial para policía preventivo, se requiere de 4.7 años para saldar el déficit actual de policías. Eso en el caso de que ningún oficial en activo renuncie a portar el uniforme. Sólo seis de las 39 academias de formación policial enseñan todos los módulos requeridos para la profesionalización de las fuerzas civiles de seguridad. En Tamaulipas, Nayarit y Colima no hay academias de policía donde los cadetes puedan pernoctar durante su periodo de entrenamiento.

    No es posible tener policías profesionales y honestas con gobiernos corruptos e impunes. Andrés Manuel López Obrador ya dijo que resolverá el problema de inseguridad en México en tres años. Su optimismo y arrojo me recordaron la ingenuidad de Vicente Fox cuando prometió resolver el alzamiento zapatista en Chiapas en tan sólo 15 minutos. Si bien nos va y empezamos ahora, revertir el abandono de las policías estatales nos tomará una generación. ¿Cuánto va a costar? ¿De dónde va a salir ese dinero? Enrique Peña Nieto decidió repetir la “estrategia” de seguridad de Felipe Calderón. ¿Con la nueva Ley de Seguridad Interior qué incentivo van a tener los gobernadores para profesionalizar sus policías?

    Publicado por Reforma
    07-01-2018

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