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    Autor: Juan E. Pardinas

    Juan E. Pardinas

    Juan E. Pardinas @JEPardinas

    FB @JEPardinas 

    El Grupo de Acción Financiera es una agencia de cooperación internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El GAFI, o FATF por sus siglas en inglés, es una especie de Organización de Naciones Unidas de las oficinas de gobierno dedicadas a combatir el delito de alquimia que transforma las fortunas mal habidas en dineros integrados en la economía legal. En enero pasado el GAFI publicó una evaluación sobre las capacidades de México para combatir el lavado de dinero (http://www.fatf-gafi.org). El estudio resulta elocuente en el contexto del uso de la PGR para incidir en el proceso de la elección presidencial.

    En el resumen del estudio se cita lo siguiente: “Hasta hace relativamente poco, la PGR no consideraba la identificación e investigación del lavado de activos (dinero y bienes) como una de sus prioridades clave. El lavado de activos no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de manera reactiva, caso por caso… la cantidad de acciones penales y condenas por casos de lavado de activos es muy baja. Se detectaron deficiencias significativas en el modo en que se investigan los casos de lavado de activos. Específicamente, solo muy raramente se realizan investigaciones financieras paralelas y el lavado rara vez es perseguido penalmente como un delito autónomo”.

    Los investigadores del GAFI deben estar muy satisfechos. Apenas siete semanas después de la publicación de la evaluación, el lavado de dinero se ha convertido en una prioridad máxima para el Estado mexicano. Un elemento importante que ofrece el reporte es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera que depende directamente de la SHCP. La UIF es la oficina más poderosa y menos conocida dentro de la estructura del gobierno mexicano. Digamos que si anoche cenaste unos tacos y pagaste con tu tarjeta de crédito, la UIF puede inferir cuánto dejaste de propina.

    El estudio del GAFI sostiene: “La UIF funciona bien y produce buenos análisis estratégicos operativos y de alta calidad que sirven para que la PGR inicie las investigaciones de lavado de activos y delitos determinantes asociados”. Si la investigación de lavado contra Manuel Barreiro se inició en octubre de 2017 por la UIF, en ese momento José Antonio Meade era superior jerárquico de la oficina encargada de investigar financieramente a sus futuros contrincantes electorales. Es imposible hablar de equidad en las elecciones, o de un sistema democrático, si uno de los candidatos tiene a su disposición el monopolio de la acción penal. La corrupción no sólo es robarse el dinero a manos llenas, también es corrupto quien abusa de un cargo público para obtener un beneficio personal. Es corrupto quien prostituye el sistema de procuración de justicia, para ver si sube unos puntos en las encuestas.

    Los expertos internacionales de la GAFI presentan estadísticas contundentes sobre la prioridad que tenía el lavado de dinero hasta antes de la campaña presidencial: “La UIF envió a la PGR 166 denuncias después de bloquear cuentas en los últimos tres años y la PGR solamente continuó cuatro para realizar una acción judicial”. Entre 2014 y 2016, la PGR sólo atendió el 2.4% de las denuncias de la UIF, pero ahora el lavado de dinero en Querétaro es un “caso emblemático”.

    La PGR es un arma electoral del Presidente, no importa si este se apellida Peña Nieto, Calderón o Fox. Tenemos un sistema de procuración de justicia que es propio de un país bananero o de un régimen autoritario, no de un país que aspira a la prosperidad y la convivencia civilizada. A México le urge un Ministerio Público independiente que te sirva a ti, no que le sirva al PRI.

    Las opiniones expresadas en este espacio son personales.

    Publicado por Reforma
    04-03-2018

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