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  • Exportando corrupción 2018 vía Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana

    Autor: IMCO Staff

    México se encuentra dentro del grupo de países con niveles mínimos o nulos de cumplimiento de la Convención de la OCDE contra el cohecho internacional, de acuerdo al estudio Exportar Corrupción: reporte de avance 2018, elaborado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana. Nuestro país ratificó esta convención en 1999 y hasta la fecha no ha sancionado ningún caso de corrupción utilizando este instrumento jurídico.

    La Convención contra el cohecho en transacciones comerciales internacionales, más conocida como Convención OCDE contra la corrupción, es el instrumento jurídico que permite a los países investigar y sancionar la corrupción de empresas multinacionales operando en el extranjero.

    Esta Convención aplica para las empresas internacionales que hacen negocios en México, como Odebrecht, pero también para las empresas mexicanas que tienen operaciones comerciales en el extranjero.

    Estos son algunos de los hallazgos más importantes del informe: 

    • De 44 países analizados, 22 aprovechan la convención para investigar casos de corrupción internacional.
    • La otra mitad, donde se encuentra México y países como China, Colombia, India, Rusia, Singapur, Corea, España y Turquía, tienen niveles de cumplimiento muy bajos, o nulos.
    • Solo alrededor de una cuarta parte de las exportaciones mundiales provienen de países con aplicación activa de la ley contra las empresas que sobornan en el extranjero.
    • Aplicación activa de la ley de la convención. Siete países con el 27% de las exportaciones mundiales: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Italia, Suiza, Noruega, Israel.
    • Aplicación moderada. Cuatro países con un 3.8% de exportaciones globales: Australia, Suecia, Brasil, Portugal.
    • Aplicación limitada. 11 países con 12.3% de exportaciones globales: Francia, Países Bajos, Canadá, Austria, Hungría, Sudáfrica, Chile, Grecia, Argentina, Nueva Zelanda, Lituania.
    • Poca o nula aplicación. 22 países con 39.6% de exportaciones globales: China, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, India, España, México, Rusia, Bélgica, Irlanda, Polonia, Turquía, Dinamarca, República Checa, Luxemburgo, Eslovaquia, Finlandia, Colombia, Eslovenia, Bulgaria, Estonia.
    • De 2015 a 2018, ocho países han mejorado en la aplicación de la ley: Israel, Noruega, Italia, Brasil, Suecia, Portugal, Argentina y Chile.
    • En contraste, cuatro países han retrocedido: Austria, Canadá, Corea y Finlandia.

     

    Hallazgos para México:

    • El informe destaca que México, que cuenta con el 1.9% de participación de las exportaciones a nivel mundial, abrió tres investigaciones por cohecho internacional de 2014 a 2017, pero ningún caso.
    • También indica que la Unidad Especializada para Crímenes Cometidos en el Extranjero de la Procuraduría General de la República (PGR) publica datos básicos sobre la aplicación de la Convención contra la corrupción, sin embargo, la información es incompleta y no profundiza en detalles.
    • Además, resalta que la nueva Oficina del Fiscal General, creada bajo las reformas constitucionales de 2014, no tiene suficiente autonomía. El nombramiento del fiscal general -indica- aún necesita aprobación ejecutiva y el presidente aún puede destituir al titular del cargo.
    • En cuanto a las entidades federativas, el reporte destaca que “hay una grave falta de independencia entre los jueces en los estados de México. Son altamente dependientes del Poder Ejecutivo y frecuentemente son destituidos o designados por sus vínculos con el gobernador en turno. Hay una gran falta de recursos humanos para estos jueces estatales y su nivel de especialización a menudo es insignificante”.
    • El análisis señala que a nivel federal, la independencia judicial es mucho más fuerte. Sin embargo, se ha criticado seriamente la falta de meritocracia y el nepotismo sistemático.

     

    Recomendaciones para México:

    • Entre sus principales recomendaciones, el reporte indica que se debe reformar el Artículo 102 de la Constitución para asegurar que la Fiscalía General sea independiente del Poder Ejecutivo.
    • Completar el nombramiento del Fiscal Especial Anticorrupción y los jueces anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
    • Asegúrarse de que el Sistema Nacional Anticorrupción sea implementado a nivel estatal.
    • Introducir mecanismos para garantizar que el poder judicial opere libre de motivos políticos.
    • Proporcionar más recursos y capacitación a la Policía para investigar casos de corrupción.
    • Asegurar que el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Investigación Financiera comiencen a desempeñar un papel activo en casos de corrupción tanto en México como en el extranjero.
    • Publicar más información sobre casos relacionados con la corrupción e investigaciones en el portal de datos abiertos del gobierno.

     

    Sobre nuestro país, el informe de Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana destaca que el principal reto para la Administración federal entrante es lograr que la nueva Fiscalía General tenga la independencia necesaria para investigar a funcionarios o empresas sin importar su nacionalidad o nivel de influencia política. La nueva Fiscalía General será la responsable de utilizar esta Convención para investigar y perseguir casos de corrupción transnacional.

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