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  • Frenos para la competitividad que el próximo presidente no debe ignorar

    Autor: Fátima Masse

    Fátima Masse

    Fátima Masse | @Fatima_Masse

    En noviembre de 2017, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó la octava edición del Índice de Competitividad Internacional (ICI). Esta herramienta mide la capacidad de las 43 economías más importantes del mundo para generar, atraer y retener talento e inversión, a través de 129 indicadores. Un país competitivo es aquel que consistentemente —y más allá de las posibilidades intrínsecas que ofrezcan sus propios recursos y capacidades— resulta atractivo para el talento y la inversión, lo que a su vez se traduce en mayor productividad y bienestar para sus habitantes.

    En esta edición, con datos a 2015, México obtuvo el lugar 36. Esto lo convierte en uno de los diez países menos competitivos de la muestra, sólo por encima de Rusia, Argentina, Sudáfrica, Indonesia, Guatemala, India y Nigeria. En contraste, Noruega, Suiza y Suecia son los tres países más competitivos.

    Se debe reconocer que México subió una posición en comparación con los resultados de 2013. En parte, este avance se debió a menores aranceles, a mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos cinco años y a mayores ingresos fiscales. Sin embargo, dichas mejoras no fueron suficientes para salir del grupo de países menos competitivos, al cual accedió desde 2007.

    El ICI permite identificar las principales fortalezas y debilidades, así como los avances y retrocesos, entre 2001 y 2015, de los países de la muestra. Por ello, se sabe que México tiene fortalezas considerables en comparación con los demás países. Una de ellas es la búsqueda de apertura comercial. En 2015 fue el quinto país con menores aranceles agrícolas y el cuarto con menores aranceles manufactureros. Ambos gravámenes se redujeron en promedio 85% desde 2013. Más aún, registró 215 socios comerciales efectivos. Aunque este dato lo ubicó en el lugar 12 del indicador, equivale a seis socios menos que los 221 que tiene el mejor país: Francia.

    Otra fortaleza es la estabilidad macroeconómica que se vio reflejada en una mayor tasa de crecimiento del PIB (3.4% en promedio entre 2010 y 2015), la menor variabilidad de la inflación que se registró en la muestra, la cuarta menor deuda externa (25% del PIB) y una deuda del gobierno central relativamente baja (45% del PIB). Estas fortalezas que se encontraron en 2015 podrían volverse un riesgo en un futuro, puesto que la inflación de 2017 fue la más alta en 17 años, alcanzando un nivel de 6.77%. Asimismo, como lo muestra la Gráfica 2, la deuda del gobierno central presenta una tendencia creciente que, de no detenerse, terminará siendo una debilidad de las finanzas públicas mexicanas.

    Ante este panorama, es inevitable pensar que el sucesor de Enrique Peña Nieto recibirá un país con finanzas más endebles. Lo que dificulta enfrentar o corregir los principales desafíos del país.

    ¿Cuáles son los principales frenos para la competitividad de México?

    Dentro de los resultados del ICI 2017 también se pueden observar varias debilidades en términos de competitividad. Sin embargo, hay cuatro que preocupan de manera particular por sus efectos sobre la economía y el bienestar de la población: los altos niveles de informalidad, la crisis pensionaria, los altos niveles de corrupción y el rezago en materia de seguridad pública.

    En México, 57% de la población ocupada labora en el sector informal. Estos trabajadores tienen ingresos 88% menores que aquellos en el sector formal y son menos productivos. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la economía informal produce sólo 23.6% del PIB a pesar de dar empleo a la mayoría de los trabajadores. Esto podría explicar por qué México no crece más rápido, así como por qué ocupó el lugar número 40 del índice de economía informal del International Institute for Management Development (IMD) —indicador del subíndice de factores del ICI 2017).

    Un trabajador informal no sólo gana menos y produce menos, sino también está exento de los beneficios de la seguridad social. Para obtener servicios de salud tiene la posibilidad de afiliarse al Seguro Popular. Sin embargo, no tiene derecho a acceder a una pensión para el retiro o de invalidez. Esta vulnerabilidad la vive cerca del 60% de los mexicanos dado el diseño actual del sistema de pensiones, cuyo acceso depende de tener un empleo formal. Y por más preocupante que esta situación parezca, es sólo un elemento de la crisis pensionaria.

    Otro de los elementos de esta crisis es la insuficiencia del ciclo de acumulación de las pensiones por cuenta individual. Por ley, los trabajadores ahorran 1.125% de su salario de cotización, lo que es un ahorro muy bajo. Si las contribuciones a la seguridad social no aumentan, se espera que 7 de cada 10 trabajadores cotizantes a la Ley del Seguro Social de 1997 no logren ni siquiera una pensión de un salario mínimo.

    Por último, persiste una falta de Estado de derecho en dos de sus versiones más perniciosas: la corrupción y la impunidad. En 2015, México fue el sexto país con mayor tasa de homicidios: 16.3 por cada 100 mil habitantes, y desafortunadamente esta cifra es menor que el dato para 2017, el año más violento. Además, fue el penúltimo país con mayores costos a causa de la delincuencia en los negocios, el tercero con menor confianza en la policía y el quinto con mayor percepción de corrupción.

    La administración actual, con el objetivo de dar respuesta al mayor lastre de nuestra economía, creó el Sistema Nacional Anticorrupción (sna). Si bien el diseño de este sistema es producto, en parte, de las propuestas y el análisis de la sociedad civil, es fundamental reconocer que sólo funcionará si operan adecuadamente los pilares básicos de la democracia: autonomía del ministerio público, funcionalidad del sistema de procuración de justicia y una verdadera división de poderes.

    ¿Qué podría hacer la próxima administración para enfrentar estos desafíos?

    Los retos de la sección anterior no están plasmados exclusivamente en el papel. Son problemas que afectan la vida diaria de todos los ciudadanos y, sin duda, comprometen el bienestar y la competitividad del país en el futuro. Es por esto que los aspirantes a la silla presidencial deberán dar respuestas concretas sobre cómo los piensan manejar. Para abonar a este debate, a continuación se presentan cinco propuestas del IMCO que los candidatos deberían considerar:

    1. Eliminar las cuotas fijas por nivel de ingreso en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la tasa asociada a los cinco primeros rangos de ingreso, o sea para trabajadores formales que ganan menos de 10 mil 298 pesos, con el fin de generar incentivos para la formalidad.
    2. Crear, a través de un pacto político, un sistema de seguridad social que universalice los beneficios, corrija las insuficiencias y ponga límites a los déficits pensionarios actuales.
    3. Separar, desde la Constitución, las prestaciones económicas (pensiones) de las prestaciones de salud y generar viabilidad financiera para garantizar el acceso al derecho a la salud.
    4. Crear un sistema de servicio profesional de carrera para ministerios públicos estatales y municipales.
    5. Reformar el Artículo 102 de la Constitución que garantice la autonomía política de las fiscalías y el sistema de procuración de justicia, en línea con la propuesta presentada por #VamosPorUnaFiscaliaQueSirva.

    ¿Se animarán los candidatos a tomar una postura o un compromiso expreso sobre estas recomendaciones de política pública?

    Publicado por Este País
    01-02-2018

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