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    Autor: Juan E. Pardinas

    Juan E. Pardinas

    Juan E. Pardinas @JEPardinas

    FB @JEPardinas 

    La Procuraduría General de la República se ha convertido en una policía política al servicio de la cleptocracia. El subprocurador Alberto Elías dirige un contingente de guardaespaldas que administra la impunidad en los casos más sensibles para el gobierno y sus aliados.

    Arturo Ángel, reportero de Animal Político, ha hecho un seguimiento puntual del juicio en contra del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte. El jueves pasado, Ángel hizo una crónica de las pifias del fiscal durante la tercera audiencia del proceso. El motivo central de la audiencia era una solicitud de la PGR para obtener un permiso judicial que le permitiera acceder a los datos bancarios del inculpado. El problema es que esas pruebas ya estaban dentro del expediente, pero se obtuvieron sin orden judicial. La obtención ilegal de datos personales fue un regalo envuelto para la defensa de Javier Duarte. En una acusación de lavado de dinero, si no se tiene la ruta de las transacciones financieras, no hay manera de sustentar el caso. El juez otorgó una ampliación del plazo para que la defensa aporte pruebas. Este periodo vence el 31 de julio. Un mes después de las elecciones presidenciales, Javier Duarte podría quedar exonerado de este delito, por falta de evidencias.

    El viernes pasado el candidato a diputado por el Frente Juan Vergara fue detenido acusado de lavado de dinero por más de 50 millones de pesos. No conozco el caso. Sólo espero que la PGR actúe con mayor pericia que en su torpe manejo de las pruebas contra el ex gobernador veracruzano. Será interesante saber si las pruebas de transacciones bancarias contra Vergara fueron obtenidas mediante una diligencia judicial y por lo tanto si serán válidas ante los tribunales. También esta semana, la PGR anunció una serie de multas en contra de funcionarios judiciales del estado de Chihuahua por no entregar información para investigar el presunto delito de tortura en contra del ex secretario del PRI Alejandro Gutiérrez. Este tipo de multas en contra de autoridades estatales son una sanción anormal en las diligencias del Ministerio Público federal. Durante 2017, la fiscalía estatal de Chihuahua reportó a la PGR cerca de 50 casos de tortura, pero la PGR no atendió ninguno de ellos. La tortura sólo se vuelve prioridad para la PGR si la supuesta víctima fue secretario general del PRI.

    La celeridad y atención que le ha puesto la PGR al caso de Gutiérrez contrasta con la lentitud y olvido de otros expedientes. Desde marzo de 2017, la fiscalía estatal de Chihuahua solicitó la orden de extradición del ex mandatario César Duarte, pero la PGR se tardó diez meses en atender la solicitud. En la denuncia de espionaje con el software Pegasus, de uso exclusivo del gobierno, los avances de la investigación son nulos. Odebrecht es uno de los casos de corrupción más grandes en la historia de América Latina. En cinco países del continente, el escándalo ya detonó investigaciones y sentencias condenatorias. Sólo en Venezuela y México el caso no ha derivado en ninguna consecuencia penal o judicial.

    Para que la PGR deje de ser un gestor de la impunidad se requiere una profunda cirugía del Artículo 102 de la Constitución. Modificar la Carta Magna no será suficiente, pero sin la reforma al 102 toda transformación será un cambio de maquillaje. Esta semana, 300 organizaciones sociales pidieron a los principales candidatos presidenciales que demuestren liderazgo sobre sus bancadas en el Congreso y aprovechen este periodo legislativo para discutir y aprobar la modificación constitucional. Anaya ya respondió, Meade sólo se manifestó a favor de darle mayor autonomía a la Fiscalía, AMLO aplicó el adagio de ni los veo, ni los oigo. Aún le quedan 85 días al periodo legislativo y seis quincenas a los senadores y diputados.

    Publicado por Reforma
    04-02-2018

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