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    Autor: Juan E. Pardinas

    Juan E. Pardinas

    Juan E. Pardinas @JEPardinas

    FB @JEPardinas 

    En teoría, la aprobación de un presupuesto gubernamental es un ejercicio de rendición de cuentas, donde el Poder Ejecutivo somete su proyecto anual de gastos a la consideración del Congreso. En México, muchas veces este proceso es una pantomima para cuidar la fachada escenográfica de la división de poderes. El IMCO acaba de publicar el Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG), que mide la transparencia de datos sobre el uso del dinero en las entidades de la República. Una cosa son los números guajiros que aprueban los diputados en el presupuesto y otra cosa es la realidad de a dónde se va todo ese dinero durante el año fiscal.

    Por ejemplo, en el agregado de los presupuestos estatales se aprobó un monto de deuda de 23 mil millones, pero para fines de 2016 la cifra real fue 86% adicional a lo presupuestado. Si fallan los pronósticos deportivos, el clima y las estimaciones de crecimiento económico, no debería extrañarnos el mal tino de algunos presupuestos públicos. Un terremoto, un huracán o una epidemia pueden trastornar las necesidades y equilibrios del gasto público. Dentro de ciertos rangos, siempre puede haber una diferencia razonable entre un proyecto y su ejecución. Sin embargo, Nuevo León contrató deuda por un monto diez veces superior a lo establecido en su presupuesto anual. En Sonora fue tres veces más. En otras cinco entidades fue casi el doble. Aquí es donde los diputados no están haciendo su chamba más básica: hacerle preguntas incómodas al secretario de Finanzas y al gobernador. ¿Por qué esos yerros flagrantes en la estimación de las necesidades de crédito? ¿Qué imprevisto surgió? ¿Qué controles de auditoría se aplicaron sobre los créditos extraordinarios?

    En el rubro de publicidad oficial, varios estados hicieron un salto olímpico de longitud entre lo comprometido y lo gastado. En 2016, Puebla se iba a gastar 693 mil pesos en comunicación social y acabó ejerciendo más de 60 millones. En números absolutos esta cifra es modesta si se compara con los mil millones de pesos que gastó Tamaulipas ese mismo año; uno de los estados con más problemas de crimen organizado ejerció en publicidad oficial el monto equivalente al 38% de su gasto en seguridad. Con el dinero gastado por los estados en publicidad oficial en 2016 se hubieran podido contratar y pagar 9,500 ministerios públicos con un salario de 55 mil pesos mensuales, incluyendo los costos de impuestos y seguridad social.

    La Secretaría de Hacienda y sus equivalentes estatales tienen el incentivo de calcular menos ingresos de los que en realidad esperan recibir. Esto puede ser un sano gesto de prudencia financiera, para evitar recortes cuando las vacas se vuelven súbitamente flacas. Sin embargo, también hay un incentivo al chanchullo al estimar hacia abajo los presupuestos. La Cámara de Diputados dio el primer paso para reformar la Ley de (in)disciplina fiscal de la entidades y relajar los criterios en el uso de los excedentes presupuestales. Como estaba redactada la ley, los estados que recibían ingresos no previstos al inicio del ejercicio fiscal estaban obligados a destinar una porción importante de esos recursos para el pago de deuda. Si el Senado valida los cambios, ahora los gobernadores tendrán incentivos para presupuestar con números bajos y luego tener un grueso colchón para la discrecionalidad. Viene el 2018 y la disciplina financiera es un estorbo para el manoseo electoral de los gobiernos estatales. Conforme se acerca la elección del año entrante, no sólo se van socavando los pilares básicos de nuestra democracia, como la FEPADE, ahora también se descomponen los incentivos hacia la prudencia financiera en los gobiernos estatales. Esta ley, inspirada en los desastres de los Duartes y los Moreira, apenas se había aprobado en abril de 2016 y ya va en reversa. Al diablo con México.

    Publicado por Reforma
    26-11-2017

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