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    Autor: Roberto Newell

    Roberto Newell

    Roberto Newell | @RobertoNewell

    *Las opiniones expresadas en esta columna son personales.

    A veces, durante las campañas políticas aparecen propuestas que valen la pena considerar, pero que en la calentura de competencia política son denostadas como si hubieran sido propuestas por un loco o por alguien totalmente desconectado de la realidad.

    Tal es el caso de la propuesta de Ricardo Anaya de dotar a todos los mexicanos con un Ingreso Básico Universal (IBU).

    El IBU es una idea ampliamente discutida y debatida entre economistas de diversas corrientes de pensamiento.

    En su versión más pura y sencilla, el IBU es un monto mensual que se paga a todos los ciudadanos (o residentes legales) de un país.

    En casi todos los casos, la transferencia proviene del estado y se otorga a los residentes del país sin estipular condición alguna.

    El principal objetivo del IBU es eliminar la pobreza extrema. Este objetivo se logra confiriendo a todos los residentes del país un ingreso básico garantizado igual al ingreso requerido para salir de la pobreza extrema, pero el piso se puede establecer en cualquier nivel que cumpla las expectativas de la sociedad en cuestión.

    En el caso de EU, por ejemplo, el monto que más frecuentemente citan los proponentes del IBU es de mil dólares mensuales.

    Según Coneval, en 2016 7.6 por ciento de las familias mexicanas (9.4 millones de personas) vivían en condiciones de pobreza extrema.

    Si la meta normativa fuera garantizar que todas las familias mexicanas tengan un ingreso superior al ingreso que perciben las personas que se encuentran en el segmento de pobreza extrema, cada familia mexicana recibiría un ingreso mensual garantizado de aproximadamente 2 mil 200 pesos, o sea 26 mil 400 pesos al año.

    Como en México actualmente viven alrededor de 34 millones de familias, el costo anual del IBU sería de alrededor de 900 mil millones de pesos.

    La cifra suena enorme hasta que la comparamos con los ingresos del gobierno federal.

    En 2017, el Gobierno federal tuvo ingresos de alrededor de 3.7 billones de pesos, o sea cuatro veces más que el costo del IBU citado anteriormente.

    Dicho de otra manera, el Gobierno federal podría dotar a todas las familias mexicanas con un IBU igual al ingreso promedio actual de los mexicanos más pobres siempre y cuando se eliminaran los programas de gasto social que serían sustituidos por el IBU propuesta y se mantuviera estricto control sobre los demás renglones de gasto.

    El IBU arriba planteado tendría varias ventajas que conviene tomar en cuenta:

    Primero y ante todo, eliminaría el problema de pobreza extrema que hay en el País. Las personas de este segmento de ingresos recibirían un monto que duplicaría sus ingresos.

    Simultáneamente, el IBU mejoraría la situación económica del resto de la población de ingresos bajos.

    A saber, las familias del segundo decil recibirían un subsidio de 50 por ciento de sus ingresos; las del tercer decil cerca de 40 por ciento; las del cuarto 31 por ciento y las del quinto 25 por ciento. En pocas palabras, los ingresos de las familias más pobres del País aumentarían significativamente.

    El IBU también tiene la ventaja que es fácil de instrumentar y sencillo de administrar, puesto que lo único que se requiere para ponerlo en marcha es una base de datos que contenga información actualizado de los beneficiarios potenciales.

    Su manejo posterior también sería sencillo puesto que el subsidio se otorgaría sin imponer condiciones complejas de supervisar.

    Varios analistas piensan que otra ventaja del IBU es que incentivaría el emprendedurismo en la población al establecer un piso a los ingresos de los empresarios noveles.

    Otros analistas piensan que también funcionaría como un seguro para paliar los efectos del desempleo y la cesantía de las personas durante la vejez.

    Obviamente, el IBU también mejoraría la distribución de ingresos del País al recortar la distancia relativa entre las personas de diferentes niveles de ingreso.

    De paso, el IBU estimularía la economía vía el gasto incremental de consumo de la población de ingresos bajos y, por último.

    Remuneraría al segmento de la población que se dedica a tareas valiosas que realizan sin ser compensadas (v.gr. trabajo en el hogar, cuidado de personas enfermas y de a tercera edad, jornadas en actividades rurales, etc.).

    Los críticos del IBU apuntan a dos riesgos. Varios temen que incentivaría a un grupo significativo de personas a abandonar sus empleos y a convertirse en dependientes del estado.

    Al respecto conviene aclarar que la evidencia empírica disponible sobre las experiencias de varios países con el IBU muestra que el incentivo a la “holgazanería” es relativamente modesto si el IBU se establece en un nivel relativamente bajo.

    El segundo riesgo que perciben algunos críticos es que la determinación del nivel del IBU se convierta en una piñata política y que el IBU se establezca en niveles insosteniblemente altos. Este riesgo es real y requiere ser reconocido y manejado en forma disciplinada por personas técnicas objetivas y autónomas.

    Publicado por Reforma
    12-07-2018

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