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  • La factura del olvido

    Autor: Juan E. Pardinas

    Juan E. Pardinas Juan E. Pardinas @JEPardinas

    FB @JEPardinas 

    *Las opiniones expresadas en esta columna son personales.

    La discusión electoral sufre de amnesia. Los ciudadanos hemos olvidado cómo era la situación del sistema de educación pública apenas hace seis años. Sólo la desmemoria puede explicar que hoy tenga enorme rentabilidad electoral echarle tierra a la reforma educativa. La promesa de campaña de tirar a la basura los cambios en el modelo educativo debería ser un suicidio político. Sin embargo, el candidato que más ataca esta transformación va en primer lugar de las encuestas.

    Como primer objetivo, la reforma educativa buscó recuperar la soberanía del Estado mexicano sobre el sistema de educación pública. En el año 2006, el presidente Felipe Calderón entregó las llaves de la SEP a la maestra Elba Esther Gordillo. En los gobiernos estatales, en al menos 12 entidades, los líderes del magisterio también despachaban como secretarios de Educación. En Oaxaca, la CNTE no operaba como un sindicato que defiende los intereses de sus agremiados, sino como un estado dentro del estado. El Presidente y los gobernadores habían cedido la autoridad política, administrativa y presupuestal sobre más de doscientos mil planteles educativos.

    Esta pérdida de poder por parte del gobierno implicó que por más de 80 años las nóminas educativas fueran un secreto de Estado. A principios del siglo XXI era posible saber el salario del presidente de la República y su gabinete, pero no se podía conocer el ingreso de un profesor de primaria. La organización civil Mexicanos Primero denunció la ausencia de un padrón completo y detallado de maestros. Esto impedía saber cuánto ganaban y en qué escuela trabajaban los integrantes del magisterio. Los buenos maestros, comprometidos con su vocación y con sus alumnos, eran los más perjudicados por esta falta de transparencia sobre los presupuestos educativos. Las cúpulas sindicales, los aviadores y las mañas de los gobernadores sacaban buena raja de este régimen de impunidad.

    Defender la reforma educativa se vuelve una misión cuesta arriba cuando se difunde evidencia de que, entre 2013 y 2017, la SEP se gastó 4 mil 443 millones de pesos en publicidad oficial. Esta cifra multiplica por más de diez veces el presupuesto originalmente aprobado para el rubro de comunicación social. La reforma educativa se vuelve aún más vulnerable cuando se conoce que, en 2017, la SEP gastó más dinero en difundir la imagen del secretario Aurelio Nuño que en capacitar a los maestros.

    En el proyecto del IMCO Memorándum para el Presidente, Pablo Clark y Alexandra Zapata afirman que “la resistencia natural o esperada a la evaluación docente ha sido alimentada por la poca transparencia del gobierno”. Para legitimar la reforma educativa ante los maestros es necesario transparentar aspectos claves, como la publicación de las listas de vacantes y los resultados de las evaluaciones. No se puede forjar una carrera magisterial basada en el mérito si las autoridades educativas preservan un control opaco y discrecional sobre las oportunidades de desarrollo laboral. Los maestros que se esfuerzan cotidianamente en el aula necesitan sentir que las evaluaciones no son una herramienta de sanción sino un escalón en su progreso profesional.

    Apenas hace unos años, la compra de plazas era una práctica normal en la SEP. Las posiciones laborales en una primaria o secundaria se heredaban entre padres e hijos como si fueran títulos nobiliarios. El discurso de cambio puede ser una vuelta al pasado. Se requiere una reforma sobre la reforma, no tirar los avances al basurero de la historia.

    El mandato de Enrique Peña Nieto estuvo marcado por la corrupción, la frivolidad y la ineptitud. Sin embargo, no todo lo que ocurrió en los últimos seis años fue un desastre absoluto. Saber distinguir entre los aciertos del pasado y los cambios urgentes hacia el futuro será la tarea más importante del próximo gobierno.

    Publicado por Reforma
    03-06-2018

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