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  • La violencia de género enraizada en la educación

    Autor: Ingrid Chávez

    Ingrid Chávez

    Ingrid Chávez | @Ingrid_ChavezO

    Como mujeres, la desigualdad de género tiene consecuencias graves en nuestra calidad de vida: disminuye nuestras expectativas de educación, afecta nuestro ejercicio en el ámbito profesional y laboral, daña nuestra salud y limita nuestra autonomía.

    Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres. Por primera vez, se incorporaron en un sólo lugar cifras de diversas fuentes sobre la situación de violencia contra las mujeres en el país, sus efectos y la forma en que las instituciones han atendido este problema. Si bien representa un logro importante en el acceso a la información también, demuestra un panorama desalentador.

    En 2016, el 66.1 % de las mujeres en México de 15 a 60 años o más dijo haber sufrido al menos un caso de violencia a lo largo de su vida, y 7 de cada 10 mujeres entre 20 y 34 años a nivel nacional aseguraron haber experimentado un episodio similar, siendo Ciudad de México y Estado de México las entidades con mayor índice de violencia de género[1]

    En el mismo año, 43.9 % de las mujeres del país manifestó haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja. Las cifras nos muestran que, en muchos casos, los agresores conviven con las víctimas de forma muy cercana, ya sea dentro de su familia, en la escuela, con sus parejas o en la comunidad en la que se desarrollan.

    La tragedia se vuelve aún más dramática cuando hablamos de menores de edad que sufren abusos en su entorno escolar. Una tercera parte de las adolescentes entre 15 y 17 años ha padecido violaciones de género en espacios educativos, seguido por el 29 % de jóvenes de 18 a 19 y el 28 % de 20 a 24 años[2]. Como consecuencia, la participación de las mujeres se ve mermada aumentando las probabilidades de que abandonen la escuela. Esto afecta el logro de las competencias esperadas al término de cada ciclo, disminuye su desempeño académico y daña de manera permanente su salud física y emocional.

    El alcance y las formas de violencia en el entorno escolar deteriora uno de los espacios más importantes para el desarrollo pleno de la mujer. Empoderar a las niñas significa que en los núcleos sociales como la escuela, las autoridades sean capaces de garantizar confianza y seguridad para que se traduzcan en una mayor valoración de oportunidades para desempeñarse en cualquier ámbito.

    Desafortunadamente, las limitantes de los gobiernos estatales y locales han dejado entrever su incapacidad para ofrecer entornos de aprendizaje seguros, pues en muchos casos las agresiones tienen lugar en baños, aulas, pasillos y alrededores del plantel, sitios que deberían contar con vigilancia constante. Tan sólo en los últimos 12 meses, las entidades con más registros de violencia escolar a mujeres de 15 años o más fueron Jalisco y Michoacán[3]. Además, por tipo de agresión, hasta 2006, Jalisco fue la entidad con más casos de violencia emocional, Oaxaca por violencia física y la Ciudad de México por violencia sexual.

    ¿Esto quiere esto decir que el problema es menos dramático en otras entidades?

    Probablemente no. La violencia de género, particularmente en estados con tradiciones conservadoras, se agrava debido a los pocos sistemas que facilitan la denuncia y que protegen a las víctimas. Aunado a esto y dada la carga social del tema, la apertura para atender situaciones de agresión, acoso o violación se complica significativamente.

    Al día de hoy, los esfuerzos son insuficientes y desarticulados. El sistema educativo no cuenta con protocolos claros para disminuir las cifras de violencia ni se advierte de rutas sobre qué están haciendo los gobiernos estatales y locales por instaurar sistemas de denuncia eficaces.

    Es fundamental:

    1. Generar protocolos nacionales de prevención de la violencia de género que sean evaluados constantemente para garantizar su efectividad y que permitan medir el nivel de eficiencia de las prácticas de intervención.
    2. Crear sistemas de denuncia que cuenten con directrices específicas para las escuelas y que protejan a los denunciantes mediante la aplicación de leyes más robustas que no permitan la impunidad de los actos.
    3. Brindar asesoramiento a padres de familia sobre sistemas de alerta que les ayuden en la labor de detección de conductas de riesgo a edad temprana.
    4. Dar capacitación especializada a maestros, directores y supervisores. Cada uno deberá contar con información suficiente que les permita detectar oportunamente a víctimas y agresores, activar protocolos y acompañar el cumplimiento de normas y sanciones.
    5. Desarrollar evidencia de esfuerzos exitosos como guía en la prevención y erradicación de la violencia de género a fin de mejorar la calidad de educación en el país.

    Para más información consulta el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres del INEGI aquí.

    [1] INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2006, 2011 y 2016.

    [2] INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2006 y 2016.

    [3] INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2016.

    Publicado por Animal Político 
    01-12-17

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