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  • Las malas ideas no deben convertirse en políticas: Precios de garantía para el campo

    Autor: Manuel J. Molano

    Manuel J. Molano

    Manuel J. Molano | @MJMolano

    Andrés Manuel López Obrador tiene la idea de instaurar precios de garantía en el campo. Los precios de garantía son un subsidio del sector público a los productores, por unidad de producto vendida. Hay varias maneras de operarlo. El gobierno puede convertirse en un gran comprador, o puede pedirle a los productores su información contable para subsidiarlos.

    Nuestro objetivo es mostrar que una política de esta naturaleza puede ser muy costosa para todos los habitantes de México, incluidos los que se dedican al campo.

    Hay un conocido chiste (¿o quizás anécdota?) de la época del presidente Luis Echeverría. Cuando alguien le dijo que determinada política era contraria a las leyes de oferta y demanda, el presidente espetó: “pues hay que derogar las leyes de oferta y demanda“. El ánimo de la era echeverrista por aumentar la producción originó otras ocurrencias, como “hay que sembrar en todas partes, hasta en los caminos”. Otra joya analítica, atribuida al difunto profesor Hank González, es que “el mejor fertilizante es el precio”. Así nos fue. El Sistema Alimentario Mexicano, que derivó en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), se convirtió en una de las áreas más corruptas del Estado mexicano, hasta su liquidación a inicios del S. XXI. El sector no progresó gracias a estas políticas. Nos tomó 30 años desmantelarlas y todavía estamos viviendo secuelas de sus efectos.

    AMLO mencionó que daría precios de garantía al maíz, frijol, trigo, soya, arroz, sorgo y productos lácteos. Para analizar su propuesta, modelamos dos escenarios: precios de garantía fijos que otorguen 20% y 50% adicional al productor con respecto al precio actual de estos productos (equivalente al precio internacional de los mismos más sus costos de transporte).

    En una etapa inicial, todos los productores actúan siguiendo la señal de los precios y producen más. La mayor cantidad ofrecida de producto presiona a la baja los precios en los mercados secundarios. Como todos los productores quieren participar del mercado (y del subsidio), hay una presión a la alza en la renta de la tierra, en el precio de los agroinsumos, en los salarios y en todo lo que se requiere para producir en el campo. En el equilibrio, las utilidades se reducen, y un gran número de productores terminan por salirse del mercado después de un par de años. En el caso del maíz, el modelo predice que terminaríamos produciendo menos.

    En nuestro cálculo, con esos niveles de subsidio, al final la producción de maíz se reduciría entre 69% y 78%. Produciríamos entre la tercera parte y la mitad del trigo que producimos hoy. La producción de vegetales y frutas disminuiría a niveles entre una tercera y una quinta parte de los niveles actuales. Dejaríamos de producir cultivos que hoy son rentables como aguacates, mangos, jitomates, lechugas, y en cambio produciríamos el doble de arroz y entre tres y cinco veces más leche. Para producir más arroz y leche, necesitamos cantidades de agua que no tenemos.

    El vacío tendría que llenarse con importaciones. Nuestro cálculo es que aumentarían entre 78% y 180% las importaciones de maíz, 38% a 85% las de trigo, entre 30% y 93% las de azúcar y entre 2 y 4 veces más las de vegetales y frutas.

    Los precios de garantía también implicarían entre 9% y 26% de incremento en promedio de todos los precios de la economía.

    Finalmente, calculamos el efecto en el PIB de esta política. En el escenario más conservador, el PIB aumentaría en 0.1% a partir de la medida. El efecto en el crecimiento sería casi imperceptible.

    En el escenario agresivo, experimentaríamos una caída en el PIB cercana a -1%. La medida sería contraproducente para el crecimiento nacional.

    Actualmente existe en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) un esquema llamado ingreso objetivo para maíz y otros granos. En la práctica, funciona como un precio de garantía restringido para cierto grupo de productores, con un referente del mercado internacional que se revisa anualmente, equivalente al precio del producto en Estados Unidos más los costos de transporte. Ese programa debería desaparecer, no ampliarse. Los recursos destinados a esa producción ineficiente podrían estar en segmentos de más alto valor agregado.

    Usualmente, los gobiernos que introducen este tipo de políticas tienen que instrumentar otras, como impuestos a los alimentos que pagan los consumidores finales, y cierres a la importación de los productos del campo desde otros países, como ha ocurrido en la Unión Europea. Al final, el esquema acaba perjudicando a los consumidores, productores y gobierno.

    La única forma de crear un campo rentable es invirtiendo en tecnología, en eficiencias en toda la cadena, en instrumentos de mercado como futuros y coberturas para resolver los altibajos estacionales de los precios, y en inteligencia de mercados. Alrededor del 50% de los alimentos se desperdician en la cadena de distribución: si la logística nacional funcionara mejor la comida no se echaría a perder entre el campo y la mesa. Hay que cambiar la regulación para introducir mejores paquetes tecnológicos, incluidas las semillas modificadas genéticamente. Esto puede ayudar a reducir el consumo de pesticidas y agroquímicos, reducir la presión de expansión territorial de la agricultura a costa de bosques y selvas, y mejorar la rentabilidad de la agricultura, sin necesidad de subsidios del gobierno.

    *Esta nota surge de un análisis hecho con el modelo de equilibrio general GTAP, construido precisamente para prever los resultados de una política de este tipo.

    Publicado por Alto Nivel
    20-02-2018

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