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  • ¿Megaproyectos o megaelefantes blancos?

    Autor: Luis Mauricio Torres

    FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

    Luis Mauricio Torres

    Luis Mauricio Torres @MauAlcocer 

    Imagine que en su colonia la nueva mesa directiva propone instalar una tirolesa para que los vecinos puedan desplazarse con mayor facilidad de un lado a otro. A usted le parece una locura, pero los representantes vecinales argumentan que es un proyecto con más prioridad que tapar ese bache resultado de la época de lluvias o reparar las luminarias descompuestas.

    Y no solo eso: se estima que la demanda por ese servicio es tan alta que al cobrar una cuota de recuperación por su uso se generarán beneficios mayores a los costos que serán, bajo la óptica de la mesa, casi imperceptibles.

    Usted, como muchos otros vecinos, cree que no es la mejor manera de gastar los recursos de la colonia. Sin embargo, ya están acostumbrados a este tipo de propuestas con cada cambio de administración.

    En México pasa algo muy similar. Durante el periodo de cambio de gobierno, las nuevas autoridades impulsan proyectos de infraestructura que algunas veces son necesarios, pero en otras ocasiones no tanto.

    Dos proyectos de infraestructura fueron emblemáticos en el sexenio que está por terminar: el Tren Interurbano México-Toluca (TIMT) y el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Sobre el primero existe escepticismo acerca de la magnitud de la utilidad pública de conectar el valle de Toluca con el poniente de la Ciudad de México, en comparación con otras propuestas.

    Además, hacia 2018 los sobrecostos de la obra (iniciada en 2014 sin contar con todos los requerimientos legales ) han hecho que su construcción haya dejado de ser socialmente rentable, de acuerdo con datos del análisis costo-beneficio presentado originalmente por las autoridades.

    El NAIM, por otra parte, es un proyecto prioritario y urgente. Su construcción en Texcoco no está exenta de costos sociales y ambientales, pero sus beneficios potenciales para elevar la conectividad y competitividad del país son enormes. Ambos son ejemplo de que existen propuestas de obras de infraestructura que despiertan dudas y otras que son prioritarias.

    Es momento de repensar el marco legal y administrativo para la planeación y toma de decisiones en materia de megaproyectos.

    El primer paso es evitar, al inicio de cada sexenio, ideas de obras novedosas pero con alto riesgo. En el Reino Unido cuentan con la Infrastructure and Projects Authority (IPA), una agencia encargada de evaluar y dar seguimiento a megaconstrucciones de carácter público.

    Dentro de sus funciones se encuentra la creación de una lista de proyectos prioritarios , previamente analizados y aprobados con una metodología clara. Esta lista define las líneas de acción de mediano plazo en materia de infraestructura, con independencia de los intereses y corazonadas de nuevos gobiernos.

    En México podríamos adoptar un esquema similar para que una agencia autónoma defina objetivamente cuáles son los proyectos prioritarios para un plazo largo de tiempo. Lo anterior cuidando su rentabilidad social e incorporando un análisis costo-beneficio estandarizado que tome en cuenta los riesgos de sobrecostos y retrasos que son comunes en este tipo de obras.

    Un mecanismo de este tipo permitiría también resolver disputas entre las prioridades de la Administración entrante y saliente. El equipo de Andrés Manuel López Obrador ha planteado sus dudas sobre la construcción del NAIM .

    Sin una autoridad independiente que otorgue una opinión técnica sobre la viabilidad y utilidad del proyecto, el debate sobre su cancelación se ha prolongado y generado incertidumbre sobre su futuro. Del mismo modo, el TIMT será heredado a la siguiente Administración que ni lo planeó, ni lo diseñó, pero tendrá que absorber los costos derivados de su implementación: impactos sociales y riesgos potenciales de operación.

    Una autoridad como la IPA permitiría también legitimar proyectos como lo necesita hoy el NAIM. También sería medular para evitar que la falta de planeación merme los beneficios sociales y económicos de otros proyectos como el TIMT.

    Y además, someter al escrutinio técnico propuestas como el Tren Maya. Este último punto apoyado por metodologías de evaluación y análisis costo-beneficio estandarizadas y reglamentadas. La IPA lo hace en Reino Unido mediante su guía Green Book , sobre cómo diseñar, evaluar y monitorear proyectos.

    Las corazonadas, las promesas de campaña y la visión cortoplacista de la administración pública no son los mejores métodos para definir la agenda de infraestructura de un país. Adoptar mejores prácticas internacionales como las de Reino Unido en temas de infraestructura es una idea para considerar.

    La planeación de proyectos en México necesita orden y mejor reglamentación para evitar que los megaproyectos se conviertan en mega elefantes blancos.

    Publicado por Expansión
    25-09-2018

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