El funcionamiento adecuado del sistema de contrataciones públicas de un país es un elemento fundamental en su desarrollo, ya que a través de este se ejercen presupuestos para la construcción de infraestructura y la operación de servicios a los ciudadanos, por lo que su manejo incorrecto puede propiciar riesgos de corrupción y ejecución ineficiente de las contrataciones. En México, CompraNet es el ejemplo de un sistema que nació con las mejores intenciones, pero que se ha quedado corto en el cumplimiento de las exigencias que las contrataciones públicas electrónicas requieren.
Por ello, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) junto con OPI Analytics, llevó a cabo un análisis profundo del sistema electrónico de contrataciones públicas CompraNet, en el que se creó una base de datos con 6 millones de líneas de datos y más de 200 millones de celdas, información proveniente de 9 fuentes distintas, de las cuales CompraNet fue la principal. Esta tarea comprendió la revisión de 700 mil procedimientos de contratación, correspondientes a 2.3 billones de pesos, en el periodo de 2012 a 2017.
En la realización de este estudio se confirmaron las sospechas iniciales: Compranet es un sistema de difícil acceso a la información e insuficiente para llevar a cabo una vigilancia adecuada de los procedimientos de contratación del Gobierno federal. Es también incompleto porque no abarca las tres etapas del ciclo de la contratación pública.
El producto más relevante de la base de datos fue el Índice de Riesgos de Corrupción, el cual evalúa las prácticas de competencia, transparencia e integridad de las Unidades Compradoras[1] (UC) de las dependencias y/o entidades del Gobierno federal para identificar riesgos de corrupción. El propósito principal de este índice es medir los riesgos e identificar las áreas más problemáticas del gobierno federal, mas no la denuncia o exposición de casos de corrupción.
Nuestra fórmula, basada en el trabajo del académico Robert Klitgaard, considera que hay riesgo de corrupción cuando nos enfrentamos a falta de competencia, falta de transparencia y anomalías en el cumplimiento de la ley. Estos tres elementos, junto con el tamaño de las UC, determinaron el riesgo y calificación de estas en el Índice, el cual las ordenó las de acuerdo con su “riesgo-tamaño” y señaló las 500 más riesgosas. Posteriormente, se enlistan las dependencias o entidades federales con la mayor cantidad de UC dentro de las 500 más riesgosas.
Las 10 dependencias o entidades más riesgosas son la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Aeropuertos y Servicios Auxiliares, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Coordinación Nacional de Prospera, Liconsa, S.A de C.V., la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDPI), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Estas concentran 286 UC de las 500 más riesgosas. Las primeras cinco: CFE, ISSSTE, IMSS, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y SCT, representan más de la mitad de todo el gasto correspondiente a las contrataciones públicas en el periodo analizado.
La investigación también permitió el hallazgo de datos generales sobre las contrataciones públicas en nuestro país. Uno de los más alarmantes es el abuso de las excepciones previstas en la Ley de Obra Pública y la Ley de Adquisiciones, en específico la adjudicación directa, dado que el 71% de los contratos obtenidos por las mil empresas más ganadoras fueron otorgados por esta vía entre el 2012 y el 2017 (Gráfica 1).
También se encontró que, el gasto está altamente concentrado en pocos proveedores: de las 129 mil 411 empresas distintas que han ganado un procedimiento de contratación, las primeras 30 (0.02%) representan el 20.8% del total de montos asignados. Los primeros 2 mil 512 (1.9%), ostentan el 80% del monto total asignado (Gráfica 2).
Este es el panorama general que ilustra la crisis de la contratación pública en nuestro país. El riesgo de corrupción es alarmante y no existe una tendencia que pueda sugerir un cambio en las prácticas que se han presumido, y ahora expuesto, del Gobierno Federal. La falta de competencia y la falta de transparencia son la norma, además de existir una preocupante y pobre rendición de cuentas.
Por ello, el IMCO propone:
- Crear una nueva Ley de Obra y de Adquisiciones, que limite la adjudicación directa de manera adecuada.
- Rediseñar CompraNet de manera integral para garantizar que verdaderamente sea una plataforma transaccional y vigile todo el proceso: planeación, licitación, ejecución.
- Reafirmar la capacidad de la Secretaría de la Función Pública como órgano de control y vigilancia.
Si de verdad pretendemos utilizar el gasto público como potenciador de nuestro desarrollo, la tarea empieza por aquí.
Publicado por Animal Político
13-03-2018
