Inicio | Prometer no empobrece, pero… ¿y si la promesa es pobre?

  • Prometer no empobrece, pero… ¿y si la promesa es pobre?

    Autor: Arturo Piñeiro

    Foto: Paola Hidalgo / Cuartoscuro.com

    Arturo Piñeiro

    Arturo Piñeiro | @ArturoPineiro

    Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir“.

    Francisco de Quevedo y Villegas

    El 22 de abril se llevó a cabo el primer debate presidencial, en el que se abordó uno de los temas que más nos importan a los mexicanos: la seguridad física y patrimonial.

    La desconfianza ciudadana, la inseguridad, la corrupción y la impunidad han aumentado en México por diferentes razones: la falta de una visión sistémica e integral de seguridad y justicia que abarque desde la prevención del delito, hasta la reinserción del sentenciado. La falta de mecanismos eficientes de conexión e interrelación entre instituciones. El uso irracional del derecho penal como bastión para terminar con el fenómeno, así como la inadecuada e ineficaz implementación de políticas públicas.

    De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre SeguridadPública 2017 (Envipe), en la actualidad 9 de cada 10 delitos que se cometen en México no son denunciados. La percepción ciudadana de inseguridad alcanza al 74% de la población y el costo de la inseguridad y el delito en hogares representó 229 mil millones de pesos. Ocupamos el lugar 105 de 113 países en justicia penal y tenemos el peor índicede impunidad de Latinoamérica, incluso por encima de Nicaragua, Honduras o El Salvador. Además, el 43% de la población recluida espera por sentencia más de dos años.

    A pesar de esta situación, los candidatos a la Presidencia de la República no han enviado un mensaje contundente sobre cómo atenderán estos desafíos en materia de seguridad, procuración y administración de justicia.

    Algunas de las propuestas que organizaciones de la sociedad civil han discutido para resolver los retos en seguridad son[i]:

    Seguridad y procuración de justicia:

    · Impulsar la reforma al Artículo 102 constitucional para contar con un organismo investigador de delitos autónomo y ajeno a intereses partidistas o políticos.

    · Reformar el Artículo 123 apartado B, fracción XIII constitucional, para que los policías, peritos y ministerios públicos cuenten con las garantías necesarias de reingreso en su función si fueron injustamente separados del cargo.

    · Las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia deberán fortalecer sus esquemas de rendición de cuentas y transparencia, con el objetivo de que la ciudadanía se vuelva observador y evaluador.

    · Contar con un Servicio Civil de Carrera integral y funcional que contribuya al desarrollo personal y profesional.

    · Fortalecer las capacidades teóricas y técnicas de estas instituciones para disminuir los errores o actos negligentes en pongan en riesgo  la ejecución del trabajo.

    · Implementar consejos o auditorias ciudadanos que puedan vigilar y medir la calidad en el funcionamiento de los sistemas de seguridad y procuración de justicia.

    · Mejorar los mecanismos de conexión interinstitucional entre los tres órdenes de Gobierno que ayuden en la búsqueda, investigación y combate a la delincuencia.

    · Continuar impulsando la disminución en la operación de las fuerzas armadas, la reintegración a sus cuarteles con sustanciales políticas de mejoramiento en el sistema de seguridad pública estatal y municipal.

    · Usar la inteligencia policial para prevenir y combatir el fenómeno delincuencial.

    · Contar con una política criminal con ejes de entendimiento sobre los factores de origen, riesgo y solución de la criminalidad.

    · Entrelazar el vínculo entre ciudadanos y autoridades que ayude a entender las causas del fenómeno criminógeno de una forma regionalizada o focalizada (prevención del delito-proximidad social).

    Procuración y administración de justicia:

    · Reforzar y medir el uso de los medios alternativos de solución de conflictos, y las formas de terminación anticipada al proceso.

    · Contar con un sistema de ejecución de sanciones y de reinserción social eficaz, eficiente y medible.

    A pesar de contar con evidencia documentada[ii] que explican muchas de las razones por las que no se han podido avanzar en materia en seguridad y procuración de justicia, las propuestas de los candidatos presidenciales en este primer debate se limitaron a lo siguiente:

    Jaime Rodríguez Calderon

    • Implementar a nivel nacional el COMPSTAT herramienta de análisis de información y perspectiva de políticas públicas encaminadas a mejorar la prevención y seguridad.
    • Contar con una Policía Cibernética.
    • Militarizar la educación media superior.

    Margarita Zavala Gómez del Campo 

    • Crear una Secretaría de Seguridad Ciudadana.
    • Fortalecer a la Policía.
    • Aumentar las capacidades institucionales mediante el uso de la tecnología.
    • Permitir la intervención de los tres órdenes de Gobierno en lugares en conflicto, como sucedió en Ciudad Juárez, Chihuahua.
    • Combatir el feminicidio y la trata de personas.
    • Reparar el daño a las víctimas.
    • Eliminar la violencia a los menores.
    • Manejar valores familiares.

    Ricardo Anaya Cortés

    • Duplicar el número de agentes federales.
    • Implementar la certificación policial.
    • La continua acción de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública.
    • Desmantelar al crimen organizado en su totalidad.
    • A favor de la reforma al Artículo 102 Constitucional con respecto a la autonomía de la Fiscalía General de la República.
    • Aumentar las capacidades institucionales mediante el uso de la tecnología.
    • Prevención del delito y su disuasión.
    • Atender las causas de la inseguridad y del delito.

    Andrés Manuel López Obrador

    • Mejorar las condiciones económicas del país.
    • Atender las causas de la inseguridad y del delito.
    • Elaborar un plan para definir la Amnistía.
    • Generar empleo a los jóvenes.

    José Antonio Meade Kuribreña

    • Plan de 100 días para disminuir la impunidad.
    • Prevención del delito y su disuasión.
    • Controlar el tráfico de armas.
    • Establecer un Código Penal Único.
    • Cuadruplicar la capacidad de investigación.
    • Instaurar agencias de investigación especializada en robos y homicidios.
    • La no despenalización de las drogas en su totalidad.
    • Fortalecer a la Policía.

    [1] Aunque algunas propuestas coinciden[2]  de manera genérica con las ya discutidas y necesarias desde hace tiempo, todavía son pobres, austeras, poco sensibles, añejas y viciadas. Además de adolecer de la famosa pregunta: ¿Cómo las materializamos? Por lo tanto, observamos que la maquinaria gubernamental que se renovará por seis años continúa demostrado que el aceite a utilizar será el mismo. Eso condena nuevamente al fracaso un problema de seguridad, procuración y administración de justicia que sufre todavía de adecuados diagnósticos, componentes viables, objetivos y un sustento claro.

    Publicado por La Silla Rota
    07-05-2018

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