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    Autor: Juan E. Pardinas

    Juan E. Pardinas

    Juan E. Pardinas @JEPardinas

    FB @JEPardinas 

    No tengo idea quién será el próximo presidente de México, pero el siguiente encargado de la Secretaría de la Función Pública debería ser un algoritmo. La frase con la que inicia este artículo puede ser una desmesura, sin embargo, la tecnología es una de las armas más poderosas para enfrentar la corrupción. Compranet, la plataforma digital de compras públicas del gobierno federal, es como una videocasetera VHS que sobrevivió a la era de Netflix.

    En el lenguaje de la programación para computadoras, un algoritmo es una secuencia de pasos u operaciones que permite hallar una solución a un problema. El IMCO y la empresa OPI Analytics programaron una serie de algoritmos para extraer información sobre nueve bases de datos distintas que no se comunicaban entre sí. Toda la información es pública, pero si un ser humano hubiera intentado construir esta base tecleando manualmente más de 200 millones de datos, no le hubiera alcanzado la vida entera para acabar con la tarea. Los robots o algoritmos de programación pudieron hacer este trabajo en pocos meses.

    Las bases de datos que no son interoperables, que no dialogan entre sí, son un desperdicio monumental para acotar espacios a la impunidad. Si las bases de proveedores potenciales del gobierno no están cruzadas con la información del SAT, es posible que una empresa sin RFC acabe ganando contratos y evadiendo impuestos. Si las bases de empresas sancionadas por una Secretaría no se cruzan con otras dependencias de gobierno, es posible que una compañía con una tradición de incumplimiento de contratos siga ganando licitaciones. A veces se pueden lograr transformaciones radicales simplemente haciendo cosas que parecen bastante obvias, pero nadie las había ejecutado antes.

    La base de datos construida por IMCO y OPI Analytics contiene 700 mil procedimientos de contrataciones públicas federales realizados por mil 537 Unidades Compradoras entre 2012 y 2017. En dinero, esto representa cerca del 10% del gasto público de ese periodo. El profesor de la Universidad de Harvard Robert Klitgaard realizó una fórmula muy sencilla para definir uno de los problemas más graves de México: Corrupción= Monopolio+discrecionalidad-rendición de cuentas. A partir de esta fórmula y la base de datos gigantesca, Max Kaiser, director anticorrupción del IMCO, ideó un Índice de riesgos de corrupción en los procesos de contrataciones públicas. Este Índice podría funcionar como una brújula de prioridades en el trabajo de fiscalización, tanto de la Secretaría de la Función Pública como de la Auditoría Superior de la Federación.

    Al día siguiente de la presentación del estudio, un grupo de empresarios de Quintana Roo le propuso al IMCO replicar la investigación en su entidad. Desgraciadamente esto es imposible. Cada estado tiene su propia legislación de compras públicas y no existen sistemas de bases de datos que permitan hacer análisis de procedimientos como ocurre a nivel federal. En algunos estados apenas se empiezan a dar pasos para abandonar los archivos de papel de compras públicas y dar paso al uso de plataformas digitales. El incendio que mató a 49 niños en la guardería ABC de Hermosillo, en el 2009, ocurrió en una bodega de papel del gobierno estatal. Los archivos en papel son un legado arcaico del siglo pasado que dificultan los trabajos de auditoría y facilitan la opacidad.

    Una meta para el próximo sexenio sería desaparecer los 32 sistemas de compras públicas estatales y crear una plataforma nacional digital para el uso de todos los niveles de gobierno. Esto requiere crear un cambio constitucional y una Ley General de Compras Públicas. La tecnología está ahí lista a la espera de tener las leyes y la voluntad política para enfrentar la infección que está pudriendo a México. Si se hubiera querido, se hubiera podido.

    Publicado por Reforma
    12-03-2018

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