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Tolerancia

Existen dos tipos de tolerancia. Una buena que debe fomentarse y una mala que debe erradicarse. La buena se refiere al respeto a la diversidad, a las ideas, creencias y conductas que son diferentes o contrarias a las propias siempre y cuando no atenten contra los derechos de terceros. La deben practicar los individuos y las autoridades. La tolerancia es fundamento de la democracia, de la gobernabilidad y de la convivencia pacífica.

La mala se refiere a la pasividad, la resignación o el “aguante” frente a comportamientos que atentan contra la ley o contra los derechos de los demás. La flexibilidad frente a conductas ilegales es muestra de debilidad o flaqueza del Estado y da al traste con la gobernabilidad.
La primera hay que propiciarla entre la ciudadanía, la segunda exigirla a las autoridades.
En México tenemos poco de la primera y mucho de la segunda. La peor combinación posible.
Las encuestas dicen que los mexicanos somos muy intolerantes frente al prójimo. No nos gusta vivir bajo el mismo techo ni trabajar en el mismo lugar que un homosexual, alguien que profesa una religión diferente, una persona que usa tatuajes, que haya contraído VIH o, incluso, que tenga ideas políticas distintas a las nuestras. Esta intolerancia conduce a la discordia, a la marginación y a la exclusión.
Como bien dice la Declaración de Principios sobre la Tolerancia de la UNESCO, “practicar la tolerancia no significa renunciar a las convicciones personales ni atemperarlas. Significa que toda persona es libre de adherirse a sus convicciones individuales y aceptar que los demás se adhieran a las suyas propias. Significa aceptar el hecho de que los seres humanos, naturalmente caracterizados por la diversidad de su aspecto, su situación, su forma de expresarse, su comportamiento y sus valores, tienen derecho a vivir en paz y a ser como son”.
Pero las encuestas también dicen que somos tolerantes, pasivos o resignados frente a la violación de la ley, a la corrupción, al incumplimiento de nuestras obligaciones fiscales o al abuso de las autoridades.
Lo mismo ocurre con los gobiernos. Son poco tolerantes frente al adversario cuando compiten con él, pero cuando tienen una parcela de poder rebosan en tolerancia frente al abuso, los privilegios, las excepciones o la impunidad.
Para el Estado y los gobiernos, la tolerancia a la diversidad individual, social y política es una obligación política, pero también lo es la intolerancia frente a quien transgrede la ley. Con la democracia y pluralidad se ha ganado terreno en tolerancia individual. Hoy tenemos más derechos fundamentales que protegen las diferencias y la diversidad, pero poco se ha avanzado en la intolerancia a la ilegalidad. La tolerancia política y social requiere validar mis derechos, pero nunca a costa de conductas que avasallan los derechos de los demás.
La ley no se negocia dicen todos los que llegan al poder y adquieren facultades para ejercerlo. Nunca ha pasado de ser una frase vacía. Todos los días los gobiernos de todos los colores y sus burocracias negocian la ley. Se negocian los permisos de construcción, las asignaciones de obra pública, las concesiones, los nombramientos, los delitos electorales, las prestaciones, la distribución de recursos, la toma de carreteras, el derecho a la educación, los juicios de procedencia, las sentencias…
De pronto surge la intolerancia. Los gobiernos piensan que alguien se pasó de la raya o que ya no conviene a su proyecto ser tolerante con algún grupo o persona. Entonces vienen los discursos. Pero llegan tarde y mal. Tarde porque a esos grupos o individuos a los que se les permitió o incluso se les incitó a violar la ley se hicieron ricos y poderosos a golpe de estar al margen de la ley. Mal porque se quiere comenzar aplicando la ley con unos, pero no con otros. Se somete a desafuero a López Obrador por un delito que desde luego cometió: el desacato a una orden judicial. Pero por qué de pronto por ese delito y por qué a él todo el peso de la ley. Lo mismo ocurre del otro lado. López Obrador fustiga a la mafia del poder y señala a quienes tienen privilegios al margen de la ley. Pero nunca pidió la misma justicia para Ponce su secretario de Finanzas, ni para Bejarano su exsecretario de Finanzas, ni para Carlos Imaz su delegado en Tlalpan quien fue videograbado recibiendo 350 mil pesos en efectivo. Este último reconoció haber recibido aportaciones económicas de Carlos Ahumada para su campaña y para la de Rosario Robles a la Jefatura de Gobierno del D.F. Los recursos eran de procedencia ilícita, pero eran para fines nobles: para las llamadas brigadas caza-mapaches o de defensa del voto perredista. Eso lo justifica todo. Igual le ocurre al PAN que no coadyuva con la investigación al exgobernador Padrés, pero pide y ofrece el encarcelamiento de Javier Duarte.
La tolerancia ha sido tan generalizada y tan sistémica que hoy los gobiernos no tienen legitimidad para ser intolerantes frente a quien transgrede. Ése es el problema de nuestro país. Nadie puede tirar la primera piedra sin que lo surtan a pedradas.
Publicado por Excélsior
10-08-2016