Artículo

Tres agravios y un amparo

Todos los periódicos y noticieros tienen equipos de reporteros asignados para cubrir los distintos manantiales de información: la fuente de Presidencia, la legislativa o la de ciudad. Con frecuencia creo que debería de haber un reportero asignado a cubrir el Diario Oficial de la Federación (DOF). En este periódico, los tres poderes de la Unión publican leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y otros documentos de insufrible lectura. Sin embargo, a pesar de su prosa árida, en el DOF hay más goles que en la sección de deportes, más rudeza que en la sección policial y más obscenidades que en una columna de albures.

Justo en este periódico, el 5 de diciembre de 2008, el entonces presidente Felipe Calderón publicó una generosa ofrenda fiscal para gobernadores y presidentes municipales. Gracias a este obsequio, envuelto en papel de decreto, las autoridades estatales y los ayuntamientos no recibirían el trato de vulgares contribuyentes cautivos, sino que serían ascendidos a una casta VIP. Desde su nueva condición de superioridad, las autoridades locales no tendrían que molestarse con esa monserga periódica que implica cumplir con sus obligaciones tributarias.

Un mediano empresario, que acaba de vender su compañía, me decía esta semana: “Me liberé al vender el negocio, ya no tengo que sufrir insomnios por el dilema de pagar nómina o pagar impuestos”. Gracias al regalo de Calderón, muchos gobernadores y ediles no tuvieron que padecer esta angustiosa disyuntiva. Entre 2009 y 2011, las entidades que suscribieran convenios con Hacienda podrían recibir deducciones del 60 al 10%, por el ISR que generan sus trabajadores y ellos deben entregar al SAT como empleadores. Los gobernadores y alcaldes obtuvieron licencia para embolsarse los impuestos de sus empleados. Esto constituye la materia prima del primer agravio.

La segunda ofensa es la falta de transparencia sobre el negocio de las exenciones fiscales. Hasta el día de hoy los convenios firmados entre SHCP y los gobiernos locales no son públicos, por lo cual es imposible saber quiénes aprovecharon la generosidad de aquel decreto presidencial. El SAT reportó que hay 368 convenios firmados para 2009 y 2010, la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP sostiene que son 669 y la ASF 651. Sobre las cifras, los datos disponibles tampoco son muy claros. En el Presupuesto de Gastos Fiscales de la SHCP, no se explica si los datos de 2012 incluyen la suma del dinero de los años anteriores. Por lo cual no se sabe si el descuento a los estados fue por 4 mil 900 o 9 mil millones de pesos. Sea cual sea el precio en la etiqueta del regalo, los contribuyentes de segunda categoría tendremos que cubrir el saldo por la factura.

La generosidad del obsequio de 2008 no fue suficiente para saciar la necesidad de privilegios fiscales de ediles y gobernadores. Así que a fines de 2012, el Congreso federal les otorgó un borrón y reintegro. Todo parece indicar que hubo estados y ayuntamientos que no cumplieron sus obligaciones tributarias, ni si quiera con las deducciones y facilidades otorgadas. Por ello ahora se les concedió una nueva amnistía impositiva sobre los saldos pendientes de pagar y una deducción adicional para 2013 y 2014. El decreto de 2008 afirma textual que su objetivo era “lograr una solución definitiva e integral de la problemática en cuestión”. Evidencia sobra para afirmar que el problema de la sustentabilidad y opacidad de las finanzas subnacionales sigue y seguirá vigente, mientras las instituciones y los ciudadanos no hagamos algo para frenar la impunidad.

Por este motivo un grupo de contribuyentes hemos presentado un amparo contra los privilegios fiscales otorgados por el Congreso a estados y municipios, mediante la Ley de Ingresos de 2013. Confiamos en que el Poder Judicial reconocerá la legitimidad de una demanda sobre un acto de autoridad, que perjudica tanto a un grupo específico de contribuyentes como al interés colectivo de los mexicanos.

Twitter: @jepardinas