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El tribunal de las dudas

*Las opiniones expresadas en esta columna son personales.

Para funcionar y subsistir, toda democracia necesita ciertos niveles mínimos de vergüenza. Estas dosis elementales de pudor son riendas y frenos que contienen las acciones de individuos e instituciones. El pudor y la vergüenza son criterios subjetivos que difícilmente se pueden codificar en una norma jurídica de aplicación general. Una ley es una aproximación de las expectativas de conducta de los ciudadanos y las autoridades. ¿Qué sucede cuando el Tribunal encargado de interpretar la ley electoral se vuelve un motivo de vergüenza? ¿Qué le depara a una democracia si los magistrados que deben calificar y dotar de certeza a la elección presidencial se convierten en un catalizador de sospechas? La sentencia que resucitó al Bronco ha validado las trampas como un método para obtener un espacio en la boleta presidencial.

Una canción de Paul Simon cuenta que hay más de 50 maneras de abandonar a un amante. La mayoría de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos demostraron que hay distintas rutas para enviar al diablo a las instituciones.

El socavón de la desconfianza donde se encuentra el TEPJF no se abrió súbitamente la semana pasada. Ese agujero es una contrahechura que se empezó a perforar desde hace dos años, con la activa contribución de los poderes de la Unión.

En octubre de 2016, el Senado se abocó a la tarea de nombrar a los siete magistrados que integran al TEPJF. Una vez designados, los senadores decidieron ampliarles el plazo de permanencia en el cargo a cuatro de ellos. A los dos magistrados que originalmente fueron aprobados por tres años se les dio una extensión a siete. El otro par de juzgadores pasó de seis a ocho años. Los cuatro beneficiarios del pilón añadido a sus plazos tendrán la mayúscula responsabilidad de calificar la validez de las elecciones presidenciales de 2018.

Si se quería dar un mayor horizonte de continuidad institucional al trabajo del Tribunal, lo más aseado y conveniente hubiera sido cambiar primero la Ley Orgánica y luego designar a los favorecidos con la extensión del periodo. El orden de los factores sí afecta la pulcritud de los procesos o el cochinero de las cosas. La aplicación retroactiva de la ley suena como una aberración jurídica. Esta reforma se aprobó, al vapor, cuando estos magistrados ya habían protestado sus cargos ante el Senado por los periodos originales. En una apretada votación de 6 a 5, la Suprema Corte avaló este desaseado proceso de reforma y aplicación retroactiva de la norma.

Los magistrados electorales beneficiados por el enredo tuvieron que protestar dos veces, primero para asumir el cargo y después por el tiempo de compensación que les regalaron los partidos en el Congreso. Tres de los cuatro magistrados que recibieron la ampliación de su plazo, con beneplácito del Congreso y la Corte, se hicieron de la vista gorda frente a las trampas que usó El Bronco para obtener las firmas. Ya hay voces que piden juicio político en contra de los integrantes de este tribunal de suspicacias.

La credibilidad de este órgano era uno de los asideros de la gobernabilidad el día de la elección y, sobre todo, en los días y semanas subsecuentes. El infierno de las instituciones no es un incendio remoto, enardecido por la retórica de un demagogo en campaña. En la Divina Comedia, el averno imaginado por Dante es una espiral con nueve círculos. Con decisiones como las que arriba se describen, algunas instituciones mexicanas ya van más abajo del primer sótano. En otro orden de infiernos, esta semana la Cámara de Diputados avaló la llamada Ley Chayote que legaliza el uso del presupuesto del gobierno para comprar la subordinación de los medios de comunicación. Sobre ese paisaje de instituciones erosionadas, con la prensa dependiente del dinero público y los contrapesos debilitados, Andrés Manuel López Obrador va en primer lugar de las encuestas.

Publicado por Reforma
08-04-2018