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¡Vaya semanita!

La última semana de campaña fue tremenda y reveló la degradación del sistema político actual:
*Un contingente del crimen organizado asesinó al candidato del PRI para el gobierno de Tamaulipas. Su victoria en los comicios estaba asegurada; por ello, estamos hablando de un caso de magnicidio. Con él murieron varios miembros de su equipo de campaña, que seguramente hubieran ocupado puestos en el gobierno entrante, y parte de su cuerpo de seguridad.
*En Sinaloa, alguien atacó la oficina del candidato del PRI para el gobierno del Estado. Afortunadamente, no hubo muertos, pero el mensaje al candidato fue muy claro: el atentado podría haber sido contra el gobernador electo.
*En Hidalgo, la candidata de la coalición del PAN, fue acosada por policías y patrulleros que son parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Estos la seguían a todas partes sin su consentimiento, aparentemente para amedrentarla.
*En Puebla, la campaña sucia subió de tono. Los principales candidatos contendientes para el gobernar el Estado se descalificaron mutuamente: Uno acusó al otro de usar los recursos del gobierno estatal para comprar votos; el otro fue víctima de una grosera campaña de rumores que aquí no voy a repetir.
*En Veracruz, los principales partidos perseveraron en la guerra sucia electoral. Las acusaciones y contra-acusaciones entre los candidatos del PRI y el PAN siguieron en el mismo tono. Los dos equipos de campaña se acusan de delitos: Unos aprovecharon grabaciones ilícitas de llamadas del gobernador del Estado para “probar” que se estaban desviando recursos estatales para apoyar al candidato tricolor; los otros se defendieron haciendo pública su sospecha que detrás de las grabaciones están las fuerzas de seguridad del gobierno federal.
*En Oaxaca, las dos coaliciones contendientes se dieron hasta por debajo de la lengua. Van y vienen las acusaciones de apoyos de campaña ilícitos, de mano negra en el conteo de los votos y de delitos electorales de todo tipo.
*También se acusó al Presidente de intervenir ilegítimamente en los comicios. Los líderes del tricolor lo acusaron de usar el asesinato del candidato tamaulipeco para fines políticos; también cuestionaron que se hiciera pública la eliminación del impuesto de tenencia y que se difundiera información sobre la generación de empleos en fechas próximas a las elecciones. La misma crítica se hizo sobre el anuncio de SHCP respecto de la simplificación administrativa para el pago de impuestos federales.
*La suspicacia partidista tocó a personajes que no participan directamente en las elecciones: El comentario desafortunado del Secretario de Gobernación sobre los “tontos útiles” que defienden los derechos humanos, se partidizó instantáneamente. Lo mismo sucedió con la instrucción de la Suprema Corte de liberar a los líderes del movimiento de Atenco. Muchos interpretaron esta decisión como parte de una guerra sucia contra el Gobernador Peña Nieto, de cara a las elecciones de 2012.

¿Quién ganó con todos estos escándalos? Estoy seguro que los líderes de los partidos piensan que los resultados del domingo justifican todo lo que hicieron durante las campañas. Los líderes de las coaliciones que derrotaron al PRI en Oaxaca, Puebla y Sinaloa seguramente están orgullosos de los resultados que obtuvieron. Y me imagino que lo mismo piensan los líderes del tricolor, que han de estar felices con los resultados que obtuvieron en los demás Estados en que hubo elecciones. Todos parecen coincidir en una versión invertida de la famosa frase de von Clausewitz que dice “la política es la continuación de la guerra por otros medios”. Pero se equivocan.

El faccionalismo y las conductas extremas que todos los partidos exhibieron en estas elecciones debilitaron al Estado mexicano y lo están llevando hacia el precipicio. La distancia entre las conductas tramposas y odiosas y la violencia política es muy corta.

Los hechos recientes refuerzan la hipótesis de que el crimen organizado ya está participando en la política, y no me refiero solo a los actos de violencia de los últimos días: Un ex-gobernador de Quintana Roo fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentará juicio por su participación en el narcotráfico. El candidato de la coalición del PRD en ese mismo Estado fue arrestado y enfrenta cargos federales, también relacionados con el narco-tráfico. Y no hay que olvidar que Fernández de Ceballos sigue secuestrado. La hipótesis de que su desaparición tuvo fines políticos se fortalece con cada día que pasa.

Quien no se preocupe por lo que está pasando en México es un débil mental. Cuando se combina el faccionalismo político con el crimen organizado se está ante el caso de un Estado fallido.

Roberto Newell G. es Economista y Director General del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Las opiniones en esta columna son personales.