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Violencia y crisis de datos

FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

Una de las principales funciones del Estado moderno es generar condiciones de certidumbre en la seguridad de la ciudadanía y de su patrimonio. Bajo esas condiciones, tendremos mayores posibilidades de desarrollarnos en nuestras actividades cotidianas y contribuir al desarrollo del país.
El próximo 16 de junio cumplirá tres años la entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal (SJP) que, a decir del esfuerzo institucional durante ocho años y un gasto de miles de millones de pesos, no ha generado los resultados esperados. Se trató de una reforma innovadora que cambió el paradigma de justicia penal en México pero que, a pesar de la transformación y actualización sistémica del modelo de procuración de justicia, el país hoy no se encuentra ni cerca de las condiciones de certidumbre que se esperaba. Tan solo basta mencionar que, en 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó que murieron 33 mil 341 personas por el delito de homicidio doloso (intencional), un promedio de 91.3 muertes al día.
Lo anterior refleja que, ante esas cifras inusitadas, México actualmente lidia con uno de los principales retos de su historia: contener niveles de violencia que han generado consecuencias comparables a las de una guerra. A modo de referencia, se estima que durante la intervención estadounidense (1846-1848) fallecieron 25 mil mexicanos, mientras que en la Guerra de Reforma (1857-1861) ocasionó 8 mil decesos.
En medio de esta crisis, también es importante poner a discusión los retos que enfrentan los datos con que se miden los niveles de violencia, pues son insuficientes para explicar las dificultades que hoy enfrenta el SJP. Hoy en día, los datos carecen de poder explicativo y sólo reflejan las consecuencias de un problema que cada año se agrava más (número de homicidios), pero no sus causas o qué incentivos permiten que sucedan.
El reto es mayúsculo. Para atenderlo se deberá encontrar un punto entre la medición de los objetivos a alcanzar y la factibilidad de obtener resultados óptimos, considerando la restricción presupuestal, la falta de capacitación al capital humano y la voluntad política de las autoridades. Es así como los tres niveles de gobierno deberán atender la crisis de datos que actualmente enfrentan todas las áreas encargadas de prevenir y contener la violencia en el país.
En caso de no hacerlo, la justicia mexicana seguirá expuesta a la falta de legitimidad, incertidumbre, impunidad, discrecionalidad y opacidad que no dejarán otro camino a los tomadores de decisiones más que seguir aplicando soluciones paliativas de contención y reportando homicidios intencionados, pero sin contar con datos y evidencia de lo que realmente necesita México para superar esta crisis que está poniendo en riesgo parte de su desarrollo.
Publicado por Milenio
06-06-2019