Ricardo Corona| @RichCorona

Arturo Piñeiro | @ArturoPineiro

“El último grado de la perversidad es
hacer servir las leyes para la injusticia”.

François-Marie Arouet (Voltaire)

Más allá de la percepción

La ciudadanía percibe la calidad de las tareas del Estado a partir de la calidad de su funcionamiento, de cómo se prestan los servicios; sin embargo, algunas son más cercanas en su día a día. Una de ellas es la de seguridad pública. En la última encuesta de percepción del desempeño en la seguridad pública, procuración y administración de justicia (ENVIPE-2016), la Policía Federal, Estatal, Preventiva Municipal y de Tránsito obtuvieron los niveles de confianza ciudadana más bajos. En promedio tienen un nivel de 53.6 % de aceptación respecto a instituciones como la Marina o el Ejército que cuentan con un nivel promedio de 85.9 %[1].

Los datos obtenidos en la encuesta son consecuencia de problemas que se deben analizar más allá de la percepción. Se deben revisar sus causas, ya que cuando los salarios, las capacitaciones, prestaciones e infraestructura son nulas o deficientes, y hay una cultura de moches sustentada en servidores públicos motivados por el perverso incentivo monetario de detenciones o multas de tránsito fuera de la ley, los exámenes de control de confianza que violan derechos humanos de policías o se utilizan para removerlos de sus cargos sin profundizar en el problema sustantivo ponen en evidencia lo débil que hoy se encuentra nuestra seguridad pública.

La paradoja de la confianza ciudadana

La seguridad pública es uno de los eslabones más débiles en la procuración e impartición de justicia, lo cual motivó una opción que de facto ha resultado ser un elemento de contención eficaz ante el fenómeno de la inseguridad y de aceptación ciudadana; es decir, la participación de las fuerzas castrenses en labores de seguridad pública. Sin embargo, con el tiempo no ha sido más que un parche institucional que hizo levantar la ceja a más de uno para preguntarse si lo que se está haciendo con el involucramiento de las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública es lo más adecuado, o si se trata una medida de emergencia en un contexto en el que México se encuentra en el lugar 58 de 59 en impunidad[2] y en el 123 de 176 países en corrupción[3].

A pesar de que las fuerzas militares tienen los más altos niveles de confianza ciudadana, hay por lo menos dos aspectos que se deben resaltar. El primero de ellos es que en algunas entidades se ha puesto en evidencia su efectividad como mecanismos disuasivos y de contención permanentes ante la clara inoperancia, ineficacia y desconexión de las autoridades policiales de carácter civil. El segundo es que se han documentado casos de desapariciones, tortura y ejecuciones a manos de militares. La organización Human Rights Watch (HRW), en su capítulo dedicado a México, estableció que hasta julio de 2016 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió alrededor de 10 mil denuncias, dos mil que corresponden al gobierno actual y 100 casos del total considerados graves cometidos por militares[4].

Sin embargo, más allá de esos aspectos que no favorecen a los militares, la confianza ciudadana ha motivado un razonamiento contraintuitivo y preocupante, pues a pesar de las violaciones que pudieran cometer los militares o lo disfuncional que pueda ser para la seguridad pública, la ciudadanía prefiere eso a cambio de sentir seguridad y certeza de la contundencia que conlleva el uso de la fuerza para contener los riesgos en su seguridad personal y patrimonial.

 Regular a los que sí hacen lo que otros no

Desde finales del año pasado y con el argumento de la necesidad de contar con un marco legal que regularice la presencia de las fuerzas militares, el Congreso se encuentra discutiendo diversas iniciativas para aprobar una Ley de Seguridad Interior, normativa que intenta dotarlas de facultades de prevención, detención e investigación de delito. Sin embargo, no hay un diagnóstico empírico adecuado, ni un análisis profundo que demuestre que ésta es la mejor solución al grave problema de inseguridad en el país. Dicha propuesta no es sino consecuencia de gobiernos estatales timoratos e irresponsables que han preferido dejar en manos de la Federación una obligación intrínseca a ellos: brindar el servicio de seguridad pública a sus ciudadanos.

La razón de cuestionar esa iniciativa radica en que las fuerzas armadas han coadyuvado con instancias civiles para combatir, auxiliar e intervenir en temas de narcotráfico, siembra o cultivos ilícitos, ejercer funciones de seguridad pública tanto en entidades como en municipios o participar ante desastres naturales durante décadas, así que será conveniente preguntarle a los legisladores si después de esa labor permanente debe existir una norma que rija la función de las instituciones militares del país para insertarla en una función que no está en su ADN institucional y hagan lo que a otros les corresponde.

El Poder Judicial expuso en las jurisprudencias P. /J. 38/2000[5] y P. /J. 37/2000[6], respectivamente, que la participación de las Fuerzas Amadas en auxilio de las autoridades civiles de seguridad pública es considerado constitucional. Asimismo, que el presidente de la República tiene la facultad para ordenar el despliegue de dichas fuerzas de manera subsidiaria, temporal y con pleno respeto a las garantías individuales (ahora derechos humanos) a fin de salvaguardar la seguridad interior del país.

¿Cuál es entonces la lógica de nuestros representantes en el Congreso de la Unión para atacar el problema de inseguridad en México? ¿Terminar o aminorar el fenómeno por la vía del plumazo? ¿La continua presión institucional, mediática y pública de dar resultados? El problema parece estar en el origen, ya que el mapa del legislativo no considera que los hechos delictivos no se atacan desde un enfoque presencial y represivo o de contención, sino desde una visión de proximidad y conciliación.

Varias soluciones para un problema: seguridad pública

Hagamos a un lado a los militares en los que la ciudadanía confía y que cumplan con su digna función de contener riesgos de Estado; mejor abordemos la redignificación de nuestras instituciones policiales para dotarlos de todos los recursos que necesitan para atender de manera eficiente y eficaz los retos que enfrentan en su función y la ciudadanía les pueda exigir así el cumplimiento de su misión. La lógica no debe ser buscar una sola solución legislativa para enfrentar todos los retos que viven las policías de México. Se necesitarán soluciones diversas, según las necesidades de cada policía, para poder cumplir a un solo objetivo: la seguridad pública. Una de las posibles soluciones se llama Ley del Mando Único de Competencias Mixtas y hoy se encuentra en la congeladora legislativa.

[1] http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/doc/envipe2016_presentacion_nacional.pdf, fecha de consulta: 9 de febrero de 2017.

[2] http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/indice-global-de-impunidad-de-mexico-2016-via-udlap/, página consultada: 10 de febrero de 2017

[3] http://expansion.mx/nacional/2017/01/25/mexico-cae-28-lugares-en-el-indice-de-percepcion-de-corrupcion-2016, página consultada: 10 de febrero de 2017

[4] https://www.hrw.org/es/world-report/2017/country-chapters/298379#8c4080, fecha de consulta: 15 de febrero de 2017.

[5] http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2011/CDCISEN/pdf/04-2000%20bis.pdf, fecha de consulta: 14 de febrero de 2017.

[6] http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2011/CDCISEN/pdf/37-2000.pdf, fecha de consulta: 14 de febrero de 2017.

Publicado por Animal Político
22-02-2017