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Ciudad de México, 16 de mayo de 2018.- Un México justo y competitivo se construye con políticas públicas que mejoren la calidad de vida para todos los ciudadanos. Sabemos que existe un largo camino por recorrer para construir una economía de mercado que funcione para todos. Sin embargo, es necesario defender los cimientos de un economía abierta y estable que a lo largo de las recientes décadas hemos logrado construir. Es también necesario abogar por una agenda de política económica, de acuerdo con principios básicos de eficiencia, transparencia, equilibrio fiscal y certeza jurídica para los detonadores de prosperidad. Sin inversión, no hay empleos  En este sentido, hemos identificado seis ejes para avanzar en esa ruta para cambiar a México.

Eliminar subsidios a los combustibles fósiles e incluir instrumentos de mercado para facilitar el combate al cambio climático: organizaciones civiles.
El impuesto al carbono en los combustibles y el Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) deben retomarse por la siguiente administración con mayor coherencia, transparencia y ambición.
Los subsidios energéticos generalizados deben ser eliminados progresivamente y sustituidos por apoyos focalizados a grupos de bajos ingresos y políticas de Estado que promuevan energías renovables

• Necesario articular la gestión de los tres niveles de gobierno para lograr cambios tangibles en la movilidad y mejorar la calidad de vida en las ciudades.
• Urge evitar las 16 mil muertes por hechos de tránsito, las 20 mil asociadas a la mala calidad del aire y ofrecer condiciones dignas para los 50 millones de mexicanos que utilizan el transporte público para movilizarse.  
• Organizaciones de la sociedad civil lanzan plataforma para que candidatos a puestos de elección popular suscriban y propongan propuestas específicas para mejorar la movilidad en nuestras ciudades. Serán evaluados.
• Llaman a dar continuidad y acelerar los avances de la CDMX de los últimos 15 años. El reto sigue siendo enorme.

Ciudad de México, 26 de abril de 2018.- Más de 300 organizaciones civiles, académicas, empresariales y colectivos de víctimas coincidimos en que, por encimas de nuestras diferencias ideológicas, políticas, o nuestros contextos sociales y culturales, es una prioridad transformar la Procuraduría General de la República (PGR) en una genuina Fiscalía Independiente. Es por ello que externamos nuestra preocupación ante la posible discusión y aprobación de la Ley Orgánica de la próxima Fiscalía General por parte del Senado de la República, sin antes realizar las reformas necesarias al artículo 102 Constitucional para garantizar la autonomía e independencia de la institución.