Prensa

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2017. La Línea 7 del Metrobús, que correrá a lo largo de 15 kilómetros de Indios Verdes a Fuente de Petróleos, con un servicio complementario a Santa Fe, ha generado diferentes posturas entorno a su trazo, en especial en el tramo de Reforma, en donde algunos vecinos de la zona han solicitado su cambio hacia Avenida Chapultepec y Constituyentes.
Ante esta situación, la Comisión de Movilidad de COPARMEX CDMX, ITDP México, WRI México, El Poder del Consumidor, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, Greenpeace, IMCO, Bicitekas, y FUNDAR reiteran la importancia de invertir en transporte público masivo, eficiente, seguro y de calidad, así como su respaldo a los proyectos que beneficien en primer lugar a quienes se mueven todos los días en transporte público en la Ciudad, que desincentiven el uso del auto y contribuyan a mejorar la movilidad y seguridad del resto de los usuarios de la vía.

La Confederación Patronal de la República Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana expresamos nuestro reconocimiento a 18 de los 21 candidatos a gobernador de Coahuila, Estado de México y Nayarit que suscribieron el documento con 11 compromisos que les propusimos para llevar adelante acciones específicas de política pública en contra de la corrupción, en caso de ganar la elección del próximo 4 de junio.
Somos optimistas con el resultado de este primer ejercicio, en el contexto de la lucha frontal que los mexicanos en todo el país llevamos contra dos de los problemas más graves que vivimos: la corrupción y la impunidad.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana informan que la recepción final de los Compromisos Contra la Corrupción por parte de los candidatos a Gobernador de Coahuila, Estado de México y Nayarit quedó finalmente de la siguiente manera:
COAHUILA: Todos los candidatos se comprometieron.

El Núcleo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto, precisamos algunos puntos sobre las comunicaciones que, como respuesta inmediata a nuestra salida del Secretariado Técnico Tripartita (STT) y el Tercer Plan de Acción, emitieron el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

• 11 estados ya tienen la base legal necesaria para continuar con el desarrollo de sus SLA, mientras que 13 aún no tienen una iniciativa de ley
• Campeche, Chihuahua y Tabasco permanecen sin ningún trabajo para iniciar la construcción de sus SLA
• Morelos destacó por su avance de reforma constitucional deficiente a satisfactoria e incluso ya tiene una ley del SLA satisfactoria

Los estados tienen hasta el 18 de julio de 2017 para implementar sus Sistemas Locales Anticorrupción (SLA). El año pasado, la Coparmex, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana diseñamos la Ley Modelo para los SLA, la cual es una adaptación a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y su objetivo es ser una guía simple para las entidades.

• Las organizaciones que trabajan desde hace cinco años con el Gobierno Federal e INAI en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto deciden salirse del proceso de colaboración por falta de condiciones de co-creación y diálogo.
• En México no existen las condiciones para una participación libre y segura de la sociedad civil que permitan avanzar en la agenda de la Alianza para el Gobierno Abierto.
• El espionaje dirigido a defensores de derechos humanos y el incremento súbito de las amenazas a la libertad de expresión aumentan la desconfianza e impiden un diálogo entre pares con el gobierno.
• El núcleo de Sociedad Civil abrirá un expediente a través de la Política de Respuesta que será enviada al Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto.

El Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil destacó la evidencia revelada en un informe técnico elaborado por Citizen Lab con la ayuda de ONG locales de derechos digitales, SocialTic y R3D, y publicada por el periódico The New York Times el pasado 11 de febrero de 2017 acerca de la participación de diferentes oficinas del gobierno mexicano en la vigilancia digital ilegal a por lo menos tres destacados investigadores y defensores de la salud en México.